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| DEMETRIO IRAMAIN |
Mauricio Macri dejó trascender que iniciaría su gobierno con la aplicación de un Decreto de necesidad y urgencia para remover de su cargo a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Lindo. Como para que no queden dudas que el mayor objetivo de la derecha es cuidar las formas institucionales y, especialmente, salvaguardar la división de poderes. Ojalá la derecha entienda que no hay gobernabilidad posible sin institucionalidad y defensa irrestricta de la legalidad, también la construida durante los últimos 12 años argentinos.
En efecto, la doctora a cargo de esa altísima investidura tiene garantías constitucionales para su ejercicio más allá del gobernante de turno. ¿Qué tiene más jerarquía, una ley sancionada debidamente por el Congreso o un DNU? ¿La Constitución nacional o los más íntimos y ocultos deseos del ingeniero electo?
Convendría que el mandatario próximo a ingresar con sus convicciones (su fortuna empresarial, porque "la base material determina la conciencia social") a la Casa Rosada, leyera la Constitución antes de sentarse en el sillón presidencial. O al menos sus artículos más sensibles.
Según lo establece el artículo 120 de la Constitución, "el Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera" de los demás poderes republicanos. El artículo 11 de la ley 27.148 (Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación), en tanto, señala que la Procuradora habrá de ser designada con las mismas exigencias que los miembros de la Corte Suprema, es decir, a propuesta del Poder Ejecutivo y con posterior acuerdo del Senado, que Gils Carbó obtuvo por 63 votos contra tres.
Por si el "ingenieri" lo desconoce, para ser Procurador hay que ser abogado (como no lo es la diputada Laura Alonso, no vaya a ser que quiera ubicarla como jefa de los fiscales), tener ocho años de ejercicio en esa profesión, y, esencialmente, conseguir el apoyo de los dos tercios de la Cámara Alta.
Debido a ese requerimiento de alto estándar, la eventual remoción de la Procuradora sólo puede producirse en base a las mismas causales y procedimientos establecidos para los supremos (matar, robar, o cometer cualquier otro delito, o caer en el mal desempeño de la función, lo que habilitaría un proceso de Juicio Político), y no cualquier otro inventado de apuro. ¿No resultaría acaso un grave atentado a la estabilidad de los más altos funcionarios judiciales, que para ser Procurador, o Defensor general, o Ministro de la Corte hubiera que alcanzar los dos tercios del Senado y para dejar de serlo bastara con un simple decreto presidencial?
Algo hemos mejorado, sin embargo, los argentinos: la nueva Unión Democrática y su "Revolución Libertadora" cambia bombazos en la Plaza por medidas de escritorio, firmadas de la noche a la mañana, y sólo sostenidas en el fraguado consenso social que construyen pacientemente y sin pausa los medios hegemónicos. La pregunta es por qué intentaría Macri quitar del medio a Gils Carbó. Sin dudas, un proyecto de extranjerización total de la economía, con su consecuente costo social, debe ir acompañado de un brutal disciplinamiento de la justicia. Y, se sabe: Gils Carbó es una indisciplinada desde que falló contra la fusión de Cablevisión y Multicanal.
La gestión de la actual Procuradora al frente del Ministerio Público Fiscal se distingue por la protección de los vulnerables y no por su estigmatización. Prueba de ello son las agencias ATAJO, de Acceso a la Justicia, ubicadas en las villas de Buenos Aires, y en los barrios más humiles de la periferia de Rosario, Mar del Plata y Mendoza. Allí los pobres son tratados como sujetos de derecho, y no como objeto de las redes más excluyentes de la selectividad penal. Si el plan de Macri es tirar del mantel, borrar de un plumazo todo rastro de institucionalidad y dejar del margen hacia fuera a los segmentos sociales más empobrecidos, no puede permitirse que esos sectores sean reinsertados al sistema por medio de la justicia y la concientización de sus derechos.
Y no sólo. La actuación de la Procuradora durante sus 3 años de actuación se caracteriza por la persecución del crimen organizado, el acecho a sus redes más complejas (como las de trata de personas, el narcotráfico y el lavado de dinero), y la profundización de los procesos de sanción penal a los genocidas cívicos y militares. Esas tampoco son buenas señales para el nuevo gobierno, que dispuso integrar su gabinete con gerentes de las corporaciones que podrían ser alcanzadas si las investigaciones sobre el rol civil y el móvil económico del genocidio se ahondaran. Por ejemplo: la Sociedad Rural.
En tal sentido, tantas batallas libradas durante los últimos años en búsqueda de la democratización de la justicia sugieren, en el miope cálculo de la derecha, la urgente necesidad de quitar las malezas que ensucian la férrea hegemonía impuesta a como dé lugar por Ricardo Lorenzetti y las asociaciones corporativas de jueces, fiscales y abogados reaccionarios (más el cadete de esa mixtura, Julio Piumato).
Macri no está inventando nada. Ya lo vimos los argentinos durante el menemato. Pero todo puede ser peor. Mientras el riojano utilizó su mayoría legislativa para sancionar una ley que amplió groseramente la composición de la Corte, pasando de 5 a 9 miembros, el ingeniero carga tinta en su lapicera y promete DNU como quien reparte caramelos.
¿Y el bono de fin de año? Ya en diciembre de 2011 (y desde entonces en todas las Navidades), Hugo Moyano salió al ruedo para reclamar el pago de un "bono de fin de año". Era un paso más en su loca pirueta política, mediante la cual pasó de llenar la Avenida 9 de Julio en apoyo a la reelección de Cristina, a anunciar un paro general en los estudios de TN. Pablo Micheli, en tanto, reclamaba acercándose fin de año, no un bono, sino la urgente reapertura de paritarias, ante el aumento de precios y el "incontenible" avance de la inflación. Luis Barrionuevo, a su turno, agregaba su habitual dosis de histrionismo y dramaturgia y anunciaba inexorables saqueos de supermercados.
Ahora, sin embargo, y cuando el país asiste a una brutal remarcación de precios, buscada deliberadamente por los especuladores cambiarios que ansían una mega devaluación (y anunciada por el gabinete económico mediante formas tan rebuscadas como el "sinceramiento" de la economía), esos sindicalistas no dicen nada. Callan. Dan consenso. Tristes muecas de la revolución de la alegría. «
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