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| Rodolfo Yanzón |
En la calle Atocha de Madrid, frente a la estación de metro Antón Martín, se encuentra la estatua erigida en homenaje a los abogados laboralistas de las comisiones obreras que el 24 de enero de 1977 fueron masacrados por un grupo de ultraderecha. Son ellos formando un círculo, abrazados, mostrando sus espaldas y, en el medio, la organización, la solidaridad y su saber al servicio de una causa. Abogados que, más allá de todo cargo y paga, estuvieron comprometidos con la clase trabajadora. Esa fue su condena, en momentos en que España se debatía si dejar atrás la dictadura, ya muerto el tirano, pero con toda la estructura de su gobierno represivo y oscuro en pleno funcionamiento y con fuerzas políticas en la ilegalidad, como el Partido Comunista. Uno de los abogados sobrevivió porque un bolígrafo que tenía en su bolsillo desvió el trayecto de la bala. Cuando el despacho fue reabierto, durante meses los trabajadores formaron una cadena de protección. Algunos autores de la matanza fueron juzgados, pero la investigación no avanzó sobre los policías involucrados -como Luis Antonio González Pacheco (a) Billy el niño- debido a la complicidad del juez que intervino, a quien muchos recuerdan como el magistrado que más daño hizo al Estado de Derecho en la transición.
El primer encuentro que mantuve hace más de 15 años con Carly Slepoy fue en un bar frente al monumento de Atocha para hablar sobre el juicio que llevaba el entonces juez Baltasar Garzón por los crímenes de las dictaduras de Chile y la Argentina. Este abogado argentino exiliado en España fue uno de los promotores de esos juicios y también del iniciado en la Argentina sobre los crímenes del franquismo, en el que Billy el niño es uno de los imputados. Por él un juez español rechazó la extradición pedida por la jueza argentina María Servini. Son varios los ayuntamientos que debaten sumarse a la acusación, con la oposición del Partido Popular (PP) y Ciudadanos.
En estos momentos España se debate qué hacer con los nombres de las calles con reminiscencia franquista. La plaza del rey de San Fernando, Cadiz, dejará de tener la estatua del general Varela erigida hace casi 70 años, por decisión del Ayuntamiento y según la ley de memoria histórica, decisión a la que el PP se opuso. Una ciudad democrática debe estar libre de símbolos del franquismo, dicen quienes acompañaron. El Ayuntamiento también iniciará los trámites para quitar los nombres franquistas a las calles y sustituirlos por los de quienes, con sus luchas, aportaron a las clases populares.
El PP, primera minoría en las últimas elecciones, no logra formar gobierno por no contar con los apoyos necesarios, mientras debe lidiar con la detención de varios de sus miembros acusados de corrupción, una noticia que funciona de muro de contención contra probables aliados. Por otro lado, Izquierda Unida se manifiesta dispuesta a formar parte de un gobierno de coalición –con excepción del PP-, siempre y cuando exista acuerdo para llevar adelante 16 medidas, entre las que se destacan la derogación de reformas laborales introducidas por el PP y el PSOE, la elevación del salario mínimo, el regreso a la edad de 65 años para jubilarse, la creación de una banca pública, la eliminación de la ley mordaza y de las normas penales que criminalizan a quienes hacen huelga, la aprobación de un plan de emergencia social y otro contra la violencia de género. Por su parte, Podemos insiste en su postura proindependentista, lo que genera fricciones con el PSOE, celoso de la integridad española. Mientras la conformación de un nuevo gobierno parece difícil a estas horas, la historia y la impunidad se cuelan en las decisiones.
En sus primeros 50 días el gobierno de Mauricio Macri ha cosechado más críticas internacionales sobre la situación de los derechos humanos que CFK en toda su gestión. Su insistencia en reclamar por los presos políticos en Venezuela se opaca ante la evidencia de la persecución a dirigentes sociales como Milagro Sala, a quien el juez Gastón Mercau excarceló por los delitos de los que fue acusada, pero la mantuvo prisionera por nuevas acusaciones, evidenciando una clara subordinación del sistema judicial a la persecución decidida por Macri y Morales. Como el juez de la matanza de Atocha, de pasar a la historia, no será por fortalecer el Estado de Derecho. Otro tanto puede afirmarse de aquellos que, con ignorancia y mala fe, se empecinan en instalar debates sobre el número de víctimas de la dictadura, en lugar de generar políticas de memoria. En el caso de Darío Lopérfido, la situación se agrava si se tiene en cuenta que al declarar como testigo en el juicio por los crímenes del 20 de diciembre de 2001, habló del temor que los manifestantes le generaban y nada agregó sobre las víctimas causadas por su gobierno. Antes que proferir frases sin sustento, sería mejor pedir perdón por los muertos y heridos de la represión.
Macri tiene un poco de cobertura mediática, sobre todo de Clarín, pero no la tiene fácil. La Nación publicó dos notas en las que critican a Cambiemos por la persecución política desatada. Una es de José Vivanco, de Human Rights Watch, en la que dice que aplicar el delito de sedición amenaza la libertad de expresión. La otra es del obispo Jorge Lozano, en la que, tomando palabras del Papa Francisco, alerta sobre la instalación de una sutil xenofobia al atacar a los movimientos sociales surgidos para dar respuesta a necesidades urgentes, sobre todo a partir de la crisis de 2001. La actividad organizada es propia del ser humano y en ese contexto los trabajadores informales merecen representación. Resalta el aporte económico brindado desde el Estado y las distintas herramientas que las organizaciones han utilizado. Lozano afirma que deben desterrarse las prácticas antidemocráticas, tanto como la ostentación obscena de la riqueza; no ser puritanos con una parte de la sociedad y complacientes con la otra, comprendiendo la corrupción y la inoperancia, de un lado, y siendo intolerantes con el otro. Mayor perjuicio causaron al país, dice, personajes ineptos con títulos académicos que los dirigentes humildes. Las organizaciones populares fortalecen el tejido social que cuida a los más débiles frente al avance y la indiferencia de los poderosos. Si los demonizamos, seremos más pobres como sociedad.
Los que en el recoleto barrio tiraron huevos e insultaron a los trabajadores echados por Macri, jamás leerán esas palabras, y, de leerlas, tildarán de comunista al obispo y buscarán a su Billy el niño para dejarles el campo orégano. Hay sectores para los que la democracia es sólo disciplinar al débil, que cuando organicen su mayoría, mandarán a parar la ignominia. «
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