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| Eduardo Anguita |
Ahora queda sólo uno de los killers del Triple Crimen de General Rodríguez. Marcelo Schillaci está alojado en el Penal de Olmos y los investigadores lo consideran una pieza clave para tratar de entender la inexplicable salida del domingo a la madrugada del Penal de General Alvear de su hermano Víctor Schillaci y de los hermanos Martín y Christian Lanatta. Los cuatro habían fueron condenados en 2012 y llevados al inexpugnable penal de Sierra Chica. En diciembre de 2013, los penitenciarios dijeron haber descubierto que los Lanatta y Víctor Schillaci habían limado algunas rejas de la ventana del pabellón donde estaban alojados, algo insuficiente como para concretar una fuga en un penal como aquel. Hacía sólo un mes que la Cámara de Casación Penal bonaerense confirmaba la prisión perpetua de ellos tres y de Marcelo Schillaci. Tras ese supuesto intento de evasión, el Servicio Penitenciario Bonaerense decidió llevarlos de Sierra Chica al de General Alvear, también una cárcel construida con criterios de máxima seguridad.
El caso es que la seguridad en las prisiones depende de la política y no de los candados. Por entonces, el alcaide mayor y abogado Ricardo Casal estaba al frente de una cartera hecha a su medida: el gobernador Daniel Scioli unificó dos ministerios muy importantes, Justicia y Seguridad, y los dejó en manos de Casal. De Seguridad depende la poderosa Bonaerense, mientras que de Justicia el oscuro Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde Casal hizo su carrera. Se consumaba en el organigrama algo que en la práctica tenía vasos comunicantes: el trato aceitado entre los porongas de los azules –policías- y sus semejantes de los grises –penitenciarios- que están al frente de las 50 cárceles donde viven en condiciones lamentables más de 30 mil presos, de los cuales la mayoría abrumadora son jóvenes, provenientes de familias pobres y muchos de ellos reincidentes. La trama que vincula a estos con la confección de las acusaciones de ciertos fiscales y los expedientes de algunos jueces es un arte mayor por el cual las comisarías están superpobladas de presos, la cantidad de procesados sin condena es explosiva: siete de cada diez, cuando la relación no debería ser de más de dos cada diez. Todo esto en una trama donde los vínculos entre los delincuentes y los funcionarios resultan muy difíciles de conocer. Scioli recién desdobló estos dos ministerios cuando puso al intendente de Ezeiza Alejandro Granados al frente de Seguridad en claro mensaje de campaña electoral.
Tiene que suceder algo ridículo, extremadamente infantil, para que la sombra de la administración del delito y las cajas de financiamiento ocultas le ganen la delantera a la ingenua idea de que las fuerzas son de seguridad y los delincuentes son los culpables de la inseguridad. Lo ridículo, en este caso, es creer que los Lanatta y Víctor Schillaci protagonizaron una fuga en la madrugada gracias a que sorprendieron a los guardias que había en el sector de Sanidad del penal de Alvear donde estaban alojados.
Dicen que secuestraron una pistola de juguete del Fiat 128 que le habrían robado a un penitenciario. ¿Quién se las dio? La única forma de que la visita de un preso entre un arma es por connivencia de las autoridades. ¿Por qué la dejaron abandonada?
La Unidad 30 de General Alvear fue inaugurada en 2000, con los mejores avances en tecnología y pensada para albergar a 1000 presos. Con los años, la población carcelaria creció un 50% más de la capacidad y la comida para los presos no respeta la dieta mínima de calorías. Por el choreo y desvío de carne y otros alimentos, en julio pasado cayeron en desgracia dos oficiales de mediano rango, Hernán Medrano y Ricardo Ferraiuolo. En cuanto a la provisión de agua, como el flujo de agua potable para los 10 mil habitantes del pueblo es escaso, para los presos hay sólo cuatro horas de agua corriente. Todo está denunciado en la UFI 20 de General Alvear, donde además llegan entre dos y tres denuncias diarias de apremios. También están radicados los informes de fallas en las cámaras de seguridad del penal.
Si los Lanatta y Víctor Schillaci hubieran esperado un día más para irse por la puerta de ese penal hubiera parecido una noticia fraguada para el Día de los Inocentes. Sin embargo, todo indica que se fueron en serio, la pregunta es cómo, con la ayuda de quién. Un hombre de la Justicia bonaerense describe así: "Alvear tiene tres sectores con nueve módulos. En cada módulo tenés un imaginaria y en cada pasillo de conexión tenés a otro imaginaria. Todos los pasillos conducen a un sector común que tiene cuatro rejas, todas con guardias. Fuera del edificio hay una garita externa de control. Es completamente imposible que tres tipos se escapen por el frente a las dos de la madrugada."
La televisión llegó a Alvear de la mano de Jorge Lanata para entrevistar a Martín Lanatta hace unos meses y dejó una pista explosiva. Ricardo Casal fue señalado como el hombre que facilitó el ingreso de Canal 13 justo en proceso electoral, justo en medio de una interna peronista donde Aníbal Fernández quería marcar sus diferencias con Scioli. Quien estaba al frente del Servicio Penitenciario era María Florencia Piermarini, y a cargo del área de Comunicación revistaba Gustavo Battista, encargado del vínculo con el canal para montar la entrevista en la cual Martín Lanatta dijo ni más ni menos que Aníbal Fernández era una pieza clave en el tráfico de efedrina. Piermarini y Battista siguieron en sus puestos tras el escándalo, ya que ni Casal ni Scioli querían hacerse eco de la mano de bleque que le atribuían por ese escrache al entonces jefe de Gabinete de Cristina.
Pero la pregunta es: ¿cómo es posible que María Eugenia Vidal desde el 26 de octubre, al día siguiente de su triunfo electoral, no tomara nota de que la U30 de General Alvear tenía a los Lanatta y a Víctor Schillaci y que los directivos del SPB puestos por Casal seguían en sus puestos? No se trata de cargar las tintas sobre la gobernadora, pero pasaron dos meses y se fueron caminando tres peligrosos asesinos y narcotraficantes para que Vidal reaccionara y pusiera al frente de las cárceles bonaerenses a Fernando Díaz, proveniente del Servicio Penitenciario Federal. Pese a ser considerado un buen profesional, estaba al frente del SPB hace una década, cuando 32 presos de la Unidad 28 de Magdalena murieron calcinados. El periodista Horacio Cecchi consignaba en ese entonces: El fuego se apagó solo. Los bomberos nunca entraron. No había agua en las bombas contra incendio y los matafuegos no funcionaban. Los que rescataron sobrevivientes y cuerpos fueron los presos del pabellón de al lado. Ahora están aterrados porque son testigos de todo lo que pasó. Los relatos de los internos del pabellón 15 son dantescos. Los familiares relataron haber visto "cantidad de cadáveres tirados en el piso como basura".
Ahora, la gobernadora deberá seguir de cerca la información que manejan Cristian Citterio, fiscal de la UFI 20, y de Federico Barberena, juez de los tribunales de Azul, quienes quedaron a cargo de la investigación de esta fuga que no parece haber sido tal sino una simple salida con ayuda institucional.
Este cronista consultó al periodista Alfredo Espino, director del periódico Alvear Ya, que se ocupó de modo sistemático de la situación en esa cárcel y que es una de las fuentes claves para tratar de tener algunas certezas en medio de tanta carne podrida. A su criterio, es inexplicable que las autoridades hayan decidido, una semana atrás, quitar la doble custodia que estaba en el sector de Sanidad prevista precisamente para controlar a los Lanatta y a Schillaci. A su vez, Espino no entiende cómo el ministro de Justicia de Vidal, Carlos Mahiques -un hombre que proviene de la Justicia provincial y conoce el mundo de los penitenciarios-, anunció días pasados "una purga" en el SPB. Las nuevas autoridades, en un circuito tan plagado de negocios turbios, se imponen, no se anuncian con antelación. Mahiques es inexperto en política además de haberse opuesto como juez al aborto de una joven con discapacidad mental que había sido violada. En la entrevista que le hizo Romina Manguel (colgada en el portal de Infonews) dio muestras de no estar familiarizado con los temas penitenciarios.
María Florencia Piermarini, la jefa penitenciaria puesta y controlada por Ricardo Casal, siguió en su puesto hasta que presentó la renuncia. Eso fue el 23 de diciembre, 13 después de que Vidal asumiera. En un país donde hay antecedentes explosivos de tomas de penales o de rechifles de presos a fin de año, la nueva gobernadora no tenía a nadie para reemplazarla. No solo eso, sino que no le contestó siquiera la renuncia.
Otro tema sobre el cual este cronista consultó al director de Alvear Ya es sobre el director (hasta el domingo 27) de la U30. Se trata del prefecto mayor Manuel Guebara, quien vivía en una casa alquilada cerca del penal y que estaba en su domicilio en la noche de la extraña fuga. A criterio del colega de Alvear, Guebara era bien visto por el vecindario del pueblo, incluso para muchos era de un trato mucho más afable que sus antecesores. De todos modos, Guebara es un informante clave para el fiscal y el juez de la causa. Por último, para ver lo coordinado que estuvo todo el operativo “de traslado” de los tres fugados, Alfredo Espino subraya que las cámaras de seguridad de Alvear registraron el ingreso de una Toyota negra doble cabina desde la ruta 205 hacia Villa Belgrano, un barrio humilde del pueblo, y cinco minutos después, el sistema de monitoreo constató que el vehículo salía de nuevo de Alvear. Tan sólo cinco minutos. Todo muy sincronizado. Demasiado.
El 18 de julio de 2008 se abría un capítulo importante en la historia del narco en la Argentina. Un "llamado anónimo" alertaba sobre la existencia de un laboratorio de drogas sintéticas en Ingeniero Maschwitz. Fueron detenidas 10 personas, nueve de ellas mexicanas. El ministro del Interior era Aníbal Fernández y José Granero estaba al frente de la SEDRONAR. En el periodismo se aprende a poner en sospecha algo que suelen hacer los servicios de inteligencia: poner en agenda algo impactante para ocultar un tema sensible. Ese 18 de julio se cumplían 24 años del atentado de la AMIA, la causa judicial más tramposa y sucia de la joven democracia argentina. El "llamado anónimo" pudo haber sido creíble dos días antes o dos después.
Se supo en aquel julio de 2008 que la Argentina importaba efedrina, un componente clave para la elaboración de drogas sintéticas, en cantidades absurdamente grandes. En México estaba muy controlada la importación. De Argentina a México iba de contrabando. La causa de la efedrina quedó en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría. Todavía está abierta. Ya había un fugado de la Justicia: Ibar Pérez Corradi hace 40 meses que tiene paradero desconocido y lo sindican como el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez.
Cabe recordar que Pérez Corradi estaba detenido con pedido de extradición a Estados Unidos y la jueza Sandra Arroyo Salgado lo liberó durante la tramitación. Eso significó que cuando terminó el papelerío para que lo mandaran a los tribunales norteamericanos, curiosamente, Pérez Corradi ya no estaba. Ahora están missing los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci. El único que quizá pueda dar testimonio algún día sobre los vínculos ocultos de la trama de la efedrina es Marcelo Schillaci. Ojalá que las nuevas autoridades eviten que se vaya o que le pase algo dentro del penal de Olmos. Ojalá la causa de la efedrina no transite por caminos similares a los de la causa AMIA. «
El caso es que la seguridad en las prisiones depende de la política y no de los candados. Por entonces, el alcaide mayor y abogado Ricardo Casal estaba al frente de una cartera hecha a su medida: el gobernador Daniel Scioli unificó dos ministerios muy importantes, Justicia y Seguridad, y los dejó en manos de Casal. De Seguridad depende la poderosa Bonaerense, mientras que de Justicia el oscuro Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde Casal hizo su carrera. Se consumaba en el organigrama algo que en la práctica tenía vasos comunicantes: el trato aceitado entre los porongas de los azules –policías- y sus semejantes de los grises –penitenciarios- que están al frente de las 50 cárceles donde viven en condiciones lamentables más de 30 mil presos, de los cuales la mayoría abrumadora son jóvenes, provenientes de familias pobres y muchos de ellos reincidentes. La trama que vincula a estos con la confección de las acusaciones de ciertos fiscales y los expedientes de algunos jueces es un arte mayor por el cual las comisarías están superpobladas de presos, la cantidad de procesados sin condena es explosiva: siete de cada diez, cuando la relación no debería ser de más de dos cada diez. Todo esto en una trama donde los vínculos entre los delincuentes y los funcionarios resultan muy difíciles de conocer. Scioli recién desdobló estos dos ministerios cuando puso al intendente de Ezeiza Alejandro Granados al frente de Seguridad en claro mensaje de campaña electoral.
Tiene que suceder algo ridículo, extremadamente infantil, para que la sombra de la administración del delito y las cajas de financiamiento ocultas le ganen la delantera a la ingenua idea de que las fuerzas son de seguridad y los delincuentes son los culpables de la inseguridad. Lo ridículo, en este caso, es creer que los Lanatta y Víctor Schillaci protagonizaron una fuga en la madrugada gracias a que sorprendieron a los guardias que había en el sector de Sanidad del penal de Alvear donde estaban alojados.
Dicen que secuestraron una pistola de juguete del Fiat 128 que le habrían robado a un penitenciario. ¿Quién se las dio? La única forma de que la visita de un preso entre un arma es por connivencia de las autoridades. ¿Por qué la dejaron abandonada?
La Unidad 30 de General Alvear fue inaugurada en 2000, con los mejores avances en tecnología y pensada para albergar a 1000 presos. Con los años, la población carcelaria creció un 50% más de la capacidad y la comida para los presos no respeta la dieta mínima de calorías. Por el choreo y desvío de carne y otros alimentos, en julio pasado cayeron en desgracia dos oficiales de mediano rango, Hernán Medrano y Ricardo Ferraiuolo. En cuanto a la provisión de agua, como el flujo de agua potable para los 10 mil habitantes del pueblo es escaso, para los presos hay sólo cuatro horas de agua corriente. Todo está denunciado en la UFI 20 de General Alvear, donde además llegan entre dos y tres denuncias diarias de apremios. También están radicados los informes de fallas en las cámaras de seguridad del penal.
Si los Lanatta y Víctor Schillaci hubieran esperado un día más para irse por la puerta de ese penal hubiera parecido una noticia fraguada para el Día de los Inocentes. Sin embargo, todo indica que se fueron en serio, la pregunta es cómo, con la ayuda de quién. Un hombre de la Justicia bonaerense describe así: "Alvear tiene tres sectores con nueve módulos. En cada módulo tenés un imaginaria y en cada pasillo de conexión tenés a otro imaginaria. Todos los pasillos conducen a un sector común que tiene cuatro rejas, todas con guardias. Fuera del edificio hay una garita externa de control. Es completamente imposible que tres tipos se escapen por el frente a las dos de la madrugada."
La televisión llegó a Alvear de la mano de Jorge Lanata para entrevistar a Martín Lanatta hace unos meses y dejó una pista explosiva. Ricardo Casal fue señalado como el hombre que facilitó el ingreso de Canal 13 justo en proceso electoral, justo en medio de una interna peronista donde Aníbal Fernández quería marcar sus diferencias con Scioli. Quien estaba al frente del Servicio Penitenciario era María Florencia Piermarini, y a cargo del área de Comunicación revistaba Gustavo Battista, encargado del vínculo con el canal para montar la entrevista en la cual Martín Lanatta dijo ni más ni menos que Aníbal Fernández era una pieza clave en el tráfico de efedrina. Piermarini y Battista siguieron en sus puestos tras el escándalo, ya que ni Casal ni Scioli querían hacerse eco de la mano de bleque que le atribuían por ese escrache al entonces jefe de Gabinete de Cristina.
Pero la pregunta es: ¿cómo es posible que María Eugenia Vidal desde el 26 de octubre, al día siguiente de su triunfo electoral, no tomara nota de que la U30 de General Alvear tenía a los Lanatta y a Víctor Schillaci y que los directivos del SPB puestos por Casal seguían en sus puestos? No se trata de cargar las tintas sobre la gobernadora, pero pasaron dos meses y se fueron caminando tres peligrosos asesinos y narcotraficantes para que Vidal reaccionara y pusiera al frente de las cárceles bonaerenses a Fernando Díaz, proveniente del Servicio Penitenciario Federal. Pese a ser considerado un buen profesional, estaba al frente del SPB hace una década, cuando 32 presos de la Unidad 28 de Magdalena murieron calcinados. El periodista Horacio Cecchi consignaba en ese entonces: El fuego se apagó solo. Los bomberos nunca entraron. No había agua en las bombas contra incendio y los matafuegos no funcionaban. Los que rescataron sobrevivientes y cuerpos fueron los presos del pabellón de al lado. Ahora están aterrados porque son testigos de todo lo que pasó. Los relatos de los internos del pabellón 15 son dantescos. Los familiares relataron haber visto "cantidad de cadáveres tirados en el piso como basura".
Ahora, la gobernadora deberá seguir de cerca la información que manejan Cristian Citterio, fiscal de la UFI 20, y de Federico Barberena, juez de los tribunales de Azul, quienes quedaron a cargo de la investigación de esta fuga que no parece haber sido tal sino una simple salida con ayuda institucional.
Este cronista consultó al periodista Alfredo Espino, director del periódico Alvear Ya, que se ocupó de modo sistemático de la situación en esa cárcel y que es una de las fuentes claves para tratar de tener algunas certezas en medio de tanta carne podrida. A su criterio, es inexplicable que las autoridades hayan decidido, una semana atrás, quitar la doble custodia que estaba en el sector de Sanidad prevista precisamente para controlar a los Lanatta y a Schillaci. A su vez, Espino no entiende cómo el ministro de Justicia de Vidal, Carlos Mahiques -un hombre que proviene de la Justicia provincial y conoce el mundo de los penitenciarios-, anunció días pasados "una purga" en el SPB. Las nuevas autoridades, en un circuito tan plagado de negocios turbios, se imponen, no se anuncian con antelación. Mahiques es inexperto en política además de haberse opuesto como juez al aborto de una joven con discapacidad mental que había sido violada. En la entrevista que le hizo Romina Manguel (colgada en el portal de Infonews) dio muestras de no estar familiarizado con los temas penitenciarios.
María Florencia Piermarini, la jefa penitenciaria puesta y controlada por Ricardo Casal, siguió en su puesto hasta que presentó la renuncia. Eso fue el 23 de diciembre, 13 después de que Vidal asumiera. En un país donde hay antecedentes explosivos de tomas de penales o de rechifles de presos a fin de año, la nueva gobernadora no tenía a nadie para reemplazarla. No solo eso, sino que no le contestó siquiera la renuncia.
Otro tema sobre el cual este cronista consultó al director de Alvear Ya es sobre el director (hasta el domingo 27) de la U30. Se trata del prefecto mayor Manuel Guebara, quien vivía en una casa alquilada cerca del penal y que estaba en su domicilio en la noche de la extraña fuga. A criterio del colega de Alvear, Guebara era bien visto por el vecindario del pueblo, incluso para muchos era de un trato mucho más afable que sus antecesores. De todos modos, Guebara es un informante clave para el fiscal y el juez de la causa. Por último, para ver lo coordinado que estuvo todo el operativo “de traslado” de los tres fugados, Alfredo Espino subraya que las cámaras de seguridad de Alvear registraron el ingreso de una Toyota negra doble cabina desde la ruta 205 hacia Villa Belgrano, un barrio humilde del pueblo, y cinco minutos después, el sistema de monitoreo constató que el vehículo salía de nuevo de Alvear. Tan sólo cinco minutos. Todo muy sincronizado. Demasiado.
El 18 de julio de 2008 se abría un capítulo importante en la historia del narco en la Argentina. Un "llamado anónimo" alertaba sobre la existencia de un laboratorio de drogas sintéticas en Ingeniero Maschwitz. Fueron detenidas 10 personas, nueve de ellas mexicanas. El ministro del Interior era Aníbal Fernández y José Granero estaba al frente de la SEDRONAR. En el periodismo se aprende a poner en sospecha algo que suelen hacer los servicios de inteligencia: poner en agenda algo impactante para ocultar un tema sensible. Ese 18 de julio se cumplían 24 años del atentado de la AMIA, la causa judicial más tramposa y sucia de la joven democracia argentina. El "llamado anónimo" pudo haber sido creíble dos días antes o dos después.
Se supo en aquel julio de 2008 que la Argentina importaba efedrina, un componente clave para la elaboración de drogas sintéticas, en cantidades absurdamente grandes. En México estaba muy controlada la importación. De Argentina a México iba de contrabando. La causa de la efedrina quedó en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría. Todavía está abierta. Ya había un fugado de la Justicia: Ibar Pérez Corradi hace 40 meses que tiene paradero desconocido y lo sindican como el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez.
Cabe recordar que Pérez Corradi estaba detenido con pedido de extradición a Estados Unidos y la jueza Sandra Arroyo Salgado lo liberó durante la tramitación. Eso significó que cuando terminó el papelerío para que lo mandaran a los tribunales norteamericanos, curiosamente, Pérez Corradi ya no estaba. Ahora están missing los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci. El único que quizá pueda dar testimonio algún día sobre los vínculos ocultos de la trama de la efedrina es Marcelo Schillaci. Ojalá que las nuevas autoridades eviten que se vaya o que le pase algo dentro del penal de Olmos. Ojalá la causa de la efedrina no transite por caminos similares a los de la causa AMIA. «
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