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| Leopoldo Moreau |
Mucho se ha escrito y dicho sobre las deformaciones que significan la politización de la Justicia y la judicialización de la política. Pues bien, en este último tiempo, en Argentina, sufrimos los dos males simultáneamente, con el añadido de la extorsión mediática que algunos ejercitan sobre los actores de esta tragedia. A esta altura, desentrañar la madeja judicial que se armó desde que medios hegemónicos, con la complicidad de algunos jueces y fiscales, decidieron iniciar una cacería contra Cristina Kirchner para intentar demoler su liderazgo, no sólo resulta una tarea casi imposible sino que, por momentos, presenta aristas rayanas en la comicidad y el ridículo.
Si no fuera que este afán persecutorio se origina en poderes fácticos, fiscales rabiosamente derechistas, algunos jueces venales y un Supremo embebido en deseos de poder, el escenario podría ser calificado como payasesco. Pero no lo es, precisamente, porque se trata de una acción política que pareciera responder a una matriz continental empujada por aquellos que a toda costa quieren destruir los movimientos populares para restaurar las reglas de juego que en el pasado solían apuntalar las dictaduras militares, particularmente en materia de distribución del ingreso.
Una rápida enumeración de alguno de estos hechos permite aventurar que, paradójicamente, los que fueron por lana corren el riesgo de volver esquilados. Esta semana conocimos que la diputada Elisa Carrió y el titular de la AFIP, Alberto Abad, fueron imputados por el fiscal Ricardo Taiano en la Justicia federal por el delito de “violación de secretos” y que para este hecho habrían contado con el concurso del subdirector general de operaciones impositivas, Jaime Mecikovsky. Al parecer, se les achaca que habían constituido una suerte de fuerza de tareas para armar dossier, o lo que vulgarmente conocemos como carpetazos, con el objeto de utilizarlos contra políticos, empresarios, ministros, periodistas y jueces. En otro tramo de su requerimiento de investigación, el fiscal Taiano pidió establecer si Mecikovsky, con el consentimiento de Abad, asesoró para ocultar y readecuar el caso de la empresa Iecsa (perteneciente a la familia Macri), que habría incurrido en insolvencia fiscal fraudulenta. El mencionado Mecikovsky, usado en otra causa como uno de los principales testigos contra Cristina Kirchner, cuando declaró como tal, negó tener trato con Carrió y Stolbizer pero si reconoció contactos con la abogada Silvia Martínez, una de las principales asesoras de la titular del GEN. Esta no tan sorprendente revelación deja pendiente varios interrogantes. Uno de ellos, el más grave, es si no se están armando causas o incluso manipulando pruebas tanto en organismos oficiales como en los órganos judiciales que, supuestamente, deberían actuar con independencia. ¿Qué garantías procesales puede haber cuando alguno de estos elementos probatorios caen en manos de fiscales que están en connivencia con los denunciantes, con quienes comparten los mismos objetivos políticos? ¿Qué objetividad pueden exhibir algunos jueces y fiscales que diariamente se comunican con periodistas para alimentar operaciones mediáticas contra sus blancos?
Alguien podrá suponer que nuestras afirmaciones tienen un dejo de exageración. Pero con sólo recordar que la causa sobre la muerte del ex fiscal Alberto Nisman fue pasada de un fuero a otro por una jueza que ejercitaba el deporte de escribir tuits insultantes contra la Presidenta entonces en ejercicio y que fundamentó su insólita decisión en un chimento de un ex agente de un servicio de informaciones, se podrá advertir que el enchastre en la justicia supera la imaginación más frondosa. Sino, veamos otros ejemplos. El juez Claudio Bonadio lleva adelante una insólita causa por la venta de dólares a futuro, en la que tiene imputada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero con el correr de los días Bonadio resultó siendo él mismo imputado, junto con el vicejefe de gabinete y el titular del Banco Central, por la misma operatoria. Porque a diferencia de la causa original, que no tiene pies ni cabeza, en la causa en que está implicado el magistrado, casi no hay duda que se incurrió en el delito de “uso de información privilegiada”, habida cuenta que uno de los imputados, en este caso Mario Quintana, no sólo compró dólares a futuro por 12 millones de dólares sino que, además, habría participado de la reunión donde se estableció el precio de corte que iba a tener el dólar con la asunción del nuevo gobierno.
Otro caso emblemático, que también tiene estado judicial, es el de los Panama Papers. Hasta ahora los únicos imputados son el presidente Mauricio Macri y su ex ministro de Economía en la ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti. Como ya lo afirmamos en alguna otra oportunidad, fueron por las sociedades offshore y aparecieron ellos, fueron por cuentas en Suiza y aparecieron ellos, fueron por el dólar a futuro y también aparecieron ellos, fueron por Lázaro Báez, y lo bien que hicieron, pero les terminó apareciendo Angelo Calcaterra, es decir Macri. Quien tal vez mejor haya descripto esta desesperación de los poderes corporativos por llevar la política al barro haya sido el fiscal Jorge Di Lello, cuando sostuvo: “Hay sobredosis de Comodoro Py”. Es de esperar que no acierte en su pronóstico cuando agregó: “Vamos hacia un suicidio colectivo”, porque está hablando de la paz y de la democracia. Valores que la derecha económica y política generalmente arrasó.
* Movimiento Nacional Alfonsinista (MNA).
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