DEPRESIÓN Y RESISTENCIA, Por E. Raúl Zaffaroni

Desde los Comuneros colombianos, Túpac Amaru y los quilombos brasileños, nuestra historia es la de una lucha entre liberación y colonia, como brecha histórica.

Tuvimos momentos de avance: los movimientos populares de diferentes épocas y países, que abrieron y ampliaron el espacio a la ciudadanía real. También hubo retrocesos, porque es historia de lucha y no relato de marcha triunfal, que es como relatan sus historias las sociedades decadentes.

Nuestra lucha como historia está repleta de retrocesos durísimos: el genocidio de nuestros originarios, la guerra al Paraguay, el asesinato de Dorrego y de nuestros caudillos, la rebelión de 1880, la Revolución de 1890, la masacre de Falcón, los asesinatos de la Patagonia, la Semana Trágica, las represiones de 1930 y 1955, el bombardeo a la Plaza de Mayo, los fusilamientos de 1956, los crímenes atroces de la dictadura de 1976-1983, y quedan más en el tintero. Pasar revista a la región sería agotador. Pero nada de eso impidió el avance de nuestra ciudadanía real.

Ahora sufrimos otro momento de retroceso. El Estado de Derecho se derrumba: hay presos políticos (Milagro Sala y sus compañeros); se encubren homicidios (Maldonado); se quieren revisar condenas por crímenes de lesa humanidad; se desconocen decisiones de justicia internacional; se persigue a jueces díscolos; casi se secuestró a un senador para demorar su incorporación al Consejo; se reclaman jueces propios; se acusa de mafiosos a los laboralistas; se estigmatiza al sindicalismo; se propone derogar el derecho laboral; se intentó nombrar ministros de la Corte Suprema por decreto; un sector de jueces se presta a un revanchismo análogo al de 1955; se inventan y clonan procesos; se imponen prisiones preventivas infundadas; se montan shows judiciales; desapareció la imparcialidad en amplios sectores judiciales; se quiso computar doble la prisión preventiva de genocidas que no la habían cumplido nunca; se extorsiona a los gobernadores para manipular al Congreso; se amenaza el sistema previsional; se desfinancian el desarrollo científico y tecnológico y las universidades; se persigue judicialmente a sus rectores; crece la deuda externa a velocidad nunca vista; se vuelve al colonialismo del FMI y, como frutilla del postre se forzó la renuncia de la Procuradora General de la Nación y se amenaza la autonomía del Ministerio Público, con lo que se manipulará selectivamente el ejercicio (y no ejercicio) de las acciones penales.
Es obvio que nos alejamos velozmente del modelo ideal del Estado de Derecho (todos iguales ante la ley) y nos acercamos al del Estado de policía (todos sometidos al que manda).

Esta regresión responde al marco mundial de pulsiones del totalitarismo corporativo, dominante en los Estados-sede, en que el lugar de los políticos lo ocupan los autócratas de las transnacionales. En los periféricos debilita la soberanía y fortalece la represión, porque la soberanía es de los pueblos y la represión es contra los pueblos, lo que empalma con su proyecto de 30% de inclusión y 70% de exclusión, racionalizado con la ideología única de idolatría del mercado, que exige libertad para personas jurídicas y represión para las humanas, usurpando el nombre de liberalismo (nunca mejor acompañado por el neo), con el que domina las academias y se vulgariza a través de los monopolios mediáticos. Todo esto, sin contar con las noticias falsas, los mensajes emocionales, la manipulación digital de conducta y los big data, con sus millones de dobles del consumidor, del peligroso y también del votante.

La pulsión totalitaria corporativa mundial trata de generar sensación de impotencia, mostrándose eterna y omnipotente. Se trata de otra fake new (así se llaman las mentiras del Tea Party), porque no hay poder que no pase y que no tenga fisuras ni contradicciones. La impotencia genera depresión y, como es obvio, el deprimido no puede oponer resistencia (aunque puede volverse loco, matar y suicidarse).

Para provocar depresión es necesario ocultar la historia, otrora con el relato mitrista, ahora menos intelectualmente (acorde a la decadencia de nuestras minorías), tapándola con globos amarillos y shows televisivos.

Desde la aporía agustiniana el tiempo es un problema, dado que el presente es una línea móvil entre dos cosas que no son: el pasado porque ya fue y el futuro porque aún no es. Pero lo cierto es que sin conocer lo que ya no es, tampoco podemos proyectar lo que aún no es. La fijación en la línea del presente sin percibir su movilidad es lo que causa la sensación de impotencia y la consiguiente depresión, porque al ignorar las otras dimensiones se obtiene una falsa visión estática de un mal momento histórico.

Todo poder autoritario o totalitario acude a la táctica de incapacitar para la resistencia ocultando la historia para provocar depresión, porque fuera del contexto de lucha no se comprende que ese también es nuestro futuro, dado que el colonialismo continuará –aunque cambie de careta– y no parece cercano el momento en que no haya hegemonías mundiales que nos quieran colonizar.

Además, sin ese contexto, tampoco es posible ponderar el balance positivo de la lucha de nuestra historia periférica, que es nada menos que nuestro ser, que aquí estamos, argentinos y latinoamericanos, y no sólo estamos, sino que también llegamos a ser y somos, que es lo más importante: avanzamos, resistimos y no han podido impedir que seamos y sigamos siendo.

Nuestros próceres no estaban angustiados –como se ha pretendido–, al menos no por separarse de un absolutismo monárquico. Tampoco San Martín se deprimió por Cancha Rayada ni Bolívar aflojó pese a sus reiterados fracasos. No debemos estarlo nosotros, aunque hoy la lucha contra la colonia no consista en cruzar los Andes a caballo.

Nuestra historia continúa conforme a su esencia de historia de lucha anticolonialista y desde el pasado nuestros próceres nos exigen seguir sus ideales liberadores, reafirmando hoy que, argentinos y latinoamericanos, aquí estamos y aquí somos, nunca nos fuimos, no nos iremos ni dejaremos de ser: estamos, somos y seguiremos estando y siendo y, por supuesto, en la buena empujando y en la mala resistiendo, sin deprimirnos.



* Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/73427-depresion-y-resistencia

DERECHOS HUMANOS VERSUS TOTALITARISMO CORPORATIVO, Por Eugenio Raúl Zaffaroni

Derechos Humanos versus totalitarismo corporativo

El mundo y la región viven la etapa de colonialismo avanzado que corresponde al totalitarismo corporativo, afirma Raúl Zaffaroni en este artículo. En este contexto los Derechos Humanos constituyen un obstáculo a eliminar. En Argentina, y dentro de ese marco, la Corte Suprema declaró prescriptibles las acciones civiles de reparación por crímenes de lesa humanidad contrariando la posición de todo el sur del planeta, que conserva la esperanza de reparaciones por los genocidios colonialistas.

Por E. Raúl Zaffaroni*

El derecho internacional de los Derechos Humanos surgió formal y tímidamente a partir de la Declaración Universal de 1948, para ir cobrando volumen mediante tratados multilaterales universales y regionales a lo largo de décadas.

Este proceso no se inició como una ocurrencia, pero tampoco de calma meditación, sino del miedo de un mundo asustado por la catástrofe que había terminado tres años antes. Se demoró por efecto de la llamada guerra fríaque polarizó el mundo y, pese a ella, fue avanzando lenta y dificultosamente, venciendo resistencias.

Su objetivo máximo es dar realidad al principio de que todo ser humano es una persona y, por ende, debe ser tratado y respetado como tal.

Obviamente que esto es difícil en un mundo en que dos tercios de la humanidad pasa necesidades y un 1% concentra una riqueza equivalente a lo que necesita la mitad más pobre de la población del planeta para sobrevivir o para ir muriendo con paciencia.

Además, en un tiempo, por cierto que brevísimo en comparación con el que el homo sapiens lleva andando sobre este planeta (y aún muy breve comparado con lo que llevamos desde que dejamos de ser puros cazadores), agotamos aceleradamente las condiciones de habitabilidad humana del planeta: ensuciamos y cerramos cuartos de nuestra única casa común.

La guerra fría terminó, el totalitarismo comunista se implosionó, y ahora avanza sin límites el totalitarismo corporativo de transnacionales. La tercera posición peronista nos muestra su profunda verdad: no había ninguna opción totalitarismo-democracia, sino una polarización entre dos totalitarismos.

Se nos escapa la realidad en medio de un mundo de ficción: el totalitarismo corporativo vive en la ficción. En efecto: hemos inventado personas, personas jurídicas, que no son humanas, sino acumulaciones de dinero en cantidades increíbles, que no sabemos a quién pertenece, sus dueños podemos ser nosotros mismos, pero que manejan tecnócratas entrenados para producir más dinero y encargados exclusivamente de hacerlo, so pena de ser reemplazados.

El dinero mismo se ha vuelto una ficción: recibimos y pagamos en dólares porque confiamos en que así seguirá siendo, pero nada más. El papel moneda mismo ni siquiera circula en grandes cantidades como tal, sino que se transfiere presionando una tecla. 

Esos conglomerados inmensos tienen sus sedes en los países del hemisferio norte. Los políticos de esos países se han convertido en lobbistas y agentes de las corporaciones, que los dominan porque pueden desplazarse horizontalmente cuando quieran, mientras que la política es por naturaleza local. Puede decirse que ya no gobiernan, sólo administran.

Esos administradores tienen únicamente el poder de presionar al resto del mundo para debilitarles sus Estados y en algunos casos destruirlos. América Latina es víctima de estas presiones, que debilitan nuestros Estados para modelarnos sociedades con pocos incluidos y muchos excluidos, lo que alguien ha denominado la sociedad 30 y 70.

"La tercera posición peronista nos muestra su profunda verdad: no había ninguna opción totalitarismo-democracia, sino una polarización entre dos totalitarismos... el totalitarismo corporativo vive en la ficción. En efecto: hemos inventado personas, personas jurídicas, que no son humanas, sino acumulaciones de dinero en cantidades increíbles, que no sabemos a quién pertenece, sus dueños podemos ser nosotros mismos, pero que manejan tecnócratas entrenados para producir más dinero y encargados exclusivamente de hacerlo, so pena de ser reemplazados."

Ese modelo de sociedad requiere la contención del 70% excluido, que en parte logra con una creación de realidad también de ficción, mediante monopolios de medios de comunicación audiovisuales.

Pero como la creación mediática de realidad tiene límites, el totalitarismo corporativo extrema su tecnología de control: nos filman, nos escuchan, los leen, se meten en nuestros hogares, suprimen toda privacidad, nos controlan con cámaras y con drones, generan pánico, miedo ante el terrorismo o ante la delincuencia común, nos fabrican estereotipos de adolescentes peligrosos, nos inventan adolescentes asesinos seriales que no existen, todo para que complacidos aceptemos los controles que cada día nos quitan un pedazo de libertad. 

Mas como aún así también este control tiene límites, montan con el mismo pretexto aparatos represivos, que muestran una pretendida eficacia preventiva que no tienen, pero que sirven para contener descontentos y disidentes que se atreven a proyectar una sociedad diferente a la del 30% de incluidos y el 70% de excluidos.

Como es dable deducir, este totalitarismo corporativo es por esencia enemigo de los Derechos Humanos. Pretende disfrazarse de liberal, aunque Locke y todos los que pensaron el liberalismo se conmuevan en sus tumbas, porque la única libertad que defienden es la de las corporaciones, es decir, de las personas jurídicas, de las personas de ficción, pero no de las personas de carne, hueso y sangre, cuyo destino –incluso como especie- no se toma en cuenta.

Lo que sufrimos hoy en América Latina se inserta en este marco de poder planetario. Estamos viviendo la etapa de colonialismo avanzado que corresponde al totalitarismo corporativo. Somos virreinatos del siglo XXI, sólo que despersonalizados, porque en este totalitarismo, así como nadie es dueño del dinero tampoco lo es del poder: no hay un Hitler ni un Mussolini ni un Stalin, ni siquiera un Franco o un Oliveira Salazar. Tampoco tenemos en la Argentina a un Vértiz y ni siquiera quizá a un Sobremonte. Sólo administradores del sur, chief executivers officersde menor jerarquía, que negocian con los administradores del norte acerca de los detalles de su subordinación. Personajes coyunturales que pasan y van a morar en el olvido, disfrutando de los beneficios obtenidos. 

El mundo cambió demasiado rápidamente y esto produce desconcierto, pero no podemos equivocarnos: el momento histórico es diferente a todos los anteriores, porque la historia no se repite, sino que se continúa.

No llama la atención en este contexto mundial y regional, en que los Derechos Humanos y su derecho internacional no es más que un obstáculo a eliminar por parte del avance totalitario corporativo, que en nuestro país, la Corte Suprema haya declarado prescriptibles las acciones civiles de reparación por crímenes de lesa humanidad, contrariando la posición de todo el sur del planeta, que conserva la esperanza de reparaciones por los genocidios colonialistas.

"Estamos viviendo la etapa de colonialismo avanzado que corresponde al totalitarismo corporativo... No llama la atención en este contexto mundial y regional, en que los Derechos Humanos y su derecho internacional no es más que un obstáculo a eliminar por parte del avance totalitario corporativo, que en nuestro país, la Corte Suprema haya declarado prescriptibles las acciones civiles de reparación por crímenes de lesa humanidad."

Tampoco llama la atención que la misma Corte Suprema, violando el derecho internacional y el propio constitucional, variando inconsultamente su jurisprudencia pacífica, en una causa en la que ni siquiera debía pronunciarse, se haya proclamado intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, decidiendo cuándo y cómo habrá de cumplir con las decisiones de los órganos jurisdiccionales internacionales.

Compagina perfectamente con el avance del totalitarismo corporativo la idea de que los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional en función del inc. 22º del art. 75º, son derecho prestado y de segunda categoría.

¿Qué otra cosa puede pensarse de las expresiones injuriosas y difamatorias del Presidente hacia la justicia laboral y los abogados laboralistas? ¿Se erige en el continuador de la Corte Suprema de la oligarquía, que se negó a tomar juramento a los primeros jueces laborales? Recordemos que fue una de las imputaciones por las que se removió a sus ministros en el juicio político de 1947 (la otra importante fue la acordada de setiembre de 1930). El Presidente no ha tenido ni siquiera la elemental hipocresía de disimular lo que piensa: reclama jueces propios. ¿Por qué no propone la disolución del fuero laboral y volver a la justicia civil, por ser más liberal e igualitaria?

No podemos dejar de mencionar el nuevo Plan Cóndor judicial. Ya no se mata, se secuestra ni se manda al exilio a los líderes o posibles líderes, ni se proscriben partidos, sino que en el Mercosur se trata de excluir a todo dirigente popular peligroso para los programas del totalitarismo corporativo por vía judicial, valiéndose de jueces adictos, estrellas o atemorizados. Tal es el procedimiento seguido o intentado con Cristina, con Lula y con Lugo y, ahora parece que hasta se lo intenta con Pepe Mujica.

"No podemos dejar de mencionar el nuevo Plan Cóndor judicial. Ya no se mata, se secuestra ni se manda al exilio a los líderes o posibles líderes, ni se proscriben partidos, sino que en el Mercosur se trata de excluir a todo dirigente popular peligroso para los programas del totalitarismo corporativo por vía judicial, valiéndose de jueces adictos, estrellas o atemorizados. Tal es el procedimiento seguido o intentado con Cristina, con Lula y con Lugo y, ahora parece que hasta se lo intenta con Pepe Mujica."

Cierta sorpresa causa la insólita sentencia del famoso dos por uno, porque en verdad, a juzgar por Chile y otros países, los genocidas de la etapa anterior del colonialismo fueron usados y luego, terminada su labor, el totalitarismo corporativo los consideró contaminantes y se desentendió de su destino. Sin duda que ese intento fue una muestra más de regresión en materia de Derechos Humanos, pero que debe mover a reflexión acerca de nuestros folklóricos personeros de ese totalitarismo. Tal vez algunos sean más agradecidos que otros respecto de sus predecesores en anteriores etapas de colonialismo. No obstante, la reacción inmediata del oficialismo de turno puso distancia de semejante agradecimiento y dejó a la intemperie a la mayoría de su propia Corte Suprema.

A todo esto debe agregarse el papelón internacional que sufrimos todos los argentinos con la detención puramente política de Milagro Sala. No se trata de un gobierno, sino de nuestra imagen como Nación en el concierto internacional. Un juego partidista mantiene esa detención en un feudo dominado por un gobernador del que no puede prescindir el oficialismo de turno sin una crisis interna, cuando constitucionalmente correspondería la intervención federal. El testigo de cargo más importante contra Milagro es uno de sus empleados, y la manipulación del Superior Tribunal de la Provincia no deja de ser un escándalo mayúsculo, sin contar con la complacencia de alguna cámara federal obediente.

Lamentablemente, la regresión en materia de Derechos Humanos no se detendrá. El oficialismo marcha hacia un nuevo e inevitable ajuste y tiene sólo dos fuentes: nuevo aumento de las tarifas y ANSES. Cualquiera de los dos temas lesionará más Derechos Humanos de los más humildes y, finalmente, alcanzará a la clase media aturdida por el bullanguero espectáculo televisivo.

Pero los pueblos no se quedan quietos. Latinoamérica toda se pondrá de pie nuevamente, no es la primera vez que sufrimos el colonialismo y esta etapa totalitaria también habrá de superarse. El camino de los Derechos Humanos se retomará, sólo que debemos cuidarnos de las provocaciones: los veteranos debemos cuidar y advertir a los más jóvenes, que por suerte no han conocido momentos de represión.

Buenos Aires, 4 de julio de 2017

*Profesor Emérito de la UBA

Fuente http://www.lateclaene.com/ral-zaffaroni-ddhh

EL DERECHO ES LUCHA, Por Eugenio Raúl Zaffaroni (Fuente: Página12, 7/09/16)

Rudolf von Ihering

En la canción de Tom Jobim que usted, Julio Maier, cita en su columna de opinión publicada el lunes 5 en Página/12, la felicidad tiene fin y la tristeza no. Pero en el derecho ninguna de ellas lo tiene, porque hay momentos de avance y otros de retroceso. A veces pierde la pulsión hacia la dignidad de la persona.

Pero calma, Julio. Usted no desperdició su vida ni mucho menos. Siempre empujó en la dirección correcta, como el más distinguido teórico del derecho procesal penal de toda la región.

Creo que –como tantos otros– hizo prosa sin quererlo porque luchó y lucha, y siempre el derecho es lucha. Para los trogloditas conviene aclarar que no lo dijo Marx, sino Rudolf von Jhering.

No puede ser de otro modo, porque el derecho siempre es político. Escribimos para que los jueces nos hagan caso en sus sentencias. Los jueces son un poder del Estado, cada sentencia es un acto de gobierno y, como tal, el derecho nunca puede ser neutro respecto del gobierno de la polis, jamás puede ser no ideológico, porque siempre expresa una cosmovisión, un sistema de ideas. La cuestión está en saber qué ideas expresa.

Eugenio Raúl Zaffaroni

Usted siempre estuvo de un lado, luchando por un derecho que tratase a todo ser humano como persona. ¿Acaso pensó no encontrar resistencia en esa lucha? ¿Creyó que alguna vez y por un rato no nos torcerían la mano en la pulseada?

Querido Julio: sus propias ideas provienen de anteriores luchas. De Túpac Amaru y los comuneros, de los quilombos, de los héroes de la Independencia, de las burguesías europeas del siglo XVIII, de nuestros caudillos federales, de los movimientos populares latinoamericanos, de conflagraciones con millones de muertos. Siempre los derechos resultaron de luchas políticas y les dieron forma a sus logros.

Julio Maier

Es verdad que hay traidores que quieren detener la dinámica de la historia para degradar al ser humano, como tampoco faltan escribas que con tales fines corrompen los más nobles conceptos jurídicos.

Si bien esto es particularmente indignante en una región con cientos de miles de víctimas del subdesarrollo y del colonialismo financiero transnacional, lo cierto es que en todos los tiempos hubo mercenarios dedicados con empeño a estos despreciables menesteres. Nunca faltaron los ingenuos y perversos que quisieron reducir el derecho a una técnica neutra, pretendiendo que el maloliente producto de su olla de bruja sea útil tanto a las democracias como a las dictaduras criminales. Para eso se eleva la lógica a ontología y se fabrica un complejo aparataje funcional a la concentración de riqueza.

Pero usted, querido Julio, nunca fue un aséptico teorizador de algo tan despreciable que pueda servir tanto como tostadora para el desayuno o como instrumento de tortura del vecino.

No Julio, usted no desperdició la vida, ni tampoco el derecho es algo inservible: es el medio necesario para empujar la política de respeto a la dignidad humana, en la lucha en que usted participa como pocos, con su saber y su pasión y, más aún, con su ejemplo de vida.

Pero así es la vida del derecho: no tiene fin, ni en sus logros ni en sus fracasos. Es un unfinished, siempre en lucha, dinámico y, sobre todo, partisano, jamás neutro. No es posible ser neutral ante la negación de la dignidad humana, y es necesario ser partisano para luchar por su avance en la historia.

¡Vamos, Julio! ¡Todo jurista es político! Proyectamos jurisprudencia y actos de gobierno de la polis. No se niegue como político y, por ende, no lamente que el derecho sirva a la política, porque conforme a la naturaleza de las cosas no puede ser de otro modo.

La cuestión es hacerlo consciente y saber en todo momento que se responde a una política humana y no a una inhumana. Estamos del lado del derecho humano, pero sabemos que enfrente tenemos un derecho inhumano.

Julio, ¡bienvenido a la lucha en que siempre estuvo!

* Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

TRAICIÓN A LA PATRIA, Por Eugenio Raúl Zaffaroni (Fuente: Página12, 10/06/16)

Eugenio Raúl Zaffaroni

El brillante jurista disuelve como un castillo de naipes, las intenciones del establishment comunicacional, judicial, la DAIA, y de servicios de inteligencia nacionales y extrajeros: de imputar por traición a la patria a Cristina Fernández de Kirchner, y otros funcionarios; desmenuza la figura penal y demuestra sus requisitos imprescindibles, absolutamente ausentes en el caso. Finaliza diciendo "aquí es bien válido el pará la mano con decir cualquier disparate peligrosísimo y pretender que eso es derecho". 

 Creemos llegado el momento de requerir un mínimo de seriedad en las afirmaciones jurídicas insólitas difundidas por los medios masivos de comunicación social, al menos en cuanto a la invocación del tipo de traición a la Patria, esgrimido como recurso para desarchivar la imputación del fiscal Nisman, pues semejante pretensión excede por años luz el límite de lo jurídicamente opinable, al tiempo que pone en serio riesgo el objetivo preambular de asegurar la paz interior.

Todos los absolutismos del mundo, desde los tiempos de la Roma imperial, manipularon el concepto de traición para matar a todos sus enemigos políticos: basta recordar que el Tribunal del Pueblo nazista, bajo la idea de deslealtad, asesinó a miles de personas.

La Revolución Inglesa y el Iluminismo le habían puesto un freno a este deporte letal. Montesquieu advertía que es suficiente que la definición de este crimen fuese vaga para que el gobierno degenere en despotismo.

Los ingleses también habían sido generosos colgando opositores. Blackstone citaba a Montesquieu para propugnar la contención de esta práctica. Los norteamericanos le hicieron caso y definieron la traición en la Constitución, aclarando que only eso era traición y nada más, aunque después consideraron traición también a alguna rebelión armada.

En 1853 copiamos esa fórmula en nuestra Constitución. El dispositivo cambió de número, pero siempre con el mismo texto (art. 103 original, 33 de 1949, actual 119).

Se ha dicho que se usó este artículo contra Perón en 1956. No es cierto. El juez de facto Botet, en la dictadura de 1955, procesó a Perón y de paso a casi todo el peronismo, retorciendo el actual art. 29 y combinándolo con la famosa asociación ilícita, que hoy se aplica a Milagro Sala. Pero no usó el texto del 119. Esto es una novedad del ultimísimo tiempo.

En efecto: hubo muchos despropósitos jurídicos, pero la pretensión de manipular el 119 es de nuestros días.

Una cosa es abusar irresponsablemente del lenguaje para injuriar con esa calificación, lo que lamentablemente sucedió varias veces, pero otra muy diferente y mucho más grave, es pretender que la calificación tiene algún asidero jurídico, que es lo que hoy parece que se pretende.

Toda la doctrina constitucional argentina sostiene que ese artículo es una garantía y que no puede hacerse ninguna extensión arbitraria. No hay constitucionalista que diga otra cosa. Joaquín V. González quizá haya sido el más claro, pero se puede citar a otros muchos: Bidart Campos, Zarini, Vanossi, etc.

Tampoco hay penalista que haya escrito sobre el tema que no le asigne la misma naturaleza de garantía. Sin embargo, hoy se pretende manipular el concepto por fuera de la Constitución y, lo más insólito, es que nadie parece alarmarse demasiado.

La primera parte del art. 119 dice terminantemente que la traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro. Como lo subrayan todos los juristas argentinos que escribieron sobre esto, dice únicamente.

También por unanimidad, todos los doctrinarios del derecho penal, de todos los tiempos y de las ideologías más variopintas, afirman que esa definición presupone una guerra internacional. Vaya alguien a una biblioteca y lea a Gómez, Soler, Núñez, Fontán Balestra, González Roura, Levene, Creus, por citar sólo a algunos de los que ya no están entre nosotros.

En todo lo anterior no hay media biblioteca que diga otra cosa: no hay ningún folleto, salido de la pluma de algún constitucionalista o penalista argentino, que diga algo diferente.

La Nación Argentina fue víctima de una agresión, pero una agresión es una victimización, no una guerra. En último caso, la agresión internacional habilita al estado agredido a una guerra defensiva, pero esto nunca lo hizo la Nación Argentina, sino que se limitó a seguir los pasos procedentes conforme al derecho internacional, reclamando la extradición y sanción de eventuales responsables. No hay guerra de uno, la guerra siempre es entre dos.

El derecho internacional procede como el penal en caso de legítima defensa. Si alguien le propina un puñetazo a otro, se trata de una agresión ilegítima y el agredido puede defenderse, pero si no responde, no hay ninguna legítima defensa, sino sólo la agresión sufrida.

Nunca hubo una guerra con Irán, ni siquiera un preparativo. Jamás nuestros militares se prepararon para atacar a Irán. Por suerte, no hubo ni la más mínima intención bélica por parte de la Nación Argentina agredida.

El art. 18 constitucional prohíbe la pena de muerte por causas políticas, y si faltase el 119, esta disposición hubiese sido burlada, porque cualquier causa política hubiese podido ser considerada traición. Son dos disposiciones complementarias, pero que tienen un único objeto históricamente bien definido: evitar la confusión de cualquier delito con la traición, con lo cual la Constitución quiso erigir un obstáculo a toda tentativa de regresión a los sangrientos episodios de las luchas fratricidas del siglo XIX.

Nuestros constituyentes no copiaron el art. 119 sólo por mera imitación, sino también –y fundamentalmente– porque perseguían el objetivo de obstaculizar una regresión a los fusilamientos fratricidas. No lo evitaron, pero buena intención no les faltó.

Cuidado con esta creatividad perversa: la Constitución dice claramente que la traición es únicamente lo que ella dice y nada más, como garantía para todos los ciudadanos. Es expresa la voluntad constitucional de que nadie –al calor de cualquier circunstancia– manipule la estricta definición de la traición, sabiamente consagrada por nuestra Constitución desde 1853, porque eso implica abrir las compuertas a represalias y venganzas políticas ilimitadas, o sea, legitimar una regresión a tiempos de guerra civil, por fortuna superados.

Si bien los últimos tiempos nos acostumbran a despropósitos, este es de muy alto calibre, pudiendo decirse que con la tentativa de manipulación del artículo 119 constitucional se ha descompuesto el termostato jurídico. Aquí es bien válido el pará la mano con decir cualquier disparate peligrosísimo y pretender que eso es derecho.

* Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires.

CRISTINA NO FUE INFIEL, Por Eugenio Raúl Zaffaroni (Fuente: Página12, 13/04/16)

Eugenio Raúl Zaffaroni

Hay curiosidades penales, coincidencias, que si a veces no dicen mucho, llaman la atención. En este sentido, vale la pena recordar la genealogía de las fórmulas legales que hoy se usan para llamar a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner.

Una es la de supuesta administración fraudulenta (inc. 7º del art. 173 del Código Penal). No estaba en el texto original del código, sino que fue introducida en nuestra legislación por una reforma masiva de Onganía en diciembre de 1967 (la llamada Ley 17.567), copiada del actual parágrafo 266 del código alemán, donde fue incorporado por la reforma nazista de 1933, con el nombre de Untreue. En alemán Treue es fidelidad y Untreue significa infidelidad.

Pese a que hasta hoy conserva ese nombre en la ley alemana, la mención de la fidelidad allí produce escozor, porque es una expresión propia de la doctrina y los discursos de la época de su sanción: todo delito era una forma de infidelidad a la comunidad del pueblo cuyo intérprete máximo era el Führer.

En síntesis, lo que esta disposición pena es que alguien que tiene a su cargo la administración o manejo de bienes o intereses ajenos, los perjudique intencionalmente para causar daño o para obtener beneficios para sí o para otros.

La otra figura es la famosa asociación ilícita del art. 210 del Código Penal, que consiste en formar parte de una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación.

Fue introducida en nuestra legislación penal por una ley de tiempos de Roca (inc. 5º del art. 30 de la Ley 4.189 de 1903), y se copiaba de códigos europeos, donde se usó para sancionar sindicatos cuando la huelga no era un derecho, sino un delito.

Cualquier abogado o empleado de tribunales sabe que hay pocas condenas por esta figura, pero que sirve para incluirla en los procesamientos, con el objeto de negar excarcelaciones.

Se trata de una disposición que al menos, tomada al pie de la letra, es inconstitucional, porque basta para que haya delito con que tres o más personas se pongan de acuerdo en una noche de copas para formar una banda, aunque luego no hagan nada. Es obvio que es un acto preparatorio muy lejano de cualquier comienzo de ejecución o tentativa: sería un delito de peligro remotísimo, una mera manifestación de intención, sin necesidad de ninguna otra exteriorización delictiva.

A eso se debe agregar el absurdo de que un acto, que ni siquiera es de tentativa, puede resultar más gravemente penado que el mismo delito consumado, como en el caso de que tres mecheras de tienda se pongan de acuerdo para hurtar ropa interior.

Cabe aclarar que esto no lo decimos para esta ocasión, sino que lo hemos escrito en nuestros libros e incluso lo sostuvimos en un artículo publicado en Ambito Financiero, cuando se le quería aplicar a otro ex titular del Poder Ejecutivo, con el que no teníamos ninguna afinidad ideológica.

Estas son las figuras penales que se manejan en el caso, con su más que opaca historia política. Pero veamos si alguna se adapta al caso presente.

El hecho consiste en operaciones con dólar a futuro, que son corrientes. Se hacen calculando el valor de la divisa conforme a las previsiones del momento. Siguiendo la política de control de cambios vigente en el momento de prever el valor, la divisa en el futuro estaría –supongamos– a 10 pesos. Lo cierto es que la divisa estuvo a 15, por lo cual el Banco Central sólo recibe 10 pesos por cada dólar que hoy vale 15, con una pérdida de 5 pesos por dólar.

Esta diferencia se produjo porque se pasó del control de cambios al dólar flotante, es decir, porque se adoptó otra política monetaria: se pasó de Keynes a Milton Friedman.

Inclinarse por uno u otro no es delito, sino una opción política, salvo que se quiera procesar a Keynes. Tampoco pretendemos procesar a Friedman. Pero nadie podrá negar que al momento de calcular el valor del dólar en unos meses, no era previsible el advenimiento de una administración adoradora del mercado, que enciende velas en el altar de Friedman.

Pero si bien no es delito pasarse a Milton Friedman, sí lo sería no haber evitado o paliado el daño, habiendo anulado las operaciones a futuro (invocando la teoría de la imprevisión o algo parecido), renegociado esas operaciones o abandonando más gradualmente del control cambiario.

Como no se hizo nada por evitar o disminuir el daño, el Banco Central y nuestras reservas sufrieron el impacto de frente y sin ninguna amortiguación.

¿A quién benefició este daño? Como consecuencia del cambio de política monetaria, a los exportadores, pero directamente a los compradores de los dólares a futuro, que fueron fundamentalmente los bancos. Si bien este beneficio puede considerarse político para los exportadores, no puede negarse que fue directo para los bancos que compraron los dólares a 10 pesos.

Más aún: la propia Justicia, consultada sobre esas operaciones, dispuso que se sigan pagando hasta hoy los dólares a 10 pesos, o sea, que si se tratase de un delito, ni el propio juez que lo imputa trató de evitar que se consume el daño interrumpiendo las consecuencias.

Esta conducta de la propia Justicia sería algo así como ocuparse exclusivamente de pretender imputar a un secuestrador, pero al mismo tiempo dejar a la víctima atada en el sótano. Cuando un juez se halla en presencia de un delito, lo primero que debe hacer es interrumpir en lo posible sus efectos.

La conclusión de lo anterior podría extraerla Adrián Paenza: el Banco Central pierde 5 pesos por dólar en razón de la medida de la actual administración, que dejó flotando la cotización del dólar para beneficiar políticamente a los exportadores y directamente a los bancos, sin que la administración ni el propio juez hagan nada por paliar o evitar el daño.

¿Quién incurre en infidelidad, usando la expresión originaria de la fuente alemana? Si hubo un infiel, es claro que no fue Cristina.

Vamos a la famosa asociación ilícita. Desde la sanción misma del Código Penal en 1921 se viene explicando que debe tratarse de una banda destinada a cometer delitos en forma indeterminada, y no para uno o varios delitos en particular.

Es decir: una banda para asaltar bancos, para robar en los caminos, para tratar personas, para secuestrar, etc., y no un acuerdo entre tres personas para asaltar tal o cual banco, para robar un vehículo determinado, o para caer sobre una víctima personalizada.

Así lo dijo tempranamente el principal artífice político del Código de 1921, que fue Rodolfo Moreno (El Código Penal y sus antecedentes, Buenos Aires, 1923, Tomo VI, p. 7).

No creemos que sea muy racional pretender que la política de control de cambios es un delito, que quienes la llevan adelante son siempre una banda criminal, y que Lord Keynes sería el instigador (si estuviese vivo).

Mucho más racional sería pensar que no guarda fidelidad con los intereses que le fueron confiados quien deja flotando el dólar de la noche a la mañana, sabiendo que su precio va a dar un salto considerable, sin tomar ninguna medida que neutralice o disminuya el daño para el Banco Central que, como cualquiera podía observar, era consecuencia inevitable de esa medida, y a sabiendas, además, de que ese salto en el precio beneficiaría a los exportadores y, mucho más directamente, a los bancos compradores.

Si de fidelidad se trata, nadie quiera atribuirle a otro sus propias infidelidades.

* Ex juez de la Corte Suprema. Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

UNIVERSIDADES, POR EUGENIO RAÚL ZAFFARONI (Fuente: Página12, 05/11/15)

Eugenio Raul Zaffaroni

Nunca fue tan claro como en este siglo XXI que saber es poder, algo que las elites siempre supieron. En la Argentina nunca tuvimos aristocracia y hoy ni siquiera tenemos oligarquía, sino sólo una aspiración elitista de alguna riqueza concentrada que sintetiza su pensamiento bajo el lema de no avivar giles.

La polarización del siglo XX está sepultada en el pasado y lo que se discute hoy en el mundo es inclusión o exclusión o, en otras palabras, progreso o regresión en la realización de los derechos humanos. Por obvia que sea la fórmula todo ser humano es persona, lo que se discute mundialmente es si avanzamos o retrocedemos en su realización.

Como en nuestro país y en los últimos doce años se están avivando demasiados giles, es verdad que eso es peligroso para el proyecto transnacional de sociedad excluyente.

Cuantos más habitantes sepan y aprendan algo, más instrumentos tendrán para obtener sus derechos, cuando ya no hay zares ni palacios de invierno para tomar, porque el único palacio de invierno de nuestro tiempo es el saber.

Las distancias entre las naciones como entre las capas sociales internas, no las determina sólo la riqueza, sino que se marcan con discriminación en el saber, en la tecnología y en el know how.

Para nuestros propulsores locales del modelo de sociedad excluyente (30 por ciento incluidos, 70 por ciento excluidos), las universidades del conurbano bonaerense y las creadas en las provincias, son peligrosas fuentes de conciencia ciudadana y de reparto del know how.

Al modelo de sociedad excluyente se le impone contener la expansión del saber, para frenar la reproducción de potenciales propulsores de la inclusión social.

Es comprensible que desde el modelo excluyente se quejen de la existencia de demasiadas universidades públicas y gratuitas y las consideren un gasto inútil, aunque si fuesen más sinceros, tendrían que considerarlas un gasto perjudicial, porque son eso para su proyecto de exclusión.

Los argentinos disfrazados de aristócratas siempre resistieron la ampliación del acceso a la universidad, que desde la Reforma Universitaria de 1918 hasta el presente avanza enfrentando sus aspiraciones elitistas.

Es natural que se pongan muy nerviosos al constatar que el 90 por ciento del estudiantado del conurbano es una primera generación de universitarios, que gran parte proviene de hogares humildes, que recorren calles de tierra, que trabajan.

Siempre les molestó la gratuidad de la enseñanza universitaria. Cabe recordar la fugaz gestión de López Murphy en 2001, aunque hoy ese discurso se oculte por poco táctico.

Pero el acceso a la universidad no se garantiza sólo con que la universidad no cobre aranceles, porque es igualmente inaccesible si el estudiante debe pagar transporte, libros y materiales, viajar dos, tres o más horas y también trabajar. Menos aún es accesible para quien en alguna provincia, directamente deba mudarse a otra ciudad.

El no pago de aranceles es necesario para el acceso a la universidad, pero en modo alguno suficiente. Las universidades del conurbano y las nuevas nacionales en provincias, están llevando la enseñanza universitaria hasta donde nunca había llegado: el barrio, la propia ciudad, el municipio.

¡Demasiadas facilidades! ¡Lo gratuito no se valora! ¡Sólo se valora lo que se obtiene con sacrificio! No lo dicen en voz alta nuestros aspirantes a elitistas, pero lo piensan y susurran en la intimidad confidencial favorecida por algunos rubios champanes.

Herbert Spencer, el ideólogo racista del liberalismo económico del imperialismo británico del siglo XIX, decía lo mismo: la enseñanza no debe ser gratuita, porque no se valora y aprenden a leer libros socialistas. Su discurso fue acogido en su tiempo por todas las oligarquías de nuestra región.

¿Sacrificio? Estudiar requiere un esfuerzo que debe exigirse, pero el sacrificio jamás puede exigirse. Los que se sacrifican son meritorios, se los considera héroes y hasta se los eleva a los altares, pero ninguna sociedad puede exigir sacrificios, y menos para capacitarse. ¿O es que los pobres deben ser héroes para aprender y los ricos no?

Lo que alarma a nuestros procónsules del modelo transnacional de sociedad excluyente es, justamente, que estudiar vaya dejando de ser un sacrificio para los sectores subordinados, y tengan el mismo acceso a la formación universitaria que los segmentos acomodados. Con las nuevas universidades sólo se tiende a exigir paridad de esfuerzo, y por eso tienen miedo, no sea que los otros se esfuercen más.

Si nuestras aspirantes a elitistas realmente quisiesen el desarrollo y la afluencia de capital productivo, si en serio pensasen en la industrialización, no considerarían inútil el gasto en universidades, porque el capital productivo requiere elemento humano técnico, bien preparado. Las universidades son una inversión para el desarrollo industrial, pero ellos prefieren abrir la importación.

Aducen nuestros vernáculos imitadores de elites lejanas que hay un despilfarro, porque hay deserción universitaria. Mienten mucho al respecto, pero además, si la hubiera, tampoco sería un gasto inútil. Quienes deserten, de alguna manera llegaron a la universidad y, aunque no egresen como profesionales, serán mañana trabajadores, o también dirigentes, sindicalistas, políticos o empresarios. ¿Será acaso un gasto inútil que hayan pasado por alguna universidad? ¿No será útil que en la actividad que emprendan sepan algo más?

Otra cosa que les preocupa es el nivel, aunque nunca hayan manifestado la misma preocupación por el de las universidades privadas.

Pero al margen de eso surgen otras dudas. ¿Acaso no saben que no hay país en el mundo, por poderoso que sea, que no tenga más que un escasísimo número de excelencias creativas en cada rama del saber, y que los otros docentes universitarios son repetidores más o menos informados? ¿No saben que las pocas cúspides científicas que cada país tiene se reparten y las universidades se especializan?

¿No será que en vez de discutir una cuestión de nivel académico, están discutiendo un modelo de universidad? Si lo que pretenden es una universidad de altísimo nivel, que concentre las excelencias, para que en ella se forme el think tank de una minoría hegemónica, tienen razón, porque ese no es el modelo de universidad pública y gratuita que requiere una democracia.

Por otra parte, parece que también ignoran que buena parte de los científicos y pensadores del mundo que revolucionaron su saber, trabajaron en universidades pequeñas y provincianas, mientras no pocas veces los catedráticos de las grandes universidades les ofrecieron resistencia, en defensa retrógrada del saber oficializado.

Pero además de todo lo dicho, es menester advertir que no estamos solos en este mundo polarizado entre modelos de sociedad incluyente y excluyente y, por ende, los modelos de universidad deben enmarcarse en esa contraposición.

En la carrera de derecho, por ejemplo, la reducción de los estudios del primer ciclo universitario a cuatro años, acordada en el famoso Plan Bolonia europeo, elimina todas las asignaturas que hacen a la formación histórica, sociológica, filosófica y cultural, para producir solamente abogados tramitadores.

Si bien los dos ciclos siguientes habrán de producir a los juristas, éstos serán los menos y, al fin, su trabajo consistirá en reproducir tramitadores. Centrados en esta tarea, es lógico pensar que sus elaboraciones serán cada vez más pobres y mucho menos críticas, limitadas a visiones parciales, tecnocráticas y funcionales a las corporaciones oligopólicas que se disputarán los servicios de los mejores tramitadores. Por ende, la subestimación de nuestras universidades públicas y gratuitas no es una creación intelectual de nuestros aspirantes a elitistas, cuya inventiva sólo les alcanza para copiar discursos ajenos, sino ecos de peligrosas tendencias transnacionales.

La Argentina debe optar en pocas semanas entre dos proyectos: progresión o regresión, inclusión o exclusión social. ¿Preferimos la aspiración elitista fomentada por nuestros medios monopólicos entramados con el capital financiero transnacional, o aspiramos a una sociedad con base total de ciudadanía real?

La crítica a la ampliación de la universidad pública y gratuita proviene de la aspiración excluyente.

Estemos atentos a los cambios: si muchas veces la consigna fue la defensa de la universidad pública y gratuita, en esta opción no basta con eso, sino que se trata de defender también la igualdad real en el derecho de acceso al saber, como reafirmación de la democracia. La universidad de una sociedad incluyente debe ser pública, realmente gratuita y, por ende, democrática. Seamos conscientes de que en nuestro tiempo la revolución se hace mediante la toma del saber.

SOY "CHUSMA", POR E. RAÚL ZAFFARONI (PÁGINA12, 24/09/15)

EUGENIO RAÚL ZAFFARONI

“La ley Sáenz Peña, ha venido entre no- sotros a asegurar el triunfo de la bestia policéfala, analfabeta, todo instinto, sobre los brotes excelsos del alma humana en la tierra virgen de nuestras pampas y desiertos. Y lo peor es que vivimos dentro de la atmósfera del sufragio universal, convertido en Evangelio de los teorizadores, hijos de la Revolución Francesa, que han hecho del mundo un infierno.”

Esto escribía un senador nacional, que había sido gobernador de Jujuy, en los años treinta del siglo pasado (Benjamín Villafañe, La ley suicida, 1936, p. 15), al que siguió un libro titulado Chusmocracia, en que abordaba temas tales como “el sufragio universal ante la ciencia biológica”.

Nadie hoy habla con la claridad de Villafañe, pero algunos parecen pensar lo mismo.

Ahora que hubo jueces que actuaron jurídicamente y salvaron la dignidad de la condición de magistrados, la resolución que revocaron merece ser meditada, porque sin duda es una de las más graves decisiones que salió de los estrados de un Poder Judicial de nuestro país, y que en su fondo ideológico es mucho peor que la famosa Acordada de la Corte Suprema nacional del año 1930: la lamentable acordada pretendía limitarse a reconocer una situación “de hecho” que había avasallado la voluntad mayoritaria, derrocando y poniendo en prisión a un presidente popularmente electo, pero esta resolución pretendió, por sí misma, desconocer la voluntad mayoritaria: no “reconocía” lo que había hecho un general alucinado por el corporativismo, sino que ella misma producía el hecho.

En su espíritu no hay nada diferente a lo que con claridad expresaba Villafañe: la “chusma” es explotada, se aprovechan de su ignorancia, el “clientelismo” invalida las elecciones. No son las fallas de un procedimiento electoral, que no tenían relevancia para el resultado final de la elección, sino todo el proceso eleccionario, porque se habría engañado a las masas ignorantes. El reclamo del voto calificado aunque tácito, queda claro: la ley Sáenz Peña es un error.

Es penoso que no recordemos nuestra historia no tan lejana. Tuvimos dos elecciones anuladas: una en 1931, cuando el dictador Uriburu anuló el triunfo de la fórmula radical PueyrredónGuido en la provincia de Buenos Aires, y mandó a los dirigentes radicales a Ushuaia. Relean muchos políticos de nuestros días el libro de Ricardo Rojas, sobre su estadía en Ushuaia. Relean los diarios de 1916, que son los mismos que ahora ponderan la decisión tucumana revocada, cuando se escandalizaban de que la “chusma” hubiese desatado los caballos del coche de Yrigoyen. Recuerden cuando en 1912 en Santa Fe, en la primera aplicación de la ley Sáenz Peña, les abrieron las urnas por debajo para llenarlas de votos conservadores. Recuerden a Yrigoyen en Martín García.

La segunda anulación de elecciones provinciales fue la de 1962, cuando militares golpistas obligaron al Presidente a firmar la anulación y luego lo llevaron preso, también a Martín García, donde ya habían llevado preso a Perón, quince años después que a Yrigoyen. ¿Se olvidaron que a la isla Martín García la llamaban “YPF” (Yrigoyen, Perón, Frondizi)?

El pasado manda, los muertos mandan aunque no hablen, hay historia y memoria, no podemos borrar el pasado, porque siempre hay alguien que refresca la memoria.

No se olviden que muchos, si ahora escriben y hablan y pasaron por las universidades, en buena medida lo deben a los gobiernos votados por las “chusmas”. Si hacen un buen análisis de conciencia, verán que fue gracias a esos gobiernos que muchos pueden gozar efectivamente de lo que son. ¿Quiénes abrieron nuestras universidades al pueblo, sino los gobiernos de la “chusma”?

Quizá más, algunos tal vez les deban la vida misma. Pueden ser los beneficiarios de la política de salud de Ramón Carrillo, que murió pobre y en el exilio. Y eso fue gracias al voto de la “chusma” del 17 de octubre de 1945, que fue calificada de “aluvión zoológico”.

Sinceramente, antes que pertenecer a la elite racista y pretender corregir los “errores” de las mayorías con una visión iluminada de minoría ilustrada, única capaz de percibir la realidad que se le oculta a las “mayorías ignorantes”, no dudo en ser parte de la “chusma” de Villafañe. Decididamente me hubiese sumado a desatar los caballos del coche de Don Hipólito y treinta años más tarde me hubiese refrescado los pies en la Plaza de Mayo. No puedo dudar en asumirme como “chusma”.

¿Es esta una manifestación de autoritarismo fascista? No, Villafañe tenía razón: es la Revolución Francesa la que tuvo la culpa, la de las mujeres hambreadas que cantaban La Marsellesa, que con gusto y sin saber mucho de dónde viene entona nuestra elite perfumada. Está claro. El liberalismo político tuvo la culpa del triunfo de la “chusma”. Obvio, porque el liberalismo político es igualitario y, por ende, es el antagonista del “liberalismo económico” desigual que hoy postula el poder financiero transnacional y sus muñecos de ventrílocuo folklóricos y locales.

¿Son acaso nuestros elitistas quienes pueden llamarse liberales políticos? Es posible que los populismos hayan cometido errores, y más aún, como todo el que gobierna, seguramente los han cometido. ¿Pero quiénes fueron más antiliberales? ¿Acaso fue liberal lo que hizo Uriburu con los radicales o la revolución fusiladora con los peronistas? ¿Fue liberal proscribir partidos políticos mayoritarios? ¿Acaso fue liberal mandar presidentes a Martín García? ¿Fue liberal el comisario Lugones? ¿Fue liberal poner masivamente ciudadanos a disposición del PEN? ¿Fue liberal anular militarmente dos elecciones porque perdieron los que eran minoritarios? ¿Fue liberal bombardear la Plaza de Mayo, dándonos el triste privilegio de tener la única capital del continente bombardeada desde el aire? ¿Fue liberal ametrallar a los manifestantes desde el aire? ¿Fue liberal fusilar a Valle y sus compañeros sin proceso? ¿Fue liberal derogar una Constitución por decreto, sosteniendo que no había sido convocada por la mayoría de dos tercios, cuando faltaban unos pocos votos, para convocar inmediatamente a otra sin ningún voto y por la sola voluntad de un dictador? ¿Fue liberal el famoso decreto 4161? ¿Fue liberal sacarse de encima con un decreto una Constitución molesta, para acordar el ingreso al FMI? ¿Es liberal un diario que aplaudió estas medidas y en el que hoy pontifican con cara seria comentadores nada serios invocando un “republicanismo” incomprensible? ¿Es liberal pretender que la Presidenta no pueda entregar el mando a otro Presidente electo por la mayoría?

No es necesario mencionar la última dictadura para verificar que no fue más que la culminación de un largo proceso, jalonado por estas y otras atrocidades previas. No nació del vacío ni de la nada, no fue resultado de una invasión de extraterrestres, sino que se fue preparando con todos estos episodios, hasta acabar inevitablemente en el genocidio.

Cuando la pretendida superioridad elitista resurge, ahora nada menos que en los estrados de la “sagrada justicia”, no podemos menos que retomar el hilo de la historia contemporánea. Debemos tener memoria, pero no sólo de las atrocidades de la última dictadura, sino también de todo lo que la precedió, o sea, recordar el espíritu elitista de las minorías iluminadas y racistas que se consideraban superiores a la “chusma ignorante” y que, por ende, proclamaban que sólo ellas sabían qué era lo “bueno”, con un hipócrita paternalismo “tutelar” de las mayorías a las que explotaban y mantenían fuera del escenario político.

Por primera vez una sentencia pretendió anular una elección en toda nuestra historia. Hubo sentencias aberrantes que legitimaron el desconocimiento de la voluntad popular, pero por primera vez una sentencia quiso anularla directamente en virtud de su propio acto jurisdiccional. Por primera vez una sentencia asume en palabras más oscuras y confusas, oculto bajo eufemismos, el discurso transparente del viejo senador Villafañe. No hubo ninguna bocanada de aire fresco en esa sentencia, sino un aliento fétido que nos viene de los momentos más elitistas y antiliberales de nuestra historia contemporánea.

Soy “chusma”, lo asumo, pero no pretendo ser “el Pueblo”, porque también los que pierden cualquier elección son Pueblo, pero cuando son menos no tienen otra solución que resignarse y jugar en la próxima. Esa es la regla de la democracia. Otra actitud nos regresa hacia un pasado teñido de dolor, sangre y explotación, al que no queremos ni debemos volver.