LA CONSTITUCIÓN ES MÍA, Por Demetrio Iramain (Fuente: Tiempo Argentino, 17/12/15)

DEMETRIO IRAMAIN

Como su fortuna, Mauricio Macri cree que la Constitución es suya sola. Apenas un bien, con título de propiedad exclusivo sobre él. Alguien de su entorno más íntimo debería indicarle que no todo es “sí, se puede”. A escasas horas de asumir su presidencia, firma sensibles decretos con una liviandad ajena a su investidura.
Se sabe: contra toda legalidad, Macri anunció a través de sus voceros que echaría sin más y mediante un DNU, a la procuradora general de la Nación, que cuenta con el sobrado acuerdo del Senado, al tiempo que nombró por DNU y sin el debido acuerdo de los dos tercios de la Cámara Alta, a dos ministros en la Corte Suprema. Evidentemente ahí hay doble vara, triple discurso y flagrante violación a la Carta Magna.
Así, los dos supremos ingresan por la puerta de atrás, como lo hicieron los jueces de la dictadura puestos en Comisión por la Junta Militar de Videla. La nueva mayoría automática en la Corte se compone con los dos comisionados, más el duhaldista residual Juan Carlos Maqueda, el clarinista Ricardo Lorenzetti, y la única ministra mujer y que ha dado en el último tiempo sobradas muestras de independencia respecto de los poderes fácticos y de la férrea hegemonía que el juez de Rafaela construyó en el máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco.
Un hombre que le grita a Cristina, todavía presidenta y siempre mujer, por teléfono, y luego insulta por decreto y a través de los diarios a la mismísima Constitución Nacional, en vez de demostrar un gesto de autoridad, deja ver una profunda vocación autoritaria. La Constitución, un mero reglamento; el presidente, un cargo menor.
En la información de prensa publicada en la versión online de La Nación y que adelantó la inédita medida presidencial (nótese que el nuevo presidente utiliza los medios hegemónicos como canal institucional de comunicación), el operador Adrián Ventura aseguró que Macri “necesita que el tribunal esté completo ante la inminencia del impacto que generarán muchas de sus próximas medidas de gobierno”. ¿Cuáles serán esas medidas para justificar semejante asalto a la ley?
Desde luego, Macri conoce las debilidades del laboratorio que montó en la Casa Rosada: el kirchnerismo hizo una enorme demostración de fuerza, organización y cohesión el último día de mandato presidencial de Cristina, de la que el nuevo monarca adolece. Tanto fue así, que debió recurrir al Partido Judicial para adelantar un día el fin de la gestión. Así, la jocosa Revolución de la Alegría transita una peligrosa hendidura, tras la cual se adivina lo que podría ser un sombrío régimen dictatorial, con formas un tanto estrambóticas de consenso y una legalidad muy forzada.
No olvidar: el actual presidente se impuso por 700 mil votos. La mitad del país menos 350 mil personas, votó contra él y por la continuidad, aunque bajo otras formas, del proyecto nacional y popular. La indiscutida líder de ese proyecto fue calurosamente despedida en la Plaza de Mayo por una multitud que la desbordó por los cuatro costados. Sin embargo, y a poco de asumir, el nuevo presidente provoca a esa mitad del país, avanza contra los logros más estridentes del periodo político precedente y hasta constriñe las demarcaciones fijadas por la Constitucional, que fueron, paradójicamente, uno de los argumentos más fuertes durante la campaña electoral.
¿Acaso no es una provocación mostrar a Héctor Magnetto en la platea preferencial de la función de gala del Teatro Colón, el día de la asunción del nuevo presidente, y al día siguiente emitir un DNU creando un ministerio de Comunicaciones al que estaría supeditada la autoridad de aplicación de la Ley de Medios, en cuyo ente tienen representación proporcional las fuerzas políticas de oposición?
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue el resultado de una lucha cultural de años y años. Su normativa recoge los 21 puntos básicos por una radiodifusión democrática y los aportes que diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron durante meses en los foros de debate realizados en todo el país con el solo fin de optimizar el texto de la ley y volverla más democrática, diversa y plural. A Macri le bastaron menos de 24 horas de gestión para barrer con ella.
¿No es una abierta convocatoria a la ruptura total entre el gobierno y las fuerzas de oposición nombrar dos ministros en la Corte Suprema por decreto, pasando por alto la debida actuación del Congreso, y que uno de esos supremos sea abogado de Clarín y La Nación? ¿Cómo se le dice a eso? ¿Cómo hay que interpretarlo?
Cuando hablamos de que Macri se salteó groseramente el Congreso en el mecanismo para nombrar nada menos que a dos ministros en la Corte, no estamos hablando de una violación procedimental. Es mucho más grave que eso. Se trata de un peligroso ninguneo a la política. A la necesidad de alcanzar consensos. Al debido respeto político que el oficialismo le debe a las fuerzas de oposición. El fascismo, precisamente, es eso: la negación de la política. De la diversidad. De la contradicción. Cristina diría, “no es magia”. Esa certeza de la política es una verdad de época, un hito en la cultura democrática de los argentinos. Por el contrario, el autoritarismo, el decretazo, la prepotencia a las que apela Macri a poco de empezar, son formas cuasimágicas, y profundamente ilegítimas de obtener por medios “non sanctos” lo que la lucha política no da.
La pregunta, sin embargo, sigue siendo otra. Todos hablamos del accidente de gendarmes en la Ruta 134, pero nadie se detiene a analizar qué iban a hacer esos uniformados en Jujuy. ¿Para qué Macri necesita asegurarse la Corte Suprema, disciplinar a todos los medios de comunicación y alistar fuerzas de represión apenas unas pocas horas después de asumir el cargo? No olvidar: la solución a la crisis capitalista planeada por el capital financiero internacional y sus socios locales, no era el kirchnerismo precisamente, sino la dolarización con represión. No era el desarrollo endógeno y la inclusión social, sino el tratado de libre comercio con EE.UU. y la criminalización de la protesta. Exactamente eso era lo que anunciaba Carlos Melconian como futuro ministro de economía de Menem, si el riojano se imponía en las presidenciales de 2003.
Ahora ese tecnócrata ultraliberal, que se corta el pelo en el mismo coiffeur que el ministro de Justicia Germán Garavano, es parte del equipo económico de Macri. ¿Qué elefantes económicos podrían pasarnos por la espalda mientras en el frente discutimos sobre las formas institucionales? «

CAMBIO BONO DE FIN DE AÑO POR DNU, Por Demetrio Iramain (Fuente: Tiempo Argentino, 03/12/15)

DEMETRIO IRAMAIN

Mauricio Macri dejó trascender que iniciaría su gobierno con la aplicación de un Decreto de necesidad y urgencia para remover de su cargo a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Lindo. Como para que no queden dudas que el mayor objetivo de la derecha es cuidar las formas institucionales y, especialmente, salvaguardar la división de poderes. Ojalá la derecha entienda que no hay gobernabilidad posible sin institucionalidad y defensa irrestricta de la legalidad, también la construida durante los últimos 12 años argentinos.
En efecto, la doctora a cargo de esa altísima investidura tiene garantías constitucionales para su ejercicio más allá del gobernante de turno. ¿Qué tiene más jerarquía, una ley sancionada debidamente por el Congreso o un DNU? ¿La Constitución nacional o los más íntimos y ocultos deseos del ingeniero electo?
Convendría que el mandatario próximo a ingresar con sus convicciones (su fortuna empresarial, porque "la base material determina la conciencia social") a la Casa Rosada, leyera la Constitución antes de sentarse en el sillón presidencial. O al menos sus artículos más sensibles.
Según lo establece el artículo 120 de la Constitución, "el Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera" de los demás poderes republicanos. El artículo 11 de la ley 27.148 (Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación), en tanto, señala que la Procuradora habrá de ser designada con las mismas exigencias que los miembros de la Corte Suprema, es decir, a propuesta del Poder Ejecutivo y con posterior acuerdo del Senado, que Gils Carbó obtuvo por 63 votos contra tres.
Por si el "ingenieri" lo desconoce, para ser Procurador hay que ser abogado (como no lo es la diputada Laura Alonso, no vaya a ser que quiera ubicarla como jefa de los fiscales), tener ocho años de ejercicio en esa profesión, y, esencialmente, conseguir el apoyo de los dos tercios de la Cámara Alta.
Debido a ese requerimiento de alto estándar, la eventual remoción de la Procuradora sólo puede producirse en base a las mismas causales y procedimientos establecidos para los supremos (matar, robar, o cometer cualquier otro delito, o caer en el mal desempeño de la función, lo que habilitaría un proceso de Juicio Político), y no cualquier otro inventado de apuro. ¿No resultaría acaso un grave atentado a la estabilidad de los más altos funcionarios judiciales, que para ser Procurador, o Defensor general, o Ministro de la Corte hubiera que alcanzar los dos tercios del Senado y para dejar de serlo bastara con un simple decreto presidencial?
Algo hemos mejorado, sin embargo, los argentinos: la nueva Unión Democrática y su "Revolución Libertadora" cambia bombazos en la Plaza por medidas de escritorio, firmadas de la noche a la mañana, y sólo sostenidas en el fraguado consenso social que construyen pacientemente y sin pausa los medios hegemónicos. La pregunta es por qué intentaría Macri quitar del medio a Gils Carbó. Sin dudas, un proyecto de extranjerización total de la economía, con su consecuente costo social, debe ir acompañado de un brutal disciplinamiento de la justicia. Y, se sabe: Gils Carbó es una indisciplinada desde que falló contra la fusión de Cablevisión y Multicanal.
La gestión de la actual Procuradora al frente del Ministerio Público Fiscal se distingue por la protección de los vulnerables y no por su estigmatización. Prueba de ello son las agencias ATAJO, de Acceso a la Justicia, ubicadas en las villas de Buenos Aires, y en los barrios más humiles de la periferia de Rosario, Mar del Plata y Mendoza. Allí los pobres son tratados como sujetos de derecho, y no como objeto de las redes más excluyentes de la selectividad penal. Si el plan de Macri es tirar del mantel, borrar de un plumazo todo rastro de institucionalidad y dejar del margen hacia fuera a los segmentos sociales más empobrecidos, no puede permitirse que esos sectores sean reinsertados al sistema por medio de la justicia y la concientización de sus derechos.
Y no sólo. La actuación de la Procuradora durante sus 3 años de actuación se caracteriza por la persecución del crimen organizado, el acecho a sus redes más complejas (como las de trata de personas, el narcotráfico y el lavado de dinero), y la profundización de los procesos de sanción penal a los genocidas cívicos y militares. Esas tampoco son buenas señales para el nuevo gobierno, que dispuso integrar su gabinete con gerentes de las corporaciones que podrían ser alcanzadas si las investigaciones sobre el rol civil y el móvil económico del genocidio se ahondaran. Por ejemplo: la Sociedad Rural.
En tal sentido, tantas batallas libradas durante los últimos años en búsqueda de la democratización de la justicia sugieren, en el miope cálculo de la derecha, la urgente necesidad de quitar las malezas que ensucian la férrea hegemonía impuesta a como dé lugar por Ricardo Lorenzetti y las asociaciones corporativas de jueces, fiscales y abogados reaccionarios (más el cadete de esa mixtura, Julio Piumato).
Macri no está inventando nada. Ya lo vimos los argentinos durante el menemato. Pero todo puede ser peor. Mientras el riojano utilizó su mayoría legislativa para sancionar una ley que amplió groseramente la composición de la Corte, pasando de 5 a 9 miembros, el ingeniero carga tinta en su lapicera y promete DNU como quien reparte caramelos.
¿Y el bono de fin de año? Ya en diciembre de 2011 (y desde entonces en todas las Navidades), Hugo Moyano salió al ruedo para reclamar el pago de un "bono de fin de año". Era un paso más en su loca pirueta política, mediante la cual pasó de llenar la Avenida 9 de Julio en apoyo a la reelección de Cristina, a anunciar un paro general en los estudios de TN. Pablo Micheli, en tanto, reclamaba acercándose fin de año, no un bono, sino la urgente reapertura de paritarias, ante el aumento de precios y el "incontenible" avance de la inflación. Luis Barrionuevo, a su turno, agregaba su habitual dosis de histrionismo y dramaturgia y anunciaba inexorables saqueos de supermercados.
Ahora, sin embargo, y cuando el país asiste a una brutal remarcación de precios, buscada deliberadamente por los especuladores cambiarios que ansían una mega devaluación (y anunciada por el gabinete económico mediante formas tan rebuscadas como el "sinceramiento" de la economía), esos sindicalistas no dicen nada. Callan. Dan consenso. Tristes muecas de la revolución de la alegría. «

¿QUÉ TIENEN CONTRA GILS CARBÓ?, Por Demetrio Iramain (Fuente: Tiempo Argentino, 26/11/15)

DEMETRIO IRAMAIN

En 1999 Pinochet se hizo pasar por un viejito bueno, enfermo terminal, ante los jueces ingleses, para evitar ser trasladado a Madrid, donde lo esperaba Baltasar Garzón para enjuiciarlo por delitos contra la humanidad. Entonces, y tras conseguir el favor de la Cámara de los Lores, el genocida viajó inmediatamente a Chile; apenas descendió del avión le pegó una bofetada al mundo y se levantó, desafiante, de su silla de ruedas. ¿Cuánto le faltará a Mauricio Macri para hacer exactamente lo mismo con su "revolución de la alegría"? ¿Marzo? El ajuste ya empezó por lo simbólico. Y en Tribunales.
En mayo de 2003, apenas ingresó con sus convicciones a la Casa Rosada, Néstor Kirchner dijo, terminante: "El ministro de economía voy a ser yo". Era, hasta entonces, la síntesis conceptual más fuerte de un inevitable y alentador cambio de época en ciernes. Se rompía con una idea fuerza de la década precedente, según la cual el diseño y la implementación de las políticas económicas debían depender de los expertos en números, diplomados en el extranjero. El Estado en manos de tecnócratas y no de políticos. Academia, no ideología. Maestrías, no militancia. 12 años después, el nuevo presidente electo anuncia en su primera conferencia de prensa que designará a 6 ministros para la misma área. Fijate.
El saqueo económico que notifica bajo cuerda la derecha debe ir acompañado de un profundo cambio cultural. Se edificará sobre nuevos (viejísimos) paradigmas. La más cerrada ortodoxia noventista, posmoderna, es presentada como una novedosa "forma de hacer política".
Una de las condiciones necesarias para la híper concentración de riquezas en pocos apellidos, es bajarle el tono a la política de Estado respecto de los juicios contra los genocidas cívico-militares. Especialmente los cívicos y particularmente los económicos. ¿Por qué? Porque unos y otros (los que se beneficiaron con el golpe, y los que aun hoy mantienen su sillón en los directorios de las megaempresas y ansían la mega devaluación) son exactamente los mismos. De ahí la negativa que grandes capitalistas y legisladores de la neo Alianza hicieron respecto del proyecto de ley para avanzar en la investigación sobre el papel que jugaron los grupos económicos en el genocidio.
En tal sentido, bienvenido el desaire generalizado al editorial del lunes en el diario La Nación. Pero para que ese rechazo sea completo debe comprender un repudio, también masivo, a la campaña contra Alejandra Gils Carbó y Alejandro Vanoli. Porque no hay violencia económica, ni ampliación de la brecha social (que es lo que viene a hacer Macri), sin naturalización de las desigualdades que introdujo por la ventana la dictadura.
El editorial del centenario diario es el segundo movimiento de la operación contra la Procuradora y el titular del Banco Central. Resulta difícil creerle a Macri cuando dice que los juicios de lesa humanidad continuarán si inmediatamente después, en el párrafo siguiente, compara el genocidio con los presuntos actos de corrupción del gobierno saliente.
El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti también dijo algo parecido, aunque con su propio toque, plagado de sutilezas: "Ningún gobierno es dueño de los Derechos Humanos". La eventual impunidad, ¿tampoco tendría dueño? Las ambigüedades de Lorenzetti en materia de Derechos Humanos se complementan con sus certezas políticas y económicas: el fallo del martes, que ordena suspender la deducción a tres provincias y devolverles sumas retenidas desde 2006, es una terminante orden de desfinanciar la ANSES y vaciar las reservas. Una brutal devaluación judicial, in situ, que debe ir acompañada de una estricta limpieza de todas las malezas del sistema de administración de Justicia, entre ellas, la Procuradora.
El juzgamiento de los crímenes de la dictadura y las investigaciones de las formas delictivas más complejas, como el narcotráfico y el lavado de activos, propias del desarrollo de las sociedades capitalistas profundamente desiguales y con Estados siempre en disputa, son el eje central de la gestión de Alejandra Gils Carbó. La definición por parte de la titular del Ministerio Público Fiscal de una política criminal que ya deje de estigmatizar a los pobres y no busque resolver sus conflictos a través de la punición, es un severo escollo para los planes de contracción económica y ajuste, que generan pobreza, exclusión social y crecimiento de la compleja relación entre delito y sectores vulnerables. Por eso la ofensiva en su contra.
¿Por qué hay que convalidar ligeramente la creencia que asegura que Gils Carbó es una "militante K"? ¿Por qué si la Procuradora jamás se declaró militante política, y es, en cambio, una funcionaria judicial de carrera, ingresada a ese Poder del Estado en 1987? ¿Por qué razón habríamos de creerle a Macri en su forzado discurso respecto de la "independencia de poderes", siendo que él nombró como Procurador general porteño a Martín Olmos, legislador del PRO hasta su nombramiento judicial, y habitué en las pistas de danza que monta el macrismo cada vez que gana una elección? Vamos. Al ingeniero Macri nadie va a pedirle que ejerza como abogado. Pero a un presidente de la Nación al menos hay que exigirle que lea la Constitución.
Por si fuera poco, Piumato. El cacique de uno de los tres gremios judiciales nacionales se convirtió definitivamente y ya sin posibilidad de retorno, en el portavoz entre los trabajadores de los intereses de la oscura corporación de jueces y fiscales. Su última picardía fue llamar a una medida de fuerza en reclamo de la renuncia de Gils Carbó, sin dudas la primera Procuradora del pueblo en tantos años de cruda y dura hegemonía de la derecha en el sistema judicial.
El viejo patrón sindical jamás les pidió la renuncia a Rodolfo Barra y Julio Nazareno, con quienes negoció un aumentito de sueldo disfrazado de reescalafonamiento, en 1994, del que trató que nadie se enterara, para no contradecir sus acuerdos con la mayoría automática, que por nada del mundo quería desagradar a Carlos Menem.
¿Será esa la causa del crecimiento del nuevo gremio SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina), especialmente entre los trabajadores del Ministerio Público Fiscal? ¿Ese es el costo que Piumato debe pagar por la insólita pirueta discursiva e ideológica que disfraza su traición política? ¿Habrá que buscar allí la razón por la que los empleados se desafilian de la vieja sigla y adhieren a la nueva organización, que precisamente hoy irá a elecciones para elegir su primera conducción? La respuesta es sí.