Hernán Esteban Arbizu, el banquero arrepentido, por Claudio Javier Castelli

( Este artículo lo publiqué en el blog: escaladaperonista.blogspot.com, en Julio de 2013)

El título de esta nota es una contradicción en sí mismo: ¿de qué puede arrepentirse un banquero?. La respuesta rápída es de nada. Porque desde que el ciclo económico del capital financiero desarrollándose sin límites llegó para quedarse, desde la guerra del YOM KIPPUR el 6 octubre del 73, cuando egipcios y sirios cruzaron el Canal de Suez y tomaron los Altos del Golam, ante la respuesta Israelí apoyada por EE.UU, la OPEP (Organización de países exportadores de petroleo), subió el precio del barril, provocando un drenaje inmenso de divisas desde occidente hacia los paises árabes.

Estos países depositaron todos esos excedentes en bancos europeos, en consecuencia había una enorme cantidad de dinero líquido para prestar, esto es el orígen más próximo de la deuda externa argentina, así como del flujo indiscriminado del capital financiero, sin límites, sin referencias a la actividad productiva, y la causa de tasas de ganancias altísimas para los banqueros.

Martínez de Hoz con respaldo estatal de los depósitos, permitió a los bancos cabalgar sobre las siete maravillas del mundo. Después, en los 80, Margarette Thacher, y Ronald Reagan difundieron sus políticas de valorización del capital financiero, que se expandieron por todo el mundo, con el Fondo Monetario Internacional, como mascarón de proa, teniendo en estas pampas, con Menem: la apoteósis final.

Después, el 2001 aquí, la crísis de las hipotecas en Estados Unidos y Europa en 2008; mucho no ha cambiado en el mundo en cuanto al consenso neoliberal, salvo por estas lides latinoamericanas.

Volvamos a la pregunta: ¿de qué puede arrepentirse un banquero?. Y si el que se arrepiente es un alto directivo del JPMorgan para latinoamerica, y acepta haber contribuido a lavar dinero de grandes empresarios entre 2006 y 2008 (de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay). "En el caso de mi empleo en el JPMorgan, nos enfocábamos en lo que se define como sector de "Ultra Altos Recursos", que son mínimos de cuenta 25 millones de dólares líquidos. Cabe aclarar que una persona que tiene 25 mllones de dólares líquidos, tiene un patrimonio de 100 millones de dólares".

Hay otro mundo y otra vida dicen, pero es un poco más cara. A esa porción mínima de habitantes que llevan esa vida más cara, se destinó el trabajo de Arbizu, con pingües ganancias para él.

"Me gustaría decir más o menos cuales son los montos que cada banco administra en el extranjero, de los argentinos: El Citibank, unos veinte mil millones de dólares, el UBS, unos quince mil millones de dólares, el Credit Suisse diez mil millones de dólares, el Santander ocho mil millones de dólares, el Bilbao Vizcaya, unos ocho mil, Goldman Sachs, unos cinco mil , y el JP Morgan, unos seis mil"

Pienso en las villas miserias para ser integradas definitivamente, en las escuelas rurarles perdidas en provincias del país, en los aun muchos excluidos, en la mejor vida que pudieran tener todos ellos, y todos nosotros, con semejantes sumas de dinero.

No ocurre en todos los paises, nuestra oligarquía no tiene banderas, es apátrida, no quiere su país, y saca el dinero fuera del mismo, para jugar a una devaluación."Los gobiernos" dirá.

El Juez Federal del Juzgado Penal N° 12, Dr. Sergio Gabriel Torres se hizo el distraído y en cinco años no lo llamó a declarar, jugando a un pedido de extradicción de los Estados Unidos, por una supuesta estafa menor al JPMorgan, cuando lo que este banco provocó en el país es mucho más grave y dañoso: 6000 millones de dólares lavados en el exterior. El Juez Casanelo sí lo citó.

En la causa del Juez Torres, el Fiscal era Marijuan, que tuvo un inmovilismo mayúsculo.

Se trata siempre de desacreditar al arrepentido que importan los motivos reales de la confesión de Arbizu, lo realmente trascendente son los hechos contados, su forma, sus montos, sus autores, coautores y cómplices.

Siempre digo: en derecho penal y en política, las intenciones últimas quedan para ser juzgadas o analizadas por sacerdotes y psicoanalistas, pero los jueces, fiscales, querellantes no estan para eso.

Binvenido Arbizu al mundo cotidiano, nosotros te damos un agradecimiento por el valor de tus confesiones, si estuvieras en Estados Unidos, seguramente el Estado te contrataría, aquí no se estila hacer. 

Pero Bienvenido y que haya más banqueros arrepentidos como Hernán Esteban Arbizu. Así se empieza a desentrañar la impunidad, a conocer aquello desconocido, que nadie entiende, la matríz de la fuga de divisas y el corazón del delito económico.

SOBRE TURBAS ASESINAS Por Claudio Javier Castelli

Algún día le pregunté a mi padre: ¿para qué servimos los abogados? Mi padre me dio una respuesta muy sabia que todavía me resuelve muchos intríngulis: “Cuando veo actuar a los demás me doy cuenta para que servimos los abogados”. Exacto; si no hubiera tantos conflictos individuales, vecinales, colectivos; exabruptos, rompimientos, incumplimientos; además de intereses por proteger, y la forma utilizada por los legos para resolverlos: no habría tantos abogados.  Entre paréntesis: No conozco ninguno que se muera de hambre.

El tema de esta nota tiene que ver con abogados y más propiamente con el derecho sobre todo el derecho penal. Todo el sistema del derecho penal puede ser entendido como una formidable estructura para evitar la irracionalidad de la venganza privada.

Hay una larga historia desde la venganza tribal de sangre donde el castigo al ofensor se extendía contra toda su familia después La Biblia trató de poner un límite legislando sobre el talión: “ojo por ojo, diente por diente” como popularmente se conoce, y  el cristianismo ante las venganzas de las turbas creó el refugio del infractor en las iglesias dando lugar a lo que después se conoció como Derecho de Asilo.

La constitución de 1853 prohibía la pena de muerte por causas políticas precisamente por las únicas causas que fue utilizada institucionalmente basta recordar: los fusilamientos de la Revolución Libertadora o los crímenes de la dictadura militar. Hoy con la Constitución de 1994 que le da rango constitucional a los Pactos Internacionales como el de San José de Costa Rica sería imposible imponer la pena de Muerte después de un proceso penal.

Estoy seguro que si se le preguntara a la sociedad en consulta popular –inadmisible constitucionalmente por la temática- sobre su aplicación o no, esta le contestaría en su mayoría que sí.

Estados admirados por gran parte de la población acomodada del país como los EE.UU en muchos estados federales la tienen y la aplican de una manera escandalosa: desde el Fiscal hasta los familiares de las víctimas se regodean detrás de un ventanal para ver al criminal en el patíbulo agonizante.

Curiosamente un país donde los cultos religiosos son extendidos olvida uno de los principales mandamientos dados por Dios a los hombres: “NO MATARAS”(Exodo 20:13).

Frecuentemente quienes propician mano dura para la inseguridad acusan a quienes piden racionalidad: de que creen que la inseguridad es una "sensación" y no escuchan la voz del pueblo.

Hay un punto en común entre el genocidio y las venganzas privadas recientes: el gusto por la sangre, la masacre, la muerte previa tortura –en Rosario les apagaron cigarrillos prendidos a la víctima-. Víctima que convengamos había intentado robar una cartera es decir había infringido el respeto a la propiedad privada de una manera mínima.

Los medios de comunicación concentrados, en su salsa, exageran con lujos de detalles los hechos violentos es que saben que la consigna es: “MIEDO Y CONSUMO, MIEDO Y CONSUMO, MIEDO Y CONSUMO".

Además una persona de clase media asustada es un fascista en potencia y en acto proclive a los voraces por comer votos fáciles que proponen mano dura, para los “negritos de la villa” y mano blanda para el delincuente financiero. 

Mano dura contra "quienes conspiran contra nuestro estilo de vida" decía una socióloga hoy en "Pag12", faltaría agregarle: “Occidental y Cristiano” como decían los militares: "que los "subversivos" venían a quebrantar". Los padres de los que lincharon y de los que trataron de linchar en Rosario y en Charcas y Coronel Díaz, seguramente decían: “Algo habrán hecho”, para justificar la desaparición de 30.000 ciudadanos entre el 76 y el 83.

Lamentablemente tendríamos que afirmar que la inseguridad, les guste o no la gente, vino para quedarse   desde hace mucho tiempo pues Buenos Aires y el Conurbano son casi 14 millones de habitantes y es un problema común en todas las grandes ciudades como en Rosario de casi 1 millón de habitantes. No quiero justificar nada, solo señalar un problema raigal junto con la de grandes bolsones de excluidos que en gran medida pusieron de moda las políticas neoliberales instaladas en el país desde Martínez de Hoz pasando por Menem siguiendo con Macri, y a las cuales persistentemente se pretende regresar para lanzar más excluidos y esperarlos con policías mano dura después.

La mano dura es una pena de muerte impuesta  por la policía en supuestos "enfrentamientos". El delito no podría evitarse aunque se ponga un policía en todas las esquinas de todas las ciudades del país.

¿Charcas y Coronel Díaz a una cuadra del FALANSTERIO DE BARATIJAS, símbolo del consumo desmedido como son los Shopping Center, es un "lugar inseguro" para intentar ajusticiar a un delincuente de poca monta? Tanto que le gusta a la clase media acomodada la división Sarmientina de: “Civilización o Barbarie”, poniéndose siempre del lado, por supuesto, como dudarlo: de la "Civilización": irrumpe enloquecida para ajusticiar a un delincuente. Tiene dos nombres: BARBARIE, y delito penal de intento de asesinato con alevosía, y el concurso premeditado de dos o más personas (Art. 80, inc.2 y 6 del Código Penal). Y en Rosario es el mismo tipo penal pero consumado.

Discutamos todo lo queramos sobre la seguridad o inseguridad pero hay un límite infranqueable que el Estado Argentino no puede quebrantar: es la Ley Constitucional y Penal: sobre todo: los DERECHOS HUMANOS, que fueron sancionados después del genocidio de la Segunda Guerra Mundial por la ONU.

Cuando veo o leo sobre estas "TURBAS ASESINAS" me doy cuenta no solo para que servimos los Abogados sino también para qué sirve el derecho penal: evitar la venganza privada y racionalizar la justicia punitiva.

2015-2021

SOBRE LA MUERTE Y ABOGADOS CÓMPLICES por Claudio Javier Castelli

Matar a una persona debe ser el hecho criminal más grave que se pueda cometer en el orden social. Mucha gente camina muy feliz en la calle con la conciencia absolutamente tranquila porque nunca ha practicado ese hecho. Has hecho lo que debías hacer dice en alguna parte la Biblia. Pero no basta. Entre un crimen y la santidad hay una innumerable galería de conductas éticamente reprochables y penalmente delictuales. 

A poco de ingresar en el Banco Central, en 1989 (para trabajar en el Centro de Asuntos y Estudios Penales, que dirigía el Dr. David Baigún) me encuentro con un ex compañero de facultad, que me estaba buscando. Fuimos a comer, y me invitó a conocer el estudio que compartía con abogados, que habían litigado en Nueva York, y habían vuelto en la Argentina. Se dedicaban al Derecho Penal Económico. La conversación en el estudio duró unos cuarenta minutos, repasamos nuestros años duros y felices en la facultad de derecho según fueran en dictadura o en democracia. Los ideales compartidos. Había en el soberbio estudio de la calle Tucumán una computadora personal, una de las primeras que vi. La conversación fue circunscribiéndose a la actividad que desarrollábamos cada uno:  eran coincidentes ambos nos dedicábamos al derecho penal económico. Uno como defensor y otro como querellante, después se fueron sumando las improntas de la profesión, las necesidades de hacer justicia desde diferentes, claro que sí, puntos de vista. También me hizo saber que en un sector del Banco Central contaban con "amigos" para el estudio, y que necesitaban un "amigo" en asuntos penales de la Gerencia de Asuntos Judiciales, los montos eran elevados por la retribución de los servicios, etc, etc, obviamente que hice como si no escuchara y seguí hablando de para qué había estudiado derecho. Cuando comprendió, junto con sus colegas en el estudio, que todo había sido un intento inútil prontamente todos ellos se pusieron a distraer en los jueguitos de la computadora. Entonces me retiré, no sin antes reparar que había sido un trámite de una conducta habitual. Nada de heroísmos no pretendo destacar ninguna conducta personal, muchos en mi lugar hubieron hecho lo mismo, pero muchos están sentado en el estudio de esos abogados. A lo largo de mi vida profesional y como funcionario público fueron innumerables los casos similares que me ocurrieron, y que conozco de mentas ocurridos a otros profesionales. Hablemos claro: las cosas son así, salvo para los Colegios Públicos de Abogados, y mucha gente que cree en la "buena fe". En los delitos económicos la distancia entre ser abogado y cómplice se estrecha.

Una cosa es defender a alguien que ha cometido un delito: Derecho Constitucional; otra asesorar a alguien a cometer o seguir cometiendo un delito. El primero es abogado, el segundo cómplice. El que asesora a un delincuente financiero a ocultar las pruebas, fraguar escrituras públicas, dibujar balances, y muchas otras conductas por el estilo: no es abogado es un cómplice. Pero de eso no se habla. Muchas veces utilizan las propias cuentas de ahorros o corrientes del abogado para depositar fondos ilícitos, pagar a empresas pantallas, es decir empresas fantasmas. 

La muerte de Dios posmoderna tiene sus ventajas. Pero la ética social no necesariamente tiene raíces divinas sino desde la Revolución Francesa: raíces en el poder constituyente, en la pirámide legislativa kelseniana, y en el Congreso que sanciona esas leyes. "Porque para vos el bien es bien, y el mal es mal": dice una canción -"A un semejante", de Eladia Blázquez-. El abogado que ayuda a un delincuente económico a crear antedatadamente empresas pantallas aquí y en el extranjero: es un delincuente. No mató a nadie y tiene la conciencia tranquila. 

En realidad aprendí que los criminales económicos, que viven con jugosas ganancias del mercado ilícito, viven con absoluta conciencia normal. Van a misa los domingos, fueron a buenos colegios, viven en barrios acomodados o countrys, ocupan cátedras en universidades públicas y privadas, y gozan de algo más fuerte  que la fama: el prestigio. Esos abogados prestigiosos se apasionan los domingos con Boca, con River, San Lorenzo o Racing. También pueden participar en un intento de linchamiento en Charcas y Coronel Díaz, o en Posadas y Callao. Pero no necesariamente viven en esos barrios. 

También, como aquella denunciadora película, son "Feos, sucios y malos". Pero posiblemente van a ser descubiertos por alguna denuncia, e investigados por el Colegio Público de Abogados, y también por la justicia en algunos casos. Los prestigiosos nunca, podemos cruzarlos cuando portan un cigarro cubano en los dedos, y manejan un auto de alta gama. O no, solamente viven acomodadamente, pero no más, solamente ejercen la profesión a su manera.

Matar a alguien muchas veces se trata de utilizar las manos, y otras de no actuar, de omitir. Son hechos graves, hay otra forma de corrupción mundana más aceptada por los propios agentes llamados a luchar por el derecho. Todos lo saben, hasta hay una disculpa básica porque se quiere caer en una ilusión de que no se sabe en realidad si es una conducta normal o criminal. La mayoría de los hechos de los delitos económicos ocurren en ese umbral entre la legalidad e ilegalidad para el común. Pero si se acerca el prisma, o el microscopio, o la lupa, puede verse algo que nadie quiere ver a plena luz del día. A plena luz del día el antifaz no tienen prestigio. Y la muerte de un hombre es un hecho reprochable.

UNA RENUNCIA AL PODER JUDICIAL DE HACE 26 AÑOS, por Claudio Javier Castelli

(La copia de esta renuncia se reprodujo en el blog escaladaperonista.blogspot.com, en el año 2013)

Con motivo de los proyectos de democratización de la justicia, quiero reproducir el texto de mi renuncia al poder judicial el 30 de noviembre de 1989, que creo algo aporta a la discusión; pues a 30 años de la democracia, aún no contamos con un poder judicial democrático.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 1989.

A LA DOCTORA JULIA SANCHIS FERRERO, TITULAR DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CRIMINAL DE SENTENCIA LETRA "U", DE LA CAPITAL FEDERAL
S/D
Tengo el agrado de dirigirme a V.S. , en mi carácter de Auxiliar Superior de la Secretaría Nro. 28, de este Tribunal, actualmente en goce de licencia, por seis meses, sin sueldo, a fin de elevarle mi renuncia al cargo, por razones estrictamente personales; sin embargo, no puedo dejar de mencionar, que la ausencia de un sistema de promoción al cargo de Secretario de Primera Instancia, que garantice el ascenso de los empleados con más méritos, idoneidad y conocimiento, ha conspirado contra mis estímulos de continuar la carrera judicial, iniciada el 22 de marzo de 1977, y durante la cual, además de trabajar en diversos Juzgados en lo Penal, ocupé el cargo de Secretario de Sentencia de manera interina.
Tal vez, las razones de la limitación apuntada deben buscarse también, en el poco democrático acceso a los cargos menores de la Justicia, donde el mérito de mayor peso, tiene que ver con el albur de tener un familiar tribunalicio. Es posible, que esto favorezca una limitada homogeneidad en la composición social de los funcionarios y empleados, proclive a fomentar la ilusión de una supuesta "familia judicial", no sin ciertas dificultades para interpretar el sistema institucional vigente en la república, pues a la reconocida lentitud del derecho para receptar los cambios políticos, económicos y sociales, se le agrega una convencida rigidez de criterio, comprometida con la seguridad jurídica por sobre todos los principios, y aún por sobre la necesidad de realizar interpretaciones de las leyes que guarden cierta correspondencia con el pulso del sentir de la sociedad, pues entonces la naturaleza del derecho, como instrumento organizador de la misma, encuentra sentido.
Las pocas tentativas por transformar en serio el sistema judicial originado en el siglo pasado, como el proyecto de reforma, ventilado en la Secretaría de Justicia, no contaron con la simpatía de la "familia judicial", no tanto por el hipotético riesgo de un funcionamiento judicial futuro inadecuado, sino por el riesgo de exponer la "familia judicial"a la incertidumbre de la democracia.
No es imposible que estas reflexiones afecten susceptibilidades, pero las estimo necesarias, no sólo para contribuir a la autocrítica de la Justicia Penal, aún no realizada, luego del no muy honroso desempeño, cuando la vida no valía nada y la Justicia Penal lo sabía, sino también porque otros poderes del Estado se dan el lujo sudamericano de hacer justicia por decreto propio, echando por tierra los más elementales principios, no solamente del derecho penal, sino también de la conciencia jurídica universal, y favoreciendo al tipo de criminales más apetecidos por nuestras primitivas cárceles, atiborradas de ebrios consuetudinarios, mujeres de vida disipada, hombres de moral dudosa, travestis incorregibles, jóvenes rebeldes desocupados y ningún delincuente económico.
Si en este escrito me hubiese limitado a desvincularme de las funciones tribunalicias, sin las reflexiones, que el compromiso con el ex empleado, ex funcionario, y abogado - por sobre todo- me exigen, tal vez las circunstancias no me hubiesen condicionado a llegar a este momento.
De ninguna manera pretendo personalizar, y no estime V.S. menoscabo al alto cargo confiado por la sociedad en su persona, pero en la medida que es trámite de rigor dirigir la renuncia al Juez Titular del Juzgado, donde se han desempeñado las últimas tareas, el cumplimiento formal del requisito, conlleva en este caso, la condición inexorable de las reflexiones aludidas, vividas en última instancia, como aporte - equivocado o no - para la consolidación de una justicia democrática.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarla con mi más distinguida consideración.-
CLAUDIO JAVIER CASTELLI
Abogado

EL PODER JUDICIAL NO CONOCE LA REVOLUCIÓN FRANCESA por Claudio Javier Castelli

Conversaba con una colega acerca del derecho y dijo la frase del título, que curiosamente siempre he pensado.

En 1983, Alfonsín no tuvo coraje para darles salida a todos los jueces que juraron las actas del proceso.

Los jueces ensayaron una justicia política, despidiendo a una Jueza que tomaba las indagatorias en las comisarías. Pensaron que con esa medida expiaban su pecado cómplice con los militares. No fue suficiente y no lo sigue siendo.

Por lo menos la justicia penal tiene el proceso oral, mientras que en los fueros civil, comercial, contencioso administrativo es escrito. Se pueden imaginar el lobby de los abogados de los grandes estudios -muchos ex funcionarios judiciales-, y los jueces como amanuenses de los grupos económicos, en sus cautelares eternas, en sus resoluciones a medida.

A veces, en el traqueteo tribunalicio me cruzo con jueces de andar despreocupado, perfume penetrante, y trajes a medida. Nada de ello me perturba, pero sí, un nosequé, un hálito, un espíritu antidemocrático, antipopular, monárquico, que se escapa en sus fallos, en sus decisiones siempre a favor de los poderosos, siempre en contra de los débiles.

Algo de "garca" hay que ser, para ser juez, en este país.

Con la misma liviandad con que protegen a sus amos, actuando como filisteos de sus intereses, absuelven a los delincuentes económicos, condenan perejiles, y dictan medidas cautelares para "ellos".

Cuando entro al palacio de justicia o a Comodoro Py 2002, pienso que entro al paraíso de la injusticia, a un lugar olvidado de Dios y por Dios, a pesar de los crucifijos en los despachos, con que indican su adscripcion católica rancia, pero nada de las bienaventuranzas, del juicio a las naciones, del pan a los hambrientos, nada de las profecías y sus condenas retributivas a los poderosos, que surgen de la Biblia.

Se creen de clase alta, porque leen "La Nación", aceptan las boberías de sus editoriales, veranean en Punta del Este, y tienen pasadas por los bancos de Uruguay, para fugar divisas en el exterior. Y sobre todo porque sanean los problemas de los acomodados: sólo conocen el individuo y el estado. En el medio y más arriba no hay nada: sólo ellos.

Habría que decirles que no hay más reyes, no hay más nobles, que nuestros oligarcas tienen "olor a bosta" del ganado, y que nuestros empresarios se hicieron, casi todos, lucrando con el estado.

Habría que hacer una revolución que instale una "dictadura de los abogados justos" en tribunales, y dé lugar al pueblo llano estableciendo los juicios por jurados en todos los fueros.

Pero además, que haga leer y pensar las consecuencias de la Revolución Francesa, y el proceso democrático iniciado en 1983, porque todavía no se enteraron, y el movimiento por una "Justicia Legítima", recién empieza.

LA JUSTICIA CRIMINAL ABSOLVIÓ A CAVALLO EN LA CAUSA DEL MEGACANJE, Por Claudio Javier Castelli

Es la justicia que tenemos, siempre apurada por buscar funcionarios públicos o perejiles, pero a Cavallo no se lo ve como funcionario público, sino como un agente de las finanzas. Sí, un agente del capital financiero. Ni siquiera el hecho de haber sido Ministro de Economía tantos años, sirvió para considerarlo funcionario público, a quien le cabe el art. 902 del Código Civil: "CUANDO MAYOR SEA EL DEBER DE OBRAR CON PRUDENCIA Y PLENO CONOCIMIENTO DE LAS COSAS, MAYOR SERÁ LA OBLIGACIÓN QUE RESULTE DE LAS CONSECUENCIAS POSIBLES DE LOS HECHOS".

No conocemos la sentencia en sus fundamentos, no es necesario conocerlos. Así actúa la Justicia Federal, es decir Comodoro Py, en nuestro país. No necesito leer los fundamentos, ya lo sabemos, que no es delito el megacanje, que Cavallo no obro con dolo, y el delito no admite culpa, que no hay suficientes pruebas, etc, etc. En realidad en causas menores, muchas veces no hay suficientes pruebas, pero condenamos igual, en esta los abogados son muy importantes. El perjuicio estimado por el megacanje alcanza los cincuenta y cinco mil millones de dólares, pero no es delito para los distinguidísmos jueces del Tribunal oral.

¡Qué desolación, que espera vana todas las causas por delitos económicos!. Y los jueces difuminaron en un segundo el intento de reforma de la justicia. Tienen el presupuesto más alto desde la democracia. Cobran sueldos altísimos, privilegiados, y quieren sobre todo: TRANQUILIDAD. Ningún fallo que los incomode, quieren pasar lo más desapercibidos posible, jubilarse con jubilación de privilegio, no pagar impuestos a las ganancias, y ejercer la profesión, en grandes estudios, que los esperan gustosos.

Dios nos libre del juez inicuo, injusto, sin ecuanimidad. Creen, por condenar cada tanto, a un funcionario publico menor, por cuestiones de viáticos, en connivencia con un agente de viajes, que están en paz con Dios.

¿Para qué están los jueces? Para que tengan tranquilidad para trabajar menos de seis horas, alteradas cada tanto con siete u ocho, pero sin dejar nunca de dar clases en la facultad de derecho, poniendo énfasis en la teoría del delito, el principio de legalidad y todas las garantías constitucionales del derecho procesal penal. Para poner el rostro adusto, al explicar con lujos de detalles de la época nazi, cuando no se respetaba el principio de legalidad. Para concursar permanentemente, porque tengo que ascender para eso estoy.

¿Qué es la justicia? A nadie le interesa, tengo que dar clases de dogmática, y cubrir dos subrogancias, embolsando un sueldo, que nadie en el país gana. Pero y... ¿Cavallo... el megacanje? No es un delincuente, no tuvo interés en la operación, una operación que tampoco fue delito. No necesito leer los fundamentos de la sentencia absolutoria. Es Hegel, quien dice "dar una buena razón para una cosa mala y pensar que con eso está justificada".

No pueden ver a Cavallo como un delincuente económico. No puede ser, fueron los mejores años que pasé en el país, hasta me olvidé que se apoderaron de mis depósitos, pude viajar al exterior periódicamente. No había restricción para hacerse de divisas. Ellos, los agentes de los bancos internacionales, no pueden ser delincuentes. Delincuente es según Lombroso, alguien que parezca tal, por sus características físicas, por su condición social. Un hombre que vive en Ocampo y Libertador, no es un delincuente económico y no pudo prever las consecuencias económicas para el país. Es que para colmo Sonia va a misa los domingos, y Cavallo cada tanto va. El nunca pensó en las consecuencias económicas y políticas de sus teorías económicas, de sus propuestas. Eso no le incumbe a él, le incumbe a algún funcionario público, pero no él.

Felisa Michelli, fue condenada a prisión, a cumplir, en un caso por un monto no muy alto de dinero, pero es corrupción, y además es mujer, debe ser condenada. María Julia Alzogaray, es también mujer, y puede ser condenada. No es que no deben ser condenadas. ¿Pero Cavallo? ¿Nó será mucho?

¿No será mucho no condenar a Cavallo por el megacanje?. ¿No será mucho absolverlo? NO IMPORTA, ME PONGO FELIZ CUANDO ABSUELVO A UN PODEROSO, PORQUE ES GENTE COMO UNO. USA SACOS Y CORBATAS MUY FINOS, ES REPRESENTANTE DE BANCOS, Y YO COMO JUEZ LOS ADMIRO. PORQUE LEO Y ME IRRITO CON LOS EDITORIALES DE LA NACION SOBRE LA CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO KIRCHNERISTA.

¿PERO CAVALLO? NO, no es un delincuente económico, y el megacanje no es delito.

¿La fiscal que pidió tres años de prisión, de qué se disfraza ahora? LA SENTENCIA NO PUEDE SER APELADA POR EL FISCAL (ART. 458 INC.1, del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN). PERO DEBERÁ APELAR, PORQUE ES INCONSTITUCIONAL ESA DISPOSICIÓN QUE IMPIDE APELAR EN ESTOS CASOS, EL FISCAL, SEGÚN EL ART. 120 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, NO SOLO DEBE PROMOVER LA ACTUACIÓN DE LA JUSTICIA EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD, SINO DE LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD. EL DEBIDO PROCESO ADJETIVO LO IMPONE (ART. 18 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL)

Los jueces ya están mirando la cronología de juicios. Ya no les importa este que pasó. Los fundamentos son fáciles, sólo tengo que cubrirlos de dogmática y derecho procesal. Citar a Maier, Zaffaroni y Roxin. Y se justifica.

Cómo abogado, que digo cómo abogado, cómo ciudadano, adonde puedo mandar a estos jueces:

 ¡A LAVAR LOS PLATOS!.

Cuando hay un funcionario público y cuando no hay funcionario público, Por Claudio Javier Castelli

A un funcionario público es muy fácil hacerle una denuncia, encuentra su justificación, en verdades comprobadas en la historia de este país, en su exposición pública y en cierta rendición de cuentas permanentes que debe hacer. También es fácil denunciar y requerir cuando en una causa económica, a lo lejos o muy cerca pueda visibilizarse la responsabilidad de un funcionario público. En los dos casos citados, hay promesas de un escándalo mediático en puerta, donde el nombre del denunciante y en el caso que sea fiscal también, figure en las primeras portadas de los medios hegemónicos. Entonces los denunciantes y fiscales se muestran durísimos y piden medidas y sanciones ejemplificadoras.

Pero cuando no hay un funcionario público involucrado o es muy difícil encontrarlo, y los investigados se tratan de un Banco de primer nivél internacional -por ejmp. el JPMorgan-, y 469 empresarios destacados del país, y el caso sea de aproximadamente 5000 millones de dólares, y en ese caso, haya un alto directivo del banco, que por el motivo que sea, se autoimpute y confiese como se sacaba el dinero del país, a través de oficinas clandestinas, puede acontecer que no sobren los denunciantes, ni los fiscales capaces de requerir; es que en el fondo puede terminar con su exposición mediática, dado que a los medios hegemónicos el caso les preocupa, pues están involucrados sus anunciantes, su propia clase social, que representan y defienden, y ellos mismos. En consecuencia nada ha de salir en esos medios, ni en sus trescientos canales, radios, ni diarios vinculados.

Asimismo, Su Señoría, ¡ay Su Señoría ha de dormir el expediente por cinco años!, y el fiscal, el mismo fiscal -durísimos con los funcionarios públicos o casos con ellos involucrados- ejercerá una casi nula actividad para impulsar el proceso, es que no hay promesa mediática en ciernes.

Lo llamé varias veces a su público despacho para que me ayude a impulsar la causa, a las 13 hs, y en todas las oportunidades ya se había retirado.

Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Pero la coincidencia es pura realidad, el fiscal es el mismo en sonados casos recientes, y de casi nula actividad en la causa del el JPMorgan.

Siempre insisto en que los funcionarios públicos tarde o temprano llega la justicia para ellos, pero cuando se trata de corporaciones económicas, empresas y personas de alto rango social, la justica es esquiva.

Recuérdese que Menem y De La Rúa están siendo Jugados, y actualmente se investiga a Jaime, Schiavi, Boudou etc. Pero solo algún  delincuente económico financiero, no muy de peso, ha sido condenado en el país. No recuerdo a ningún fiscal que se haya jugado el pellejo por casos así.

CÓCTEL EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS, Por Claudio Javier Castelli

(Este artículo lo publiqué en el blog Escaladaperonista.blogspot, en Julio de 2014)


El Juez Federal en lo Criminal y Correcciónal Ariel Lijo, se hizo presente en la Embajada de los Estados Unidos para celebrar el aniversario de la Independencia de ese país. Es de público conocimiento que esa recordación es oportunidad de encuentro de lo más granado del establishment argentino: medios de comunicación hegemónica, periodistas pagos por la embajada, personeros de todo laya, contrarios al interés nacional. La reunión no es sólo diplomatica, es una declaración de principios, de con quién está cada uno.



Los Estados Unidos han sido enemigos históricos del desarrollo de los pueblos de América Latina y su libertad, su poítica exterior es la del garrote vil y despiadado, para quienes no sirven a sus propósitos imperiales. Son los principales impulsores del Neoliberalismo y de los golpes de Estado, que asolaron el Cono Sur. La embajada es el oráculo y dios pagano de intereses muy concretos, que lógicamente no coinciden con un Mercosur fuerte, ni una Latinoamérica unida, y representa la intriga del país más capitalista del mundo. Pero representa también a los intereses concentrados, a las corporaciones económicas, y a los devotos del libre mercado sin ningún tipo de control del Estado.



Bueno, el Juez Lijo, en un acto obsceno de obscenidad absoluta para un miembro del Poder Judicial, que digo Poder Judicial, digo Comodoro PY, fue a decirles que él es de la servilleta de los poderes mediáticos y económicos concentrados. Su presencia da verguenza ajena, porque deja desnudo su servilismo, y de la farsa que montó con la causa que vincula al Vicepresidente de la nación, elegido por el pueblo, Amado Boudou.



Comodoro PY, es un problema serio para la democracia, no porque van a ser justos y equilibrados con todos, sino por la obscenidad de ningún delincuente económico condenado nunca, o casi nunca. Hemos dicho acá que a los funcionarios públicos es fácil hacerle denuncias penales, y tal vez está bien que sea así, por su exposición pública y representación de la soberanía popular. Lo que no está bien es la extorsión a que someten a gobiernos democráticos con denuncias infundadas y "armadas" para poner de rodillas a los funcionarios electos, haciendo abuso de su poder omnímodo. Ninguna democracia puede funcionar así. Hay una gran relación entre el JUez Lijo y el Juez Griesas: ambos responden a los poderes concentrados de la economía, que está coordinado con el poder mediático hegemónico.



Muchos jueces y funcionarios judiciales de Comodoro Py, y de la Justicia Criminal en general, quieren asegurar su carrera tribunalicia haciendo pleitesía a los poderes constituidos. Hoy al poder que se le rinde culto, no es al poder político, sino al poder economico. Además aseguran su jubilación, y su matrícula de abogado por si las papas queman, muchos distinguidísimos estudios jurídicos de la City, los recibirían con los brazos abiertos.



¿A quién responden los jueces federales de Comodoro Py? A Clarín, a los editoriales del diario La Nación, a los banqueros y otros delincuentes económicos, a quienes nunca van a poner contra la pared, porque es gente como uno, y más que uno, es gente que usa sacos y corbatas demasiados finos y viven en Country alejados, como uno, que en realidad los admira. Además sus conductas no son delitos, son las que haría cualquier niño bien, que se encuentre con hechos que están en una frontera entre legalidad y delito muy estrecha. ¿Cómo los fondos buitres y su reclamo legal, por ejemplo?



Tarde o temprano, la justicia criminal y sobre todo Comodoro PY, deberán bajarse de oropeles cuasi aristocráticos, burbujeantes, en que viven sus miembros, para integrar una justicia Justa, con un procedimiento oral tanto en la etapa de instrucción como la de Juicio, y no solamente en el Juicio como es ahora. A lo mejor cuando sean puestos públicamente en el candelero democrático de sus decisiones sin ambages, no sea necesario concurrir a un cóctel en la Embajada de los Estados Unidos, para decirle al Embajador y al establishment: ¡Cuenten conmigo!.

CORRUPCIÓN PÚBLICA, CORRUPCIÓN PRIVADA, Por Claudio Javier Castelli

No hay habitante del país que no tenga conciencia de la corrupción pública, la corrupción de los funcionarios públicos. Un poco más difícil es tener conciencia de la corrupción privada. Se trata del viejo versículo bíblico de ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio.

Es que los póliticos no nacen en un repollo, sino en la sociedad, y toman sus ventajas, según el lugar donde nacieron. Si hay una sociedad proclive a la corrupción, es muy posible, que esos políticos adopten posturas proclives a la corrupción.

Sobre la corrupción pública, existe un "linchamiento mediático" cotidiano (Casullo), una justicia, fiscales, opositores, ciudadanos prontos al "denuncismo".

Pero ¿por qué? no existe el mismo fervor para la corrupción privada. El argumento usualmente utilizado es que a los funcionarios públicos, los pagamos entre todos, me pregunto si la coima que se paga al agente público para evitar una inspección, para evitar una multa, o cuando se compran dólares ilegales, se evaden impuestos, también forma parte de ese principio de los "pagamos entre todos".

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), tiene como lema: "Detrás de todo funcionario público corrupto, hay un empresario que corrompe". El funcionario público corrupto, es la pata principal, de una cadena sistemática, donde los ciudadanos, incluídos los empresarios, banqueros, etc, también participan. Esta parte no es destacada por los medios.

Ofrecer mucho más plata para comprar millones de dolares que está a un determinado precio más barato, para forzar una devaluación, que beneficia a una minoría, y perjudica a casi todo el pueblo, por el efecto del aumento inmediato de los precios (efectos que en las mercaderías sin componentes dolarizados no debe ser así), que los empresarios -privados- aprovechan al máximo, mientras se acumula soja, para liquidar los dólares a un precio más alto aun. Son operaciones hechas por privados, que también pagamos todos. Puesto que todos los asalariados nos perjudicamos, con maniobras ilícitas, y que tipifican penalmente.

Los medios de comunicación dominantes pondrán el ojo sobre el gobierno, sobre las política económica, sobre la necesidad de que "el mercado", asigne las riquezas. Y todo el latiguillo neoliberal, que martilla sobre los ciudadanos.

En la lucha actual por el programa precios cuidados del gobierno, se ve claramente, la inconducta criminal de los empresarios -privados- y el bolsillo de "la gente" (como les gusta referirse a los medios hegemónicos).

En el título se puso "Corrupción pública, corrupción privada", como una manifestación única, absolutamente unidas, que los medios de comunicación se ocupen sólo de la pública, forma parte de los anunciantes de esos medios, los empresarios, los banqueros, etc.

Otro asunto es como trata la justicia penal a cada uno de ellos: los funcionarios públicos (hasta Menem fue preso) y los empresarios privados. A estos últimos los ven como iguales o con admiración, no pueden ser delincuentes visten trajes y corbatas más finos. Nunca vi un banquero, un empresario poderoso preso

Deudas de la democracia, aunque beneficios de ver hoy los problemas tan claros.

PENAS JUSTAS Y GARANTISMO BOBO, Por Claudio Javier Castelli

Después de las dictaduras militares argentinas y latinoamericanas volvieron a la facultad de derecho de la UBA, grandes profesores, censurados en los años de represión. Se abrieron todos los ventanales de la democracia y de los derecho humanos.

Sin embargo, el poder económico no tuvo fisuras, ni restricciones. El tema era ponerle límites al Estado todopoderoso. Sólo se pusieron sobre la mesa: el individuo y el Estado. Y dentro del Estado los militares fueron puestos en el candelero.

Fueron épocas de albricias, esperanzas y militancias, que prontamente fueron sacudidas por la década menemista, y su asociación con  capital financiero internacional, la pérdida de derechos, un estado mínimo en la economía y máximo en la represión política.

Las cátedras penales de la facultad de derecho fueron lugares de resistencia al pensamiento único neoliberal, pero sólo en contadas cátedras, como la de David Baigún, se trabajaba en cuestionar el crimen económico. Todas las demás siguieron su camino de ponerle límites al Estado policíaco frente al individuo. Michel Foucault y sus irradiaciones se convirtieron en pensamiento hegemónico allí. Nadie ponía en cuestión, que el directivo de un gran banco, de una gran corporación económica podría también ir a prisión. El tema era el individuo frente al estado.

Se consideraban los fenómenos de criminalidad compleja, con el microscopio aislante para iluminar un sujeto, que la película: "Pizza, birra y faso" puso en evidencia pública: el "pibe chorro". Pasa que más tarde, el "pibe chorro", se mezcló demasiado con la organización narcotraficante, donde la complicidad de las fuerzas de seguridad eran comprables, por ganancias exageradas del tráfico de drogas.

Los Bancos, Compañias de seguros, empresarios principales, siguieron enredándose en su propia lógica destinada a la fuga de divisas, operaciones marginales, y fraudes varios. Conceptos como "la criminalidad Organizada", fueron resistidas por profesores eminentes del derecho penal, sobre la base del viejo delito de la Asociación Ilícita.

El libro del nombrado Baigún sobre: "La responsabilidad penal de las personas jurídicas", donde se proponía un sistema jurídico penal diferente para el delito económico, fue duramente criticado, por los defensores del derecho penal liberal, del individuo frente al estado todopoderoso. Cualquier atisbo de justificar penas duras para los banqueros, eran juzgadas con el ceño fruncido, y con mirada de sospecha de un posible fascismo.

Mientras tanto el mercado hacía las delicias de Alicia en el país de las maravillas. Había persistentemente en la facultad de derecho de la UBA, individuos y Estado: no había mercaderes, no había ningún Shylock. Había algunas noticias perdidas en los diarios sobre el Banco Mayo, que rememoraban las quiebras de los bancos de los años 80, pero en la facultad de derecho de la UBA, nadie se inmutó.

Después los bancos se quedaron con los depósitos, con el ahorro del pueblo: hubo cambios en la sociedad y la política. Pero los fenómenos alambicados de la sociedad, apenas tuvieron mayor problemática, cuando el país del norte, dispuso que el capital financiero sin límites, era un "forastero en la tierra", y había que ponerle límites con el delito de lavado de dinero. Fue esa la causa de las creaciones de las Unidades de Información Financiera en todo el mundo, y no tanto las generosas ganancias y tropelías de los narcotraficantes.

Kirchner nos devolvió a la política, a la utopía construida a cada paso. El capital financiero tuvo límites, pero los escabulló fuera del país, como siempre, con maniobras fraudulentas. En la UBA hubo cursos de delitos económicos, libros, muchos libros, españoles, italianos, alemanes sobre el tema. Los jueces seguían considerando los casos alambicados, lo mismo que la mayoría de los profesores de derecho penal, con el criterio del individuo, que es sometido por el Estado, y las pautas del derecho penal liberal. Ningún banquero fue condenado, ni siquiera muy molestado.

¿Los bancos no cometieron delitos, dado las casi nulas denuncias penales e inspecciones descubridoras, que hizo el Banco Central de la República Argentina, durante esa época?. ¿Para qué nueva ley de Entidades Financieras?

Pero muchas causas económicas, que venían de arrastre de años idos, seguían batallando tribunales. La UBA seguía soñando con ponerle límites al Estado represor con los "pibes chorros" aislados en las facultad, pero más organizados en la práctica cotidiana.

Hubo y hay intentos por cambiar el paradigma, como el Centro de Asuntos y Estudios Penales (CAEP), creado en el Banco Central, y disuelto por Menem, al llegar a la presidencia, y las patrullas perdidas que siguieron actuando en el mismo BCRA, y otros organismos del Estado. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE -2003-), como ONG, desarrollado por el mismo Baigún, y sus seguidores. Los impulsos y multiplicaciones de todas las causas y querellas por lavado de activos y delitos precedentes vinculados al crimen económico, desde la gestión de José Sbattella (2010-2015), y posteriormente en la gestión de Carlos Cruz (2020) en la Unidad de Información Financiera (UIF). Y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC -2012-), en el seno del Ministerio Público, creada por Alejandra Gils Carbó, pero no tuvieron ni tienen hegemonía en el discurso del Poder Judicial, ni en la UBA, pero aportaron y aportan mucho picante en la discusión.

Un anteproyecto de Código Penal -de Zaffaroni, 2014- vio la luz: racional, exageradamente garantista, y que parte de una sola premisa: el individuo y el Estado represor. Limosnas sobre los delitos económicos, pero nada que contemple lo enmarañado de la criminalidad organizada, ni perspectivas más punitivas para ella. Voces justificadas e irresponsables lo condenaron, cuando solo era un anteproyecto, que es lo mismo que decir un borrador.

Los medios de comunicación concentrados hicieron y reprodujeron en un espejo infinito los mismos hechos cien veces, amplificando el sonido en altoparlantes de alta precisión y vocerío.

Linchamientos y barbarie ofrecida como un racimo de uvas, para dar, una, dos o tres pataditas. Justificadas por el canal oficial del poder económico.

Por la misma época -2015-, la Corte Suprema, sin el voto de los juristas del derecho penal, resolvió con sentido común, ausente en el derecho penal, justificar un sentido más amplio de las causales de interrupción de la acción penal, que es decir sobre la vigencia de la pretensión punitiva del Estado. En consecuencia delitos económicos enredados y causas de corrupción pública no caen al desván de los sueños rotos. La sentencia tiene consecuencias extensivas para el pasado y el futuro, y pone en crisis la decisión ideológica de dedicarse sólo a "pibes chorros" para pensar todo el derecho penal.

Es algo más complejo que el individuo y el Estado. Así, como la ley de medios agitó las aguas de las grandes corporaciones. La decisión de la Corte rompe un ciclo, donde la criminalidad organizada económica, era ingenuamente considerada, con la misma vara para el chico de la villa.

En el ínterin volvió una época como espejo de la dictadura de persecuciones a los adversarios políticos por fuera de la conciencia jurídica universal, con amplísima repercusión y participación de  los medios de comunicación hegemónicos,  labilidad de la corporación judicial federal, y colaboración de una Embajada extranjera; en el acoso a un sector se llevaron puesto a muchos empresarios que cayeron en la cárcel pero trocaron la misma en arrepentimiento falaz y extorsivo instigados por operadores Judiciales y del Ministerio Público. No era y no es la forma de respetar el debido proceso constitucional sino cambiando el paradigma que considere la permanente y criminal participación de éstos como inevitable consecuencia de la usura capitalista y la funcionalidad necesaria del propio sistema para reinventarse continuamente con mucha mayor virulencia en el bloque de poder económico dominante.

El Garantismo Bobo es la forma en que se posicionan los operadores judiciales para tratar de manera desigual al “pibe chorro” y al banquero y empresario poderoso al considerar a éstos, en la misma situación que aquel pero con distinta vara; para aquel todo el peso de la ley, y para éstos todas las posibilidades de las interpretaciones amplísimas y beneficiadoras para salvarlos del  enredo de la ley. Simultáneamente se aísla la situación de éstos reduciendo la complejidad de la cuestión sin tener en cuenta que se trata de Criminalidad Organizada con vastas implicancias con el poder financiero internacional e imbricaciones en el supuesto “sentido común” de los propios operadores de la corporación judicial

¿Los Abogados, juristas, profesores de derecho penal, jueces y fiscales estarán a la altura de las circunstancias?

O seguiremos pensando el derecho punitivo mínimo, frente al banquero y empresario realmente poderoso.  En el redil ¿sólo hay ovejas? ¿no hay ningún Shylock?.

2015-2021.