La trata de personas es uno de los fenómenos delictivos más difícil de erradicar y un negocio ilícito que mueve sumas millonarias en el mundo entero. Un informe de la OIT publicado en 2005 estimó que la trata sexual generaba ganancias anuales por 572 millones de dólares en América Latina. No hay indicios para suponer que esa cifra se haya reducido. Las mujeres y niñas representan el 96 por ciento del total de las víctimas de trata con fines de explotación sexual a nivel mundial. Si las bandas criminales que controlan las redes de trata intentasen utilizar todos esos fondos en la economía formal comprando bienes o simplemente depositado el dinero en cuentas bancarias, el Estado lo detectaría. Por eso, los tratantes deben “lavar” sus ganancias ilícitas, es decir, ocultar su origen. Los miembros del tucumano clan Ale, responsable del secuestro y desaparición de Marita Verón, fueron condenados el año pasado por lavar más de 40 millones de pesos provenientes de la trata y la explotación sexual. El mercado de la trata y el lavado se retroalimentan. La trata no sería un gran negocio sin circuitos de financiamiento que permitan su expansión.
La trata de personas es apenas un ejemplo de cómo la criminalidad económica explota las desigualdades de género. La criminalidad económica está comprendida por varios delitos, desde los financieros cometidos por los bancos, evasión tributaria, fuga ilícita de capitales al exterior, lavado de activos, hasta los delitos de funcionarios públicos y otras formas de delincuencia. Una de las principales características de estos delitos son la generación de un daño social considerable, ya que no solo afecta directamente a las instituciones democráticas, sino que socava el financiamiento estatal producto de la reducción de recursos disponibles para la implementación de políticas públicas.
A su vez, la persecución selectiva e ineficiente que gira en torno a este tipo de criminalidad y sus responsables demuestra que existe una situación de impunidad estructural en nuestro sistema judicial. Un ejemplo de esto es el lavado, desde que se sancionó la ley que tipificaba la conducta en el año 1999 hasta el 2016 solo hubo 15 condenas.
El escenario se agrava cuando se incorpora al análisis una perspectiva de género. Junto con la trata de personas existe un conjunto de delitos económicos que son funcionales a las desigualdades de género, se basan en ellas o las explotan.
* Narcocriminalidad: Los datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación muestran que el 60 por ciento de la población carcelaria femenina está detenida por infracción a la ley de drogas. La mayoría de estas mujeres están presas por transportar la droga –en sus cuerpos o en sus pertenencias– o por distribuirla a los consumidores a pequeña escala.
* Abortos: La imposibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito no solamente afecta la salud y la vida de casi medio millón de mujeres por año, sino que además genera un negocio ilegal que mueve 15 mil millones de pesos anuales en nuestro país.
*Evasión y elusión: Las maniobras canalizadas a través de sociedades offshore y paraísos fiscales produce injusticia fiscal. Entre 2003 y 2014, Latinoamérica perdió 1,4 billones de dólares de ingresos fiscales en flujos financieros ilícitos. El 88 por ciento del total corresponde a abusos en el comercio entre empresas. El año pasado mientras los evasores blanquearon activos por 116.800 millones de dólares el Gobierno recortó en 67 millones de pesos el presupuesto destinado a políticas contra la violencia hacia las mujeres. Sin justicia fiscal no hay justicia de género.
Hoy en día, la perspectiva de género está ausente en la investigación y persecución de delitos económicos. Cada vez que se habla de este tipo de delincuencia se invisibiliza cómo opera la estructuración jerárquica y patriarcal de los géneros en ella. Poco sabemos sobre la participación y los roles que ocupan las mujeres en las organizaciones delictivas. A primera vista, notamos que dentro de los mercados criminales las mujeres son “explotadas” de la misma manera que en los mercados legales, pero bajo un estado de mayor vulnerabilidad y criminalización. Por eso, es necesario que la Justicia lleve adelante una persecución penal estratégica que, entre otras cosas, requiere analizar cómo funciona el mercado criminal, incorporando la perspectiva de género a las investigaciones. También es fundamental recuperar los activos ilícitos (dinero, inmuebles, etc.) para que el Estado pueda utilizar ese dinero en favor de políticas tendientes a la mitigación de los impactos de las desigualdades y reparar el daño social que estos delitos generan.
* Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).
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