Tristeza não tem fim, por Julio Maier (Fuente: Página12, 05/09/16)

Julio Maier

Desconfío actualmente del Derecho, del orden jurídico y de sus instituciones prácticas. Esa falta de confianza comprende también a los operadores jurídicos, los jueces y funcionarios judiciales, los abogados y hasta los docentes en Derecho, y a los principios que adornan esos oficios, de modo genérico, esto es, sin intención alguna de injuriar a alguien en particular. Me pregunto yo a mí mismo: ¿cómo pude edificar mi vida alrededor de esta profesión y de sus instituciones? Una de mis conferencias, originada en una conversación con bachilleres con vocación de juristas, versaba sobre “¿Para qué sirve el Derecho?”. Hoy debería escribir lo contrario: el Derecho es inservible, al menos para los fines magnánimos para los cuales yo lo concebía. Es un mecanismo de dominación, de exclusión.

En efecto, a la vejez viruela, he venido a experimentar que no hace falta una intervención violenta, armada, contra las instituciones democráticas para anularlas en un santiamén. Nunca pude imaginar –a pesar de las amenazas pronunciadas y de la conciencia de que no todo estaba antes “bien hecho”– a un gobierno que en el mejor de los casos ganó una elección por un mínimo porcentaje de votos, en segunda vuelta y con todavía menor participación parlamentaria, en cuestión de horas o días podía desvalijar el trabajo de más de una década, regresar a épocas pasadas, ya transitadas y con resultados más que desastrosos para la población, todavía persistentes. Sirvan de ejemplo, en nuestro país, la derogación práctica, por decreto administrativo, de una ley de medios audiovisuales elaborada en años y alabada universalmente, la cercenación de los fondos sustentables de jubilaciones y pensiones universales y de otros beneficios sociales, el derrumbe de la paciente elaboración –de mayor antigüedad aún– de un mercado regional (Mercosur) y la trágica falta de aplicación de una de sus leyes básicas respecto de su administración (que sólo la R. O. del Uruguay, aparte del país excluido, osó defender como vigente e insustituible por otra solución ilegítima, de conformidad con la norma internacional de creación), el desmantelamiento de medios y oficinas estatales de auxilio para el juzgamiento de crímenes contra la humanidad, el reconocimiento inmediato, casi anticipado, de un gobierno de un país vecino, socio principal integrante del Mercosur, surgido de aquello que calificadas opiniones titulan como “golpe de Estado blando” –opiniones quizá discutibles pero nunca ignorables–, la pérdida de soberanía política y económica a favor de otro país dominante y su área de influencia, que incluye a los organismos financieros globales (FMI, Banco Mundial), el regreso de la desocupación de dos dígitos, alimentada por la propia administración pública (despidos masivos sin fundamento), de la inflación de porcentajes estratosféricos, del dólar como moneda nacional de ahorro y exportación de capitales, la calificación de inservible del Derecho laboral y sus convenciones colectivas, en fin, sólo unos pocos ejemplos de lo visto en medio año de gobierno. Más tristemente aún: todo ello contó con la colaboración –cuando no traición– de la oposición parlamentaria, incluso de parte del grupo político antes gobernante, que expresa verbalmente una cosa y hace otra, y con la cuasiomisión de las autoridades de la mayoría de las organizaciones sindicales. Pero, además, se reprime a organizaciones sociales como la Tupac Amaru, integrada por pueblos originarios, a la que se rotula como asociación ilícita, y se priva de libertad a sus dirigentes y colaboradores por la tamaña felonía de demostrar públicamente contra el gobierno.

A ello se suma lo sucedido ahora en Brasil, la mayor potencia económica, territorial y de población de nuestra América meridional, suceso anticipado en Paraguay y en Honduras a manera de ensayo: la utilización formal de un mecanismo constitucional de excepción como regla, para sustituir a una jefa de gobierno, que presidía el país votada por una inmensa mayoría del pueblo, sentencia de un tribunal integrado por legisladores elegidos popularmente, senadores nacionales, incluso algunos de ellos de la coalición política gobernante y varios sospechados formalmente por corruptos, cuasiconfesos de que la imputación contra la jefa de gobierno era inexistente o, cuando menos, no se había demostrado o no justificaba la condena. De nuevo era trágico, pero risible, payasesca, la exposición de fundamentos de los condenantes, la mayoría de los cuales no sólo no se atenía a la imputación deducida, objeto de la defensa practicada por la propia jefa de gobierno, sino que, antes bien, con claridad, ignoraba por completo la imputación deducida contra ella. Tan es así que no se alcanzó mayoría para condenar a la acusada a la pérdida de sus derechos políticos, sanción prevista en el ordenamiento jurídico-constitucional brasileño; sólo fue sustituida en su cargo de presidente del país.

Esto me afirma sin más en mi condena al Derecho como inservible o, mejor aún, servible a gusto y paladar de quien lo aplica prácticamente, sin reglas hermenéuticas claras y precisas, abierto a cualquier interpretación según los ideales (¿?), la necesidad o el interés de quien juzga. Un instrumento como éste no “hace justicia” en sentido alguno, sólo aplica poder, de modo similar a la violencia física, sin vergüenza o, mejor, sinvergüenzas o “canallas”, como dijera el legislador que señaló a uno de los condenantes con el dedo, según informó en este mismo diario un periodista brasileño, Eric Nepomuceno. Así sucede también en la vida común, fuera del ámbito político. Para muestra basta un botón: observen la imputación de fiscales y una organización social a la presidenta anterior y a su canciller por “traición a la patria” o, si les resulta mas sencillo, visiten una cárcel.

* Profesor titular consulto de DP y DPP, UBA.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (privilegios y derechos), Por Julio Maier (Fuente: Página12, 28/06/16)

Julio Maier

Según el presidente del tribunal supremo de nuestro país la cuestión de la imposición tributaria a los ingresos de los jueces ha tomado estado público y se debate hoy siempre cuando se habla del Poder Judicial. ¡Loada sea la opinión pública! Y loado sea el tacto político del presidente, que, sin embargo, limitó la cuestión a una discusión interna entre los jueces y funcionarios judiciales, mejor dicho, a una parte de ellos, pues no todos los gremios judiciales fueron invitados a debatir: según información periodística quedaron afuera, a más de los simples ciudadanos o sus representantes, incluso con cierta violencia cuando se hicieron presentes en la reunión sin invitación, los sindicatos que, aparentemente, serían mayoría entre los empleados o abarcarían mayor proporción territorial, por una parte, y una asociación civil directamente relacionada con el Poder Judicial, “Justicia Legítima”. Supongo que el jefe sólo quería escuchar voces amigas, de allí la marginación de algunas opiniones, pues a Justicia Legítima no le quedó otra opción que hacerse escuchar por medio de un comunicado que adelanta su posición distinta y opuesta a aquella que, al menos mayoritariamente, se expresó en la reunión.

Yo quiero aprovechar la bondad de Página/12 para, por enésima vez, hacer conocer mi opinión sobre esa pregunta, y ratificar lo escrito hace ya más o menos cuarenta años. En primer lugar, se debe comprender que nunca me pronuncié sobre el llamado “mínimo no imponible”, esto es, sobre el nivel del salario a partir del cual cabe aportar al bien común como ingreso gravable, ni sobre las diferentes escalas de aportes conforme al tamaño de la renta, pues no soy un tributarista experto y, menos aún, un estadista que conoce las necesidades y logros de la recaudación fiscal. Sólo pretendo advertir que la ley tributaria grava salarios similares –por otra parte, excelentes– los de los jueces y funcionarios judiciales regularmente, y que sólo una decisión administrativa de la Corte Suprema ha impedido, ilegítimamente, que su habilitación cumpla la función de “agente de retención” a la que todo empleador está obligado por la ley. No ha sido una decisión judicial en un caso de esa índole, como pregona la Corte de su función propia, la que le ha permitido fijar la excepción, sino, por lo contrario, una o varias acordadas administrativas las que dispusieron esta exención fiscal, en abierta contradicción con la competencia no sólo de la Corte sino, antes bien, del Poder Judicial en su conjunto.

Ya he dicho que sería de mal jurista el interpretar el capítulo de nuestra Constitución referido a la organización judicial como dedicado a conceder derechos a los integrantes del Poder Judicial, menos aún cuando ellos se traducen como privilegios desconocidos para los demás ciudadanos, salvo cuando el privilegio es expreso (estabilidad permanente en el cargo y método especial para su remoción). Antes bien, la regla fija obligaciones para los otros poderes del Estado, en este sentido para quienes fijan el importe del salario (nominal y en pesos, nuestra moneda, no muy apreciable pero, sin duda, nuestra). De tal modo, la intangibilidad del sueldo no es derecho que alcance al poder intangible de compra del salario que perciben los jueces –dicho sea de paso, de los mejores en la administración del Estado–, inmune así a las vicisitudes económicas del país, como ya fue afirmado por la Corte, ni tampoco una excepción a la colaboración de quienes más pueden aportar al bien común según sus ingresos, esto es, al tributo por la renta que percibe un ciudadano, que debe ser fijado por ley del Parlamento. Hoy quisiera afirmar algo más que eso: la negación del aporte parece ser egoísmo puro o, si se quiere, carencia de solidaridad con el prójimo (ver “Solidaridad vs. egoísmo”, Página/12, Contratapa, 10/2/2016).

* Profesor consulto de Derecho Penal, UBA.

SOLIDARIDAD VS. EGOÍSMO, Por Julio Maier (Fuente: Página12, 10/02/16)

Julio Maier

Creo que, sin perjuicio de la coherencia, los detalles y los porcentajes, las formas de pensar y los modos de vivir pueden reducirse a dos tendencias: la solidaridad vs. el egoísmo. Existen unas personas que privilegian la solidaridad, no importa ahora en qué medida, y lo privilegian mediante la estimación de un valor –no sólo– humano que reconocen en primerísimo lugar. Esas personas, si son sinceras con ellas mismas, miden en relación con ese valor sus propias acciones y el de aquellas acciones de quienes por razones temporales, espaciales o simplemente culturales conviven con ellos o a quienes, por alguna otra razón, les toca apreciar. Existen otras personas, en cambio, que prefieren el egoísmo, esto es, juzgan su vida y la de los demás desde ellos mismos, es decir, desde el individuo que realmente son y nadie discute, en más o en menos distinto a los otros, vara de medición de lo bueno y lo malo no sólo de los hechos propios, sino también de los ajenos. Solidaridad significa sentir por los otros, sufrir por ellos, pero también alegrarse por sus realizaciones; el egoísmo, en cambio, traduce toda alegría o sufrimiento al destino propio, si es ventajoso ese emprendimiento será bueno para ellos, si los perjudica lo desecharán, lo tacharán de inconveniente o inútil, como mínimo.

En términos políticos esta disonancia se traduce en individualismo vs. cooperativismo. Los unos estiman que el individuo, la persona individual, es la medida de todas las cosas. De allí que el presidente actual opine que cada uno de nosotros, los gobernados por él, debe encontrar o ubicar por sí mismo el lugar en el que es feliz, y que otro gobernante piense que la organización de un movimiento social, creado para cooperar entre todos para vivir mejor, significa la creación de un Estado dentro del Estado institucional. Los otros piensan que es más sencillo y más virtuoso hallar esa felicidad entre todos, cooperando en la obtención del lugar y los medios para lograr el resultado ansiado. No extraña entonces que la idea política del socialismo conduzca como de la mano a la cooperación y, en cambio, su contraria, hoy el liberalismo, sobre todo el económico y social, desconfíe del cooperativismo y apunte al ser individual. Como alguien dijo vulgarmente “todos unidos triunfaremos”, sentencia que vale tanto para expresar directamente una de esas ideas y, por negación, también la contraria.

De allí también que, en términos jurídicos, el personalismo se exprese con preferencia mediante el principio inmaculado, supremo, de la propiedad privada, al punto de que alguien afirmó públicamente hace días, como si fuera lo más natural del mundo, que los agricultores de este país podían disponer de su cosecha como mejor les viniera a su voluntad, en tiempo –cuando quieran– y, digamos, modal o espacialmente –como quieran–, y se sintieran absolutamente sorprendidos por la negación de estas posibilidades; mientras que los otros, aun sin saberlo, fundaban esa negativa en valores de solidaridad superiores a ella, como seguramente hubiera acertado quien concediera un valor social al derecho de propiedad.

Planteadas así las cosas, todo conduce, a mi juicio, a medir el valor o el disvalor de una acción de gobierno en términos de la lucha de valores entre la igualdad y la discriminación. Por supuesto, esta disidencia sólo se expresa aquí sin detalle alguno, y, sin embargo, ella aparece con toda claridad. Más allá de las medidas concretas y el modo en que ellas han sido o se ven realizadas, los diferentes funcionarios del gobierno actual tienen por cierto que las acciones de los gobernantes anteriores provocan la terrible necesidad de sincerar costos y precios antes subsidiados por el Estado. Así, por ejemplo, el ministro de energía asegura que el costo de la energía eléctrica debe subir en una proporción nunca antes vista para el usuario, con el fin de que las empresas que producen esa energía, la transportan y la distribuyen ganen lo suficiente como para invertir en modernizaciones que redunden en mayor y mejor producción y distribución de energía eléctrica, olvidando que los diques y usinas, y buena parte del trasporte y distribución pertenecen, en general, al Estado, lo mismo que el petróleo de nuestro subsuelo, y estima que el subsidiar esas actividades fue un error quasi corrupto del gobierno anterior. Por otra parte el mismo ministro y el mismo gobierno al cual pertenece toma medidas que empobrecen al Estado y favorecen a los individuos, especialmente a aquellos que no lo necesitan imperiosamente, como la disminución de impuestos para solventar aquellas necesidades conocidas bajo el nombre genérico de subsidios; no advierte, de esta manera –al menos claramente–, que tanto unos, como otros, quitan a unos aquello que dan a otros y, para el caso, su gobierno privilegia al egoísmo, la individualidad, la propiedad privada. y la discriminación social por sobre la cooperación del fuerte con el débil para una relación de vida más feliz y más equitativa para todos.

Q Profesor titular consulto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Ex juez del Tribunal Superior de Justicia de la CABA.

LA EXCEPCIÓN Y LA REGLA, Por Julio Maier (Fuente: Página12, 29/12/15)

Julio Maier

Así se llama una pieza teatral pequeña de Bertolt Brecht que no tiene desperdicio y que de vez en cuando podemos apreciar en Buenos Aires, expuesta en teatros independientes o aficionados. Pero lo cierto es que, metáforas literarias y eufemismos excluidos, los sociólogos de finales del siglo XX y comienzos del siguiente, y parcialmente también los juristas, han descubierto que los estados excepcionales se convierten rápidamente en permanentes, en reglas generales, por no decir absolutas. Debido a que quiero seguir pensando como ciudadano, sin atisbo alguno de la “ciencia” que me vio nacer y crecer, prefiero evitar los miles de citas que, con nombre y apellido, se podría enunciar aquí, para indicarles el fenómeno con un pequeño ejemplo de aquello que todavía me es usual y me viene rápido a cuento. La prisión preventiva, pese a los enormes esfuerzos principistas y textos jurídicos declamatorios de los juristas liberales, hace rato que se ha trasformado, incluso según la estadística, de excepción en regla. Algo que es más que un símbolo, pues, como se sabe, al arribar la revolución ilustrada la toma y la destrucción de la Bastilla por los revolucionarios liberales no halló presos o los halló en ínfima cantidad.

Yo me quejé de la aplicación de la excepción como regla en el caso de la señora procuradora general de la Nación. Estaba equivocado, el ministro del ramo parece representar alborozadamente a un defensor del método, que, en sí mismo, no significa otra cosa que un enemigo del Estado democrático: todavía hoy él sigue presionando por todos los medios para que, sin otro ton y son que un nombramiento de su amistad y confianza, la procuradora deje su cargo y le facilite la tarea. No le basta con que la procuradora, designada por una mayoría parlamentaria abrumadora y después del fracaso de alguien previamente elegido por el gobierno anterior, cumpla bien su tarea. Pero allí no queda la cosa: él aconseja al Presidente, seguramente, para que cometa esas acciones locas por las que algún día habrá de responder: me dio lástima que se provocara el alejamiento forzado de Tristán Bauer, a quien le debemos como mínimo Encuentro y Pakapaka, canales de TV que no tardarán en desaparecer, pues el Sr. Macri, a estar a sus designaciones, ni piensa tener, ni tiene por objeto la excelencia cultural, canales que constituyeron un modelo de TV pública. Seguramente él también es responsable de la decisión política de construir una radio nacional que responda a su nombre y a sus posibilidades; abominé asimismo de la destrucción por decreto de la ley de comunicación audiovisual y de tecnología de comunicación, aprobadas por una gran mayoría parlamentaria y luego de un debate cívico ejemplar, que expresamente preveían la autonomía y el pluralismo de sus entes reguladores y, de paso, la expulsión de sus directores y miembros por la policía (¡y lo que es peor: por orden judicial!). Y siguen los decretos y los nombres objeto de expulsión decretal... en momentos en los que una sola palabra presidencial y una agenda limitada podrían poner “la casa en orden”. Temí las balas policiales enfrentadas a una protesta laboral y, ya anciano, temo ingresar nuevamente en el cono de sombra de la expulsión social y la desocupación, también vía decreto de supresión de impuestos para aquellos que no necesitan mayor fortuna y de creación de favores extraordinarios para los custodios y rapaces de esas fortunas.

¡Qué lástima! Creí que mi país era un Estado independiente y voy a tener que resignarme a vivir lo que me queda y a morir en uno dependiente. Pero no nos equivoquemos, los responsables no son los conservadores que, mal o bien, siempre defendieron esos valores. Estimo que los que más deberán rendir cuentas van a ser los del otro lado, hoy aliados, el socialismo y el radicalismo, designados con nombres históricos, que, o bien apoyan estos métodos, como aquellos que abandonan la escena de instituciones autónomas, ratas del barco que se hunde, o bien los aplican, los toleran y hasta los votarán parlamentariamente.

* Profesor titular consulto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.

CORRUPCIÓN, Por Julio Maier (Fuente: Página12, 17/12/15)

Julio Maier

No deseo escribir estas líneas como jurista sino como ciudadano de a pie, porque me siento avergonzado de mi profesión de abogado, aunque ya no la ejerzo. Parece que nuestras facultades de Derecho producen especialistas en “chicanas”: artimaña de mala fe para obtener algo que se desea. No voy a descubrir nada si me refiero al gobierno del Sr. Macri, pues su largo gobierno de la CABA ya había puesto de manifiesto la utilización de reglas de aplicación excepcional como procedimientos de uso permanente, siempre antidemocráticos, contrarios al cacareo republicano de la coalición que él preside. Puedo entenderlo a él porque nunca lo creí demasiado informado ni un ejemplo para una república democrática y porque ostenta el título de ingeniero –¿será ingeniero?–, extraño al mundo jurídico. Pero me avergüenzo de sus asesores, funcionarios y prestos a aceptar funciones, que ejercen en la práctica el título de abogado –incluidos en ese colectivo los jueces y otros funcionarios judiciales–, que, como dije, no parecen haber aprendido en nuestras facultades otra cosa que proponer chicanas como soluciones.

Tal comportamiento ya se observaba en la falta de respeto por los parlamentos de nuestros abogados –record Guinness de vetos, cautelares y otras artimañas leguleyas–, pero alcanzó su cenit con aquella demanda que un fiscal y una jueza decidieron para fijar el día y la hora de finalización constitucional del cargo de presidente de la Nación y la necesidad ineludible de que nuestra república viva doce horas según la regla excepcional de la sucesión presidencial, situación que debería repetirse cada vez que un presidente cumpla el período de su mandato (en purismo: hasta cuando es reelegido). Fui consultado desde el extranjero por esa situación extraña, me avergoncé y no supe qué contestar.

Pero no había visto todo lo posible ni lo máximo, digno del record Guinness. Ayer fui consultado nuevamente por esto de los dos jueces de la CSJN designados por decreto y sin acuerdo del Senado, claramente evitado por el Sr. Presidente y sus letrados por razones obvias de cantidad de votos parlamentarios, que no le alcanzan para tornar efectivo sus deseos, y por un sentimiento extraño de necesidad, que sólo ellos pueden explicar. Este procedimiento, extraño a las prácticas democráticas de nuestra Constitución bien entendida, como buen padre de familia, y a nuestras instituciones, me llenó de vergüenza como ciudadano de este país y revivió en mí recuerdos relativos sólo a gobiernos autoritarios, militares, productos de golpes de Estado. Sin embargo, deseo ser sincero, no conozco bien a ninguno de los propuestos –que, se supone, han aceptado el método de nombramiento– y es posible que sólo a uno de ellos lo haya visto y hasta leído anteriormente. El descubrirlo allí me causó profundo dolor, pues, si no me equivoco, él era uno de los discípulos académicos de quien yo considero un verdadero demócrata, ejemplar, a quien respeto sobremanera. El maestro, seguramente, no le enseñó chicanas; dicho en general, tampoco parece haberle abierto del todo los ojos a quienes les regaló su sabiduría.

Eso pasa en ocasiones, algunas veces. La reiteración de episodios de este tipo es lo que yo llamo corrupción de las costumbres.

* Profesor titular consulto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.

ADIOS, TUTE, Por Julio Maier (Fuente: Página12, 06/10/15)

DAVID BAIGÚN

a David Baigún in memoriam

Desaparece una generación, según creo que anticipé en alguna oportunidad anterior. Estamos desapareciendo nosotros mismos, se nos van los amigos, los amigos del alma, quienes fueron nuestro faro, nuestro ejemplo de vida, quienes nos ayudaron en horas difíciles y festejaron con nosotros nuestras alegrías, con los que nos sonreímos, en horas felices, o lagrimeamos juntos abrumados por la tristeza, quienes nos halagaron, nos hicieron sentir personas útiles, aquellos a los que valoramos y que nos valoraron, quienes nos mostraron el camino y, sin proponérselo específicamente, nos enseñaron a vivir y sacrificarnos para alcanzar algo, y luego nos acompañaron para disfrutarlo.

Todo ello era el Prof. Dr. David Baigún, si debo nombrarlo como se merece académicamente, nuestro querido Tute en apodo de entrecasa y lenguaje cotidiano. Podría pasar horas reseñando sus valores. Prefiero recordar que, con su comportamiento, me enseñó que mi profesión, la de abogado, que tanta mala fama arrastra popularmente, sólo tiene sentido si mediante su ejercicio podemos ayudar al prójimo, a aquel que sufre justa o injustamente, especialmente a aquel que ha sido excluido del goce de los derechos acreditados a cualquier persona humana y que, mediante los mecanismos de la materia que abrazamos académicamente, ha perdido o está en riesgo de perder el derecho de los derechos, el de transitar libremente. Prefiero recordar a quien alguna vez me dijo que la ley y el Estado sólo tienen sentido si nos ayudan a los seres humanos a ser más iguales unos a otros y me enseñó que la existencia de ambos fenómenos sociales de la cultura humana sólo está justificada cuando tiene por finalidad la protección de los indefensos, de los necesitados, de aquellos que son vulnerables, débiles frente al poder real.

Como dijo el poeta español: “...y aunque la vida murió,/ nos dexó harto consuelo/ su memoria”.

* Profesor DP y DPP, U.B.A.