I.- Introducción
La década del 90 estuvo signada por importantes experiencias de lucha popular. Las mismas denunciaban las condiciones de desintegración económica que las distintas medidas que tanto los ex presidentes Carlos Menem como Fernando De la Rua implementaron durante esos años claramente definidas por el achicamiento del Estado, las privatizaciones, extranjerización y alto endeudamiento externo.
Sin embargo, las resistencias y denuncias de los distintos actores sociales que emprendieron la titánica tarea de pelear contra el neoliberalismo no pusieron la misma intensidad en la pelea contra el sistema financiero y su rol en la dinámica que la economía argentina estaba desarrollando. La fuga de capitales, financiada por el endeudamiento del Estado -de todos los argentinos- y el papel que los bancos tuvieron no logró ser tomada como bandera de denuncia.
Mientras la actividad productiva era la gran perdedora, la actividad financiera era la gran ganadora del modelo, sobre todo la extranjera, dado la política de concentración y fuerte extranjerización de la banca promovida y justificada como política pública.
Existía por otro lado, una idea generalizada, difundida desde los propios estamentos del Estado, como el BCRA y el Ministerio de Economía, que las entidades bancarias eran el sector más eficiente de la economía debido a la aparente liquidez con la que contaban, sin aclarar que -entre otras cosas- esa liquidez provenía del creciente ingreso de divisas producto del endeudamiento masivo.
No obstante, el sistema financiero argentino era sumamente frágil y las condiciones de insolvencia se manifestaron cuando las salidas de capitales se hicieron más pronunciadas y se restringieron las posibilidades de contraer nuevas deudas. Parte fundamental de esa fragilidad estaba dada por el incentivo -dado en los años previos- al desarrollo de un sistema bancario dolarizado, lo que generó un muy alto riesgo cambiario sistémico. El corralito puso en la mira a las finanzas. El sector que más había expoliado a la sociedad y que más negocios había hecho durante el período había estado, hasta ese momento, blindado de reclamos.
Luego de la crisis de 2001, el funcionamiento del sistema financiero nacional no tuvo grandes modificaciones. Aunque las condiciones de fragilidad no estaban, el sistema no acompañó el crecimiento económico financiando la inversión, sino que se abocó a los préstamos al consumo, de corto plazo y altas tasas de interés.
En los años siguientes, mientras el gobierno logró desendeudarse y llevar el ratio deuda/PBI a valores de los más bajos del mundo, las finanzas argentinas proliferaron en la opacidad. Entidades montadas como sociedades de crédito bajo la forma de mutuales o cooperativas y otros entes[1] se expandieron fuertemente en los últimos años, en gran medida acompañando los altos porcentajes de economía informal y trabajo no registrado. Estas entidades funcionan por fuera de la regulación del BCRA por no ser reconocidas por la autoridad monetaria como financieras pero sin embargo, otorgan préstamos a sectores de la población que no se encuentran bancarizados y no son atendidos por el sistema financiero, por la propia regulación del BCRA. Aprovechando esta situación, cobran tasas usurarias llevando a que las familias que no tienen otra opción se endeuden desmesuradamente y entren en un esquema de difícil salida. El número de esas instituciones no es menor, supera el de las instituciones bancarias formales.
Existe, no obstante, un alto ligazón entre este circuito extrabancario y el bancario ya que el origen de los recursos con los que los primeros otorgan los créditos proviene de este último. A través de la securitización de carteras, las entidades no reguladas obtienen dinero de las entidades reguladas dejando en garantía los documentos firmados por los tomadores del crédito personal o prendario que colocaron, de ese modo obtienen nuevos fondos para otorgar aún más créditos en el mercado informal con tasa diferencialmente alta. Por otro lado, lo que muestra el nivel de complejidad que alcanzó el sistema, muchas de estas entidades están vinculadas o controladas por aquellas que sí se encuentran en la órbita de regulación, pero aprovechando que el BCRA mira para otro lado, arman un esquema paralelo de créditos con las condiciones de explotación que les son permitidas. Un Shadow Banking autóctono.
Hoy la desregulación, la extranjerización y el incentivo a la dolarización de las carteras que creó un sistema financiero altamente vulnerable y desacoplado del resto de la economía vuelve a tener lugar. Argentina es en este momento una plaza abierta a la especulación. Las altas tasas y la desregulación del mercado de capitales permiten obtener grandes rentabilidades a corto plazo. La liberalización genera movimiento de capital volátil que afecta tipo de cambio, tasas de interés, precios de activos financieros y oferta del financiamiento doméstico, influyendo en la asignación de recursos, el consumo y la inversión. De este modo, “volvimos al mundo”. El final es conocido. Las economías desreguladas terminan en crisis financieras.
El sistema financiero internacional está instalado nuevamente en el gobierno nacional. Wall Street y el resto de los centros financieros más importantes del mundo están representados en el gabinete. Dirigen los destinos de Argentina ex-empleados del HSBC, JP Morgan, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Barclays, Morgan Stanley, entre otros, que vienen a generar negocios para sus ex -futuros- empleadores.
El festival de deudas en dólares al que estamos asistiendo, muchas de corto plazo, con altas tasas y sin posibilidad certera de repago, nos remite a una historia conocida. La apertura comercial, y la desregulación financiera y cambiaria necesita de la constante entrada de capitales que provienen del endeudamiento. Ningún país logra su desarrollo bajo estas premisas, sólo ser parte del negocio financiero internacional.
Sin embargo, en el contexto mundial, el endeudamiento es la forma más difundida de funcionamiento de las economías. Es la forma que el sistema financiero ha adquirido luego de la arquitectura inaugurada en la década del 70, cuando las economías comenzaron a exponerse a procesos de sobreendeudamiento externo y sus esquemas macroeconómicos pasaron a ser un régimen de crecimiento dirigido por las finanzas.
La liberalización, mundialización y financiarización de las economías fueron las herramientas que permitieron la transmisión de la liquidez mundial y, con ella, los negocios del endeudamiento. Como resultado los movimientos de capitales fueron transmisores de inestabilidad a los países.
A partir de los 80’s y hasta la actualidad se sucedieron crisis financieras cada vez más recurrentes, con la novedad de ser independientes a la marcha de la economía real. Ya no constituyen la amplificación de shocks nacidos en la esfera de la producción, sino que la recesión se gesta desde la esfera financiera para afectar luego a la producción, la inversión y el empleo. Entonces, mientras que en el pasado el desarrollo del ciclo económico daba lugar a comportamientos reflejos en las finanzas, en el nuevo escenario son las finanzas las que impactan sobre las economías.
En un primer momento, los altos niveles de endeudamiento y las crisis financieras estaban inherentemente reservados a las economías periféricas, pero el siglo XXI encontró a los países centrales inmersos en una crisis que aún no pueden remediar y con ratios de deuda/PBI que, desde el sector privado, alcanzaron niveles exorbitantes. A modo de ejemplo, en el momento que estalló la crisis en EEUU ese ratio de deuda alcanzó niveles que sólo en la Gran Depresión se conocieron. Esto junto a la mala administración del riesgo por parte de los bancos, expuso a las entidades financieras de tal forma que los Bancos Centrales acabaron realizando rescates para frenar un quiebre total del sistema.
Los países con los centros financieros más importantes del mundo, aquellos que diseñaron la arquitectura financiera mundial, sufrieron en carne propia la fuerza de las finanzas, mostrando que el poder nocivo del capital no tiene nacionalidad. Pero lejos de abordar un proceso de debate acerca de la reforma, se insiste en el orden financiero mundial tal cual está. Ni la gran recesión que se prolonga en el tiempo -tanto en EEUU como en Europa- logró remover el dominio depredador del sistema financiero.
Nos encontramos hoy con un sistema financiero de entidades conglomeradas, que promueve la opacidad y expone a las economías, que se tornan aún más vulnerables en el marco de volatilidad en el que se desarrollan.
La financiarización de las economías disocia las finanzas con la economía real haciendo que las primeras tengan autonomía respecto a la segunda y se autodeterminen, generando crisis recurrentes que la población en su conjunto debe soportar y financiar. Mientras, los Estados miran impávidos y cómplices el desarrollo excesivo y acompañan las necesidades de desregulación que el capital financiero exige, a la vez que aportan cifras millonarias, con escalas nunca vistas, para rescatar a los bancos que bajo el escudo (o la extorsión) de “Demasiado Grande para Caer”, tuvieron manejos altamente riesgosos.
Previo a los cambios introducidos en el sistema financiero, la estabilidad estaba concebida a partir de la separación de la banca comercial de la de inversión. En EEUU, la Ley Glass Steagall, diseñada durante la Gran Depresión, había marcado la estructura de la banca estadunidense, restringiendo notablemente la actividad desarrollada por los bancos comerciales. Cuando en 1999, esa ley se deroga dando paso a la Ley de “Modernización de Servicios Financieros”, se abrió nuevamente el mercado intersectorial entre bancos, compañías de seguros y de inversión, dejando el camino libre a la conformación de conglomerados financieros. El primero de ellos fue el Citigroup. La integración permitió la aparición de la innovación financiera que generó un importante abanico de productos y produjo un desplazamiento en la disposición final del ahorro.
Al encontrarse disponibles tanto para las corporaciones como para las familias, se incrementó la sustitución de instrumentos financieros. Anteriormente, los depósitos eran los principales receptores del capital, a partir del ofrecimiento de nuevos productos financieros desarrollados en ámbitos opacos, riesgosos, pero más atractivos en términos de rendimientos, las familias y empresas comenzaron a demandar paquetes financieros más sofisticados. Paquetes que involucran riesgos cada vez mayores cuando se está desarrollando una crisis y que, lejos de estar regulados y controlados, se desenvuelven en la total opacidad siendo registrados en hojas fuera de balance.
Se constituyó así un sistema financiero basado en la opacidad y los altos rendimientos. Cuya forma de conservación es a través del endeudamiento de las familias que permite transferir el ingreso de los trabajadores a los banqueros. El caso más claro es el de la crisis subprime, dado la caída de los salarios reales la forma que encontró EEUU para estimular la demanda de su población fue la toma de deuda como complemento a sus ingresos deprimidos. El final de este proceso, cuando la deuda alcanza un nivel en el que los deudores se vuelven insolventes, es el colapso.
Las economías mundiales se encuentran en crisis y no se vislumbra una salida cercana. La doctrina reinante no puede dar soluciones y sin embargo se sigue apostando a ella. Es necesario ir hacia una nueva arquitectura mundial, cuyo objetivo sea garantizar la estabilidad. Objetivo que resulta imposible, a pesar de estar expresado en las cartas orgánicas de los bancos centrales, en tanto los capitales puedan moverse libremente y la opacidad (que permite la integración de las entidades financieras, con sus hojas fuera de balance) siga siendo parte esencial de la forma en que operan las finanzas.
Necesitamos un sistema financiero regulado, que no se encuentre divorciado de las actividades productivas, independizado de su entorno, reproduciendo sus negocios de forma autónoma y con altas rentabilidades producto de la especulación. El sistema financiero debe estar en función de las políticas que configuran una estructura económica y social que implique alcanzar el pleno empleo y desarrollo económico con equidad social.
La crisis internacional es una oportunidad para repensar los esquemas regulatorios vigentes. La supervisión bancaria debe poner énfasis en la defensa de los usuarios financieros. Los esquemas regulatorios actuales, basados en el enfoque microprudencial, sólo buscan mantener la solidez de las instituciones financieras en forma individual pero permitieron el crecimiento irrestricto de las vulnerabilidades que contribuyeron a la crisis mundial.
Es necesario complementar ese enfoque con una regulación macroprudencial que implique una supervisión con visión sistémica. Al mismo tiempo, punto esencial en la reforma es la exclusión de la utilización de las agencias calificadoras de riesgo, que tienen un rol central en el esquema de supervisión actual. Estas agencias que se dedican a calificar el riesgo de productos financieros, son contratadas por aquellos que necesitan vender esos productos. Lo que las lleva a tener grandes incentivos para calificar favorablemente los paquetes financieros, aún siendo altamente riesgosos. Por otro lado, al tener grandes intereses en el funcionamiento actual del sistema financiero, califican con simpatía las deudas emitidas por países que adoptan políticas pro mercado y empeoran las que provienen de países con algún tilde heterodoxo.
Un sistema financiero transparente y regulado implica, también, la verdadera eliminación de los llamados paraísos fiscales, actor central en el sistema financiero actual.
II.- Marco financiero internacional
La visión local basada en la definición de políticas de regulación, control y supervisión del sistema financiero en sintonía a los principios y los intereses de la política pública de desarrollo nacional se contrapone a las políticas neoliberales que anulan la participación del Estado regulador, que dejan todo el sistema económico y financiero a merced del libre mercado y terminan respondiendo, y siendo funcionales, a los intereses de las economías centrales, donde ganan siempre las finanzas, la desregulación y la opacidad a la vez que la supervisión financiera es un mero maquillaje que responde a los estándares internacionales, mientras los usuarios financieros quedan en manos de la voluntad del mercado.
Tras la caída del sistema de Bretton-Woods y la liberalización de los mercados de capitales, las economías mundiales sobrellevaron un crecimiento exponencial de las transacciones financieras internacionales y con esto pérdidas de estabilidad económica y financiera. En el marco de un sistema mundial interdependiente, se promovió un complejo entramado de instituciones internacionales, acuerdos o foros de negociación, públicos o privados, que, con mayor o menor grado de obligatoriedad, regulan casi todos los campos de la actividad financiera. La integración creciente de los mercados y las crisis financieras recurrentes fue acompañada, entonces, de una nueva arquitectura financiera internacional de regulación y supervisión que, lejos de evitarlas, las favorecen: FMI, BM y BIS fueron las principales instituciones que impusieron las nuevas relaciones financieras mundiales.
Todas estas instancias internacionales de regulación y supervisión responden a los intereses de los mismos países centrales que digitan el sistema financiero y que bajo la doble moral, y el doble estándar, son los autores y al mismo tiempo los beneficiarios de las reglas de juego. Los países periféricos están poco representados en el proceso de elaboración de las normas, pero se ven muy afectados en su aplicación cuando recurren a los instrumentos y productos del sistema, como por ejemplo un préstamo del FMI u otros organismos internacionales de financiamiento.
Así, resulta medular que en la reforma del Sistema Financiero se aborde además el plano internacional. Esto implica que el FMI, el BM y el resto de las instituciones que involucran condiciones de desigualdad entre los países, se democraticen o se funden nuevas bajo condiciones de igualdad y fraternidad.
En el plano regional, debemos contar con una política pública latinoamericanista basada en el trabajo de identificación y definición de los denominadores comunes necesarios para avanzar en la planificación conjunta sobre las herramientas y productos de un nuevo sistema financiero que confluya hacia una Banca Regional. En este sentido, América Latina tiene miles de millones de dólares depositados en bancos extranjeros y la conformación finalmente del Banco del Sur, por ejemplo, permitiría hacer que estas divisas se canalicen hacia las necesidades de nuestros países sin tener que ceder ante las presiones de las instituciones financieras de los países centrales.
III.- La reforma pendiente
En nuestro país, queda pendiente aún la reforma de la Ley de Entidades Financieras. El ahorro de los argentinos no puede ser dejado a los intereses de los bancos que realizan negocios propios en lugar de otorgarle la función que toda economía necesita. Es necesario regular los destinos que se da a esos fondos de forma que permita atender las necesidades productivas del país y se garantice atender a sectores como las pymes que son dinamizadoras del mercado interno y grandes generadoras de empleo. Otra deuda a saldar por el sistema financiero argentino es el crédito hipotecario. Para esto, la ley debe establecer cuáles son las operaciones que los bancos pueden realizar y cuáles no, de modo de dar prioridad a la financiación productiva y no solamente maximizar las ganancias de las entidades, para ello debe cambiarse la actual norma que deja abierta la posibilidad que los bancos realicen todo, menos lo que está expresamente prohibido. Otro punto importante es la fuerte concentración y extranjerización de la banca, una banca pública nacional que responda a los objetivos nacionales de desarrollo económico y social se torna necesaria para un sistema.
Sobre la base de estas consideraciones, se elaboran algunos puntos básicos para trabajar en los lineamientos de un sistema formulado sobre bases diferentes.
III.1- ¿Qué objetivos debe cumplir el sistema financiero?
El sistema financiero debe asegurar las condiciones necesarias para promover la igualdad garantizando el acceso universal a los servicios financieros y promoviendo el desarrollo económico y social.
III.2-¿Qué funciones debe asegurar el sistema financiero?
Asegurar la estabilidad de los mercados cambiario, monetario y financiero es condición fundamental para un adecuado funcionamiento del sistema financiero en su conjunto. De ello depende el normal desarrollo del resto de las actividades económicas y evita fenómenos de alta volatilidad y cambios bruscos que alteren la previsibilidad de las expectativas tan característicos de los mercados desregulados. Por tal razón, el banco central es el principal protagonista del sistema financiero y es quien debe asegurar, mediante su rol de organismo de regulación y control, la estabilidad de tales mercados.
Por su parte, el sistema financiero también cumple funciones específicas que hacen al desarrollo de mecanismos eficaces y fluidos de financiamiento y a la instrumentación adecuada de los medios de pago necesarios para la correcta transaccionalidad de la economía.
En el primer sentido deben introducirse reformas tendientes a lograr que el sistema financiero atienda las necesidades reales del sistema productivo, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas.
El sistema financiero debe también transformarse en el principal medio de pago (y cobro) de bienes y servicios. Que todos tengamos cuenta bancaria, junto con la promoción y accesibilidad de sistemas de pago seguros, modernos y eficaces debe ser uno de los objetivos que debe cubrir el sistema financiero. Ello eliminaría problemas relativos a la seguridad física (por un menor uso de dinero en efectivo) y contribuiría a la formalización de economía y a la recaudación de impuestos.
La banca central cumple, con relación a estas dos funciones, también un rol determinante desde el punto de vista de la regulación.
III.3- ¿Qué límites deben respetar las finanzas?
Las finanzas no deben promover la desintermediación financiera: La Ley de Entidades Financieras de 1977 deja a las entidades financieras la posibilidad de hacer todo menos lo que está expresamente prohibido, esta definición es lo que les permitió alejarse de su función. No debemos perder de vista que el sistema financiero es depositario del ahorro nacional y como tal debe ser regulado.
El objetivo principal de las finanzas debe ser coordinar y distribuir los recursos fundamentales para la actividad productiva y acompañar las necesidades de consumo de bienes y servicios por parte de la población. En otras palabras, el sistema financiero tiene que estar al servicio y subordinado a la economía real. Ya que el crédito es una herramienta central en cualquier estrategia de desarrollo y el Estado debe cumplir un papel importante orientándolo hacia aquellos sectores elegidos por ser considerados como fundamentales en tal sentido.
Las finanzas deben respetar y cuidar el medio ambiente, como parte esencial del respeto a los derechos humanos. La ecología debe ser un límite al financiamiento de proyectos económicos, productivos y de inversión. La experiencia de los mercados de carbono ha demostrado de qué modo las finanzas financiarizan el medio ambiente. Sólo deberían contar con financiación aquellos proyecto productivos que cumplan con estándares medioambientales adecuados.
La rentabilidad financiera debe quedar sujeta a límites: las altas rentabilidades del sistema financiero están basadas en el desarrollo de un sistema financiero autorregulado que se mueve en función de los negocios que le otorgan más ganancias. La liberalización de tasas y comisiones implica que se alcancen niveles usurarios que someten a una parte importante de la población. Para evitar esto, las tasas deben estar reguladas llevándolas a niveles que permitan una rentabilidad acorde al resto de los sectores económicos. Lo mismo debe hacerse sobre las comisiones por los servicios y operaciones.
La rentabilidad del sistema puede regularse directamente a través del establecimiento por parte del BCRA de tasas máximas para los préstamos (y en general todas las operaciones activas) y mínimas para los depósitos a plazo (y otras operaciones pasivas) y también de forma indirecta mediante las operaciones que realice el Banco Nación como principal banco de Argentina y principal instrumento financiero del Estado Nacional.
La actividad financiera debe asegurar el acceso universal a los medios y servicios financieros. Este límite plantea un debate respecto a la condición que adquiere la inclusión financiera con relación a aquellos sectores que son incorporados al mundo de los servicios financieros. Su inclusión no debería establecer formas difusas y extorsivas que impliquen la posterior expulsión.
Por esta razón, como parte de un programa de trabajo de reforma en las finanzas, los estudios relacionados con la experiencia de microfinanzas debe ser objeto de atención y cuidado desde el punto de vista de la regulación financiera. Debe tenerse en cuenta que la experiencia indica que el sistema financiero formal tiende a marginar a los sectores populares del ámbito de las finanzas, situación que -en los hechos- implica que estos sectores queden expuestos a vínculos financieros trazados por condiciones usurarias y de opacidad, como son las que caracterizan a la empresas dedicadas a generar servicios de préstamos sin la debida regulación y autorización legal.
Este tipo de vínculos termina generando mecanismos de expulsión financiera y por otro lado condiciona la mayor bancarización en circuitos formales. Por lo tanto, el acceso universal al sistema financiero debe implicar un acceso democrático en el que todos los sectores sociales participen sin sufrir las desigualdades que el sistema hoy les plantea.
Como indicamos antes, todos deberíamos tener una caja de ahorros y que la misma sea gratuita. Además, la inclusión financiera debería incluirse como materia obligatoria en la currícula escolar.
Las tasas de interés deben respetar límites que eviten la usura financiera. La comunidad no debe ser objeto de prácticas de explotación financiera y la definición de las tasas de interés tiene vital importancia en este sentido.
Si bien la definición clásica de la usura se circunscribe al aprovechamiento de una necesidad ajena, deben fijarse límites precisos definidos tanto por la condición subjetiva del tomador del crédito, como por una expresión objetiva, en función de niveles exorbitantes que han mostrado las tasa de interés activas en los últimos años.
Por lo tanto, los límites a la tasa de interés son necesarios a fin de fundar un sistema financiero que se involucre en la inclusión social y permita avanzar hacia una sociedad más justa. Las tasas excesivas exponen a las personas a condiciones de casi esclavitud y a las pequeñas empresas las confrontan con límites a las mejoras en la competitividad y las llevan muchas veces a la ruina facilitando la concentración y la conformación de grupos económicos, ya que las grandes empresas tienen la posibilidad de obtener préstamos en los mercados internacionales a tasas mucho más bajas.
III.4- ¿Cuáles son los principios básicos que debe orientar / reorganizar la re elaboración de una nueva estructura de los mercados financieros?
Es imperioso refundar sobre nuevas bases el sistema financiero y la dinámica de funcionamiento de la actividad de las finanzas.
En la actualidad las finanzas se desenvuelven en un ámbito de actuación cuyos principios fundantes y organizadores encumbran la evaluación y exposición a diferentes tipos de riesgos cuyo análisis determina la toma de decisiones. Estos enfoques desplegados principalmente a partir de los Acuerdos de Basilea (Basilea I, II y III) debieran ser inscriptos en una redefinición de principios fundantes orientados a mitigar riesgos financieros particulares y riesgos sistémicos. Si bien la reformulación de Basilea III abrió un camino en este sentido, su sistemática es insuficiente porque no apunta al corazón de los problemas que el sistema financiero plantea desde el punto de vista de la regulación. Así, por ejemplo la expansión de formas sintéticas de valorización financiera en mercados no regulados, como también las prácticas de apalancamiento en mercados de derivados y en igual sentido la aún pendiente y necesaria articulación entre finanzas, endeudamiento y economía real, exigen el desarrollo de nuevos postulados de actuación para el sistema financiero en su conjunto.
Una de las principales lecciones de las últimas crisis financieras internacionales ha sido el modo en que la expansión de la banca en las sombras, la securitización del ingreso de los sectores trabajadores y la desintermediación especulativa de las actividades bancarias, condujeron a niveles de financiarización indeseados por sus efectos desestabilizadores a nivel global.
La alta volatilidad de las monedas en los países emergentes es el reflejo directo de estos procesos que plantean fuertes turbulencias en la movilidad de los flujos de capital a nivel internacional. Se trata del conocido proceso de guerra de monedas que en épocas de financiarización da cuenta de la especulación a partir de la explotación de diferenciales de tasa de interés.
Por otro lado, el diagnóstico que las calificadoras de riesgo han realizado sobre la exposición al riesgo soberano de países emergentes ha sido objeto de fuertes críticas a nivel internacional al punto que el propio G20 ha realizado un llamado a reducir los niveles de dependencia de los países a sus evaluaciones.
IV.- Pilares centrales de la reforma
Podemos fijar, al menos seis pilares que revisten características esenciales en el marco de una discusión sobre reforma de las finanzas.
Separación de funciones en la actividad financiera.
Para alcanzar el objetivo de poner al sistema financiero en función de las necesidades de desarrollo de la economía, el sistema bancario debe adquirir la forma de banca especializada. De esta forma se garantizaría la movilización de recursos a los fines de sostener una política de impulso a determinados sectores estratégicos. De igual forma, debería ponerse límite a la integración que permite que existan conglomerados financieros que canalizan los ahorros de la población hacia la actividad especulativa.
Prerrogativas regulatorias en materia de tasas.
El sistema financiero debe desarrollarse en un marco en el cual los bancos centrales regulen las tasas de interés y la tasa de cambios, puesto que son estos los instrumentos de política monetaria y regulatoria en función de los que se regulan los excedentes en la economía.
Orientación del crédito.
El Banco Central debe ser el instrumento utilizado por el Estado Nacional para administrar la política monetaria según las necesidades de la economía y orientar el crédito hacia aquellos sectores que la política económica planifique como prioritarios. En tal sentido, es necesario identificar sectores estratégicos y desarrollar herramientas específicas de orientación crediticia a inversiones de mediano y largo plazo y permitir el acceso al financiamiento a las pymes, piezas fundamentales en la generación de empleo.
d. Financiamiento a las pymes
Por lo dicho anteriormente, una política financiera que impulse el desarrollo nacional debe contemplar especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Éstas no sólo generan empleo y fomentan el mercado interno, se crean en diversas regiones, permitiendo contribuir al desarrollo regional. Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios que ocasionan a las economías, se enfrentan continuamente a la restricción crediticia, son las primeras que se ven afectadas ante cualquier problema económico y se encuentran en permanente tensión con las grandes empresas que quieren sacarlas del mercado.
Un banco público con principal énfasis en el desarrollo de las pymes permitiría brindar financiamiento con tasas especiales a estas empresas analizando las necesidades específicas de cada sector PyME.
Regulación sobre los flujos de capital.
Es imperioso que se establezcan ciertos controles al flujo de capitales. La libre movilidad de capitales deja al descubierto el carácter especulativo de la inversión financiera que sólo trae desestabilización tanto al sistema financiero como a la economía en su conjunto. Regular los flujos de capital implica establecer condiciones al funcionamiento del mercado de cambios atendiendo a la evolución de las cuentas externas del país y el manejo prudente de reservas internacionales.
Eliminación de los Paraísos Fiscales.
Los paraísos fiscales se caracterizan por la seguridad jurídica que brindan a quienes quieren ocultar su patrimonio en detrimento de los estados en los que generan sus ganancias, afectando de esta forma principalmente a los Estados productores de la riqueza, pero también a toda la economía global.
Esta seguridad jurídica está dada por la utilización de la figura del secreto en su máxima potencia. Los capitales nacionales se instalan en esos lugares al encontrar la posibilidad, entre otras cosas, de evadir impuestos y los delincuentes, la impunidad para refugiar allí su dinero mal habido.
La existencia de paraísos fiscales dificulta el cumplimiento del objetivo de promover el desarrollo económico con equidad social por parte del sistema financiero y, por lo tanto, es imperioso su eliminación, no sin antes crear Registros Públicos de personas humanas y jurídicas en cada uno de los paraísos fiscales. Estos registros deben ser públicos, estar publicados on line y que permitan hacer consultas de búsquedas. También deben firmarse acuerdos bilaterales o multilaterales en materia fiscal, haciendo que los capitales nacionales que se encontraban instalados en esos lugares paguen sus impuestos.
Enfoques de supervisión.
La supervisión financiera debe establecer un adecuado equilibro entre regulaciones microprudenciales de liquidez y solvencia y supervisión fiscalizadora sobre normas que hacen al efectivo cumplimiento de políticas de tasas, encajes, comisiones, administración contable y manejo de liquidez en circulación. Como también debe centrarse en una adecuada regulación macroprudencial, ya que si bien es necesario tener instituciones robustas en forma individual, la solidez de cada una de ellas no equivale a garantizar un sistema financiero estable.
Así, debe establecerse una supervisión del sistema financiero que no sólo tienda a garantizar la solvencia y liquidez de las entidades sino que también asegure el cumplimiento de los demás aspectos regulatorios y el respeto de los derechos de los usuarios de servicios financieros.
Por otro lado, debe profundizarse el control de las operatorias ilícitas que podrían estar cometiendo tanto las propias entidades financieras como sus directivos y clientes.
También debe modificarse la supervisión financiera actual, adecuándola a las operatorias del siglo XXI, haciéndola más eficiente y eficaz. Hoy pueden realizarse múltiples operaciones bancarias en cuestión de minutos, la supervisión bancaria del BCRA no puede continuar efectuándose como en el siglo pasado, sino que debe estar a la altura de las nuevas tecnologías. Como principio general la supervisión debe efectuarse mediante sistemas informáticos diseñados a tal efecto, con información on line, registrada en tiempo real desde la sede del Banco Central. De esta forma el BCRA deberá convertirse en un gran centro de recepción y procesamiento y análisis de información financiera, que permita a las autoridades adoptar decisiones con información en tiempo real y al público confiar en la solidez del sistema y en la seguridad de sus ahorros, garantizando un tratamiento adecuado a los clientes bancarios.
Notas
1 El listado de las entidades de este tipo que se registró ante el BCRA a los efectos de poder obtener financiaciones bancarias puede consultarse en la siguiente dirección: http://www.bcra.gov.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Proveedores_no_financieros.asp.
*Biscay es abogado y Director del Banco Central de la República Argentina. Romina Kupelián es economista
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