El presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, fue llamado a prestar declaración indagatoria acusado por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 por la organización paramilitar de ultraderecha Triple A, y luego, durante el régimen, como agente civil de inteligencia que actuaba en la Universidad Nacional del Sur. Montezanti es la máxima autoridad de la justicia federal bahiense, una sociedad impregnada por la actividad militar, especialmente por el despliegue y la influencia de la Base Naval de Puerto Belgrano. Además, es actualmente docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur (Ver Página 5). El Tribunal que encabeza tiene a su cargo la revisión de decenas de causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, pero él está excusado de intervenir en una de ellas: la que indaga en las supuestas complicidades de sectores civiles, entre ellas el titular del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot.
Montezanti fue llamado a indagatoria (está citado para el próximo 27 de agosto) por un juez que, en la estructura jerárquica de la Justicia, es su
"inferior". Se trata del magistrado federal de la localidad bonaerense de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien fue designado a fines de junio pasado como subrogante en Bahía Blanca. La convocatoria se precipitó a partir de un episodio singular: Ramos Padilla se encontró al llegar al juzgado, en un contexto de caos en lo administrativo, con la situación de un detenido que hacía casi tres meses que estaba en prisión, pero nadie le había tomado declaración indagatoria. El plazo legal para indagar a un detenido es de 24 horas a partir de la detención.
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| El accionar de la Triple A |
Cuando el juez revisó el expediente, sorprendido por la irregularidad de la situación, se encontró con que Montezanti estaba mencionado, en un cuadro de imputación casi directa, en la página tres. Era imposible que ese dato pasara inadvertido. Sin embargo, ocurrió.
"Se le imputa al nombrado haber formado parte de la asociación ilícita parapolicial conocida como 'Triple A', y particularmente de las acciones que dicha organización llevó adelante en la ciudad de Bahía Blanca durante los años 70". Al grupo local de aquella banda liderada por José López Rega, el ex ministro de Acción Social del gobierno de María Estela Martínez de Perón, se le atribuyen unos 20 homicidios y decenas de hechos de violencia e intimidación pública. "Entre los distintos actos de intimidación y violencia que llevó adelante el grupo parapolicial que funcionó en Bahía Blanca, se encuentra el homicidio del dirigente estudiantil David 'Watu' Cilleruelo, ocurrido el 3 de abril de 1975 en los pasillos de la sede de la Universidad Nacional del Sur". Según el sitio de www.desaparecidos.org, "David Watu Cilleruelo era oriundo de Roca. Era un estudiante que estaba por ser secretario de la nuevamente formada Federación Universitaria de Bahía Blanca, la que agruparía a varias asociaciones estudiantiles. Ese 3 de abril estaba volanteando en la Universidad del Sur con un compañero para llamar a una reunión, cuando fue interceptado por un grupo de hombres de la Triple A que le pidieron documentos y luego le pegaron un tiro. Los hombres se retiraron en el auto del Rectorado de la Universidad del Sur." La Triple A en Bahía Blanca estaba al mando del entonces diputado nacional y dirigente de la CGT local, Rodolfo Antonio Ponce, y del rector interventor Dionisio Remus Tetu.
Montezanti también está imputado por su presunta participación en el secuestro, privación ilegitima de la libertad, amenazas y secuestro de los que fue víctima Jorge Omar Riquelme Esparza en 1977, un enfermero del hospital municipal de Bahía Blanca que fue capturado ilegalmente mientras estaba trabajando. Según la investigación, Riquelme Esparza fue llevado al Comando del Ejército. Allí, después de un feroz interrogatorio sobre "sus contactos, conocidos y su ideología política", fue obligado a firmar documentos autoincriminatorios. Quien lo invitó, a punta de pistola, -de acuerdo con la investigación– a firmar esos documentos fue Montezanti.
El presidente de la Cámara Federal bahiense se recicló como "personal civil de inteligencia del Destacamento 181", donde figuraba como "asesor universitario". Lo que se investiga es si 'marcaba' a estudiantes. ¿Cómo llegó Montezanti a esa instancia? De acuerdo con lo que constan en su legajo personal, desclasificado en 2010, fue el Jefe del Destacamento 181 y de la Central de Inteligencia Bahía Blanca, general José Osvaldo "Balita" Riveiro (prófugo de la Justicia argentina) quien lo recomendó. Ponderó, para ello, el conocimiento que tenía de él, sus "condiciones morales, ideológicas y familiares" y también sus antecedentes en la Triple A.
Montezanti también tiene una cita con el Consejo de la Magistratura. El 25 de agosto deberá presentarse –personalmente o por escrito- ante la comisión de Acusación y Disciplina. Por su cargo, posee inmunidad de arresto, pero nada obstaculiza que la investigación en su contra siga adelante y, eventualmente, en caso de ser desaforado o destituido, pueda ser arrestado. «
Una figura clave de la estrategia que benefició a Vicente Massot
F. M.
El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, decidió excusarse de la revisión de las diversas causas de lesa humanidad que tramitan por aquel tribunal debido a las recusaciones que recibió. No obstante, su poder de injerencia quedó de manifiesto en el Caso Massot: fue el responsable de expulsar del Poder Judicial a Álvaro Coleffi, el único magistrado que se animó a indagar al poderoso empresario de medios local, Vicente Massot. En tribunales, lo interpretaron como un mensaje a todas luces "disciplinador".
Coleffi fue el único juez de Bahía Blanca que avanzó contra los cómplices civiles de la última dictadura cívico-militar. Además de indagar a Massot, titular del diario La Nueva Provincia, también activó los expedientes que involucraban a la Iglesia y el Poder Judicial local. Actuó como subrogante hasta que la presión de la corporación judicial bahiense lo llevó a apartarse del cargo. Un par lo acusó de filtrar escuchas a la prensa en una causa de narcotráfico de alto impacto mediático. Tras abandonar la magistratura, volvió a ejercer su cargo de secretario en el Juzgado Federal Nº 1. No lo sabía pero con ese movimiento selló su destino.
Atento a la acusación contra Coleffi, Montezanti decidió hacer una excepción en su postura ante las causas de lesa humanidad. El 30 de diciembre de 2014, tras argumentar que fue apartado de aquellos expedientes "cual si fuera un hodierno leproso procesal", el ex PCI del Ejército escribió: "He de intervenir en el presente asunto", en referencia a la situación de Coleffi. Cinco meses después, a principio de mayo, el tribunal comandado por Montezanti decidió cesantearlo.
La decisión de Montezanti fue acompañada por el voto del camarista Pablo Candisano Mera. Utilizaron la figura jurídica de la cesantía para remover a Coleffi porque no era un juez natural sino un secretario de juzgado devenido momentáneamente en magistrado subrogante. Al volver a ejercer como secretario bastaba un sumario y no un juicio político para removerlo.
Tras el apartamiento de Coleffi, por decisión de la cámara fueron nombrados al frente de las causas de lesa humanidad el secretario Santiago Ulpiano Martínez (subrogante) y el abogado Claudio Pontet (ad hoc). Ambos fueron removidos de sus respectivos cargos por expreso pedido del Consejo de la Magistratura, acusados de obstruir las causas por violaciones a los DD HH de la jurisdicción. En la misma resolución, el consejo avaló el nombramiento de su remplazante: Alejo Ramos Padilla, el juez que ayer decidió indagar a Montezanti.
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