jueves, 29 de junio de 2017

NUEVOS ENSAYOS NEOLIBERALES, ¿logran un quiebre de integración regional económica y política?, Por Nicolás Sojit





Nicolás Sojit|

Una vez mas, otro avance neoliberal hace el intento precipitado de ostentar el poder en países de la región. La estrategia política resulta evidente, conquistarlo ya sea por elecciones ajustadas o por la destitución mediante un golpe parlamentario, apoyada por una asociación encubierta entre el poder del establishment, el poder judicial y los medios de comunicación, resultan cruciales al momento de garantizar el éxito de su proyecto. El objetivo: La vuelta a los Tratados Bilaterales de Inversión.

Desde la propuesta de los padres de la Patria Grande, en el Congreso de Panamá 1826, muchos han sido los intentos de integración regional. Entrados los mediados del siglo XX, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (1) (1948), la Comunidad Andina CAN (2) (1969), la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI (3) (1980), el Mercado Común del Sur Mercosur (4) (1991), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC (5) (2010), y la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR (6) (2011).


Inmiscuidos en el plano internacional, el neoliberalismo buscó siempre aplacar esos movimientos. La política exterior de Estados Unidos en sus distintas versiones con antecedentes como “América para los americanos” de la Doctrina Monroe (1823) y su corolario a principios del siglo XX con la política del Garrote (Big Stick) de T. Roosevelt, “América para los estadounidenses”, políticas de intervenciones militares en Latinoamérica (canal de Panamá), durante el período de guerra fría, acuerdos de Bretton Woods (1944), doctrina de seguridad nacional (Escuela de las Américas 1946 en Panamá), el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de TIAR (1947), la Organización de Estados Americanos OEA (1948), Alianza para el Progreso (1961) y luego de la caída del muro de Berlín con el Nuevo Orden (1989) el Consenso de Washington, el Plan Brady; siempre han contrarrestado o desarticulado sistemáticamente todo intento de puesta en común latinoamericanista.

Luego del fallido intento de extender el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) la política exterior norteamericana impulsa, desde las oficinas de la Secretaría de Estado, una nueva embestida hacia los países de la región. Si bien desde el año 2005 la administración George Bush (h) impulsó el Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA), Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, complementario a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) con la Unión Europea; la actual gestión de Donald Trump anunció su retiro definitivo y orientó su política a las tradicionales relaciones bilaterales con los Tratados de Libre Comercio.

Pero esto responde sólo a un cambio en las formas, las cuestiones de fondo se mantienen. La relación asimétrica es una constante. El interés está puesto en sacar ventajas desde todas las dimensiones de los acuerdos. El principal fin es bajar las barreras comerciales, flexibilizar leyes laborales y medioambientales, establecer un marco común de propiedad intelectual, establecer prorroga de jurisdicción y mecanismos de arbitraje equiparando estándares de un Estado Nación con una empresa transnacional, definir asuntos de geopolítica, entre otras.

Estos acuerdos son estudiados sigilosamente para intervenir y desregular políticas relacionadas con la producción agrícola, los bienes industriales, los impuestos aduaneros (aranceles y retenciones), las medidas fitosanitarias, el origen de los productos, las patentes (medicamentos, tecnología), los servicios públicos, los servicios financieros, las telecomunicaciones, las empresas públicas, las licitaciones internacionales, la defensa, la seguridad hemisférica, la lucha contra el terrorismo y otros.

La Embestida Reloaded. Cronología siglo XXI


Algunos hablan de una nueva edición del Plan Cóndor con cambio de estrategia del hard power (poder duro) al smart power (7) (poder inteligente).



Inicia con el intento de destituir a Hugo Chávez Frías en abril de 2002. Continúa en febrero de 2004, cuando logran cometer golpe de estado al presidente Jean-Bertrand Aristide en Haití. Sigue en septiembre de 2008 con el intento fallido de golpe en Bolivia contra el presidente Evo Morales. Luego en junio de 2009 consiguen destituir al presidente de Honduras Manuel Zelaya. En septiembre de 2010 intentan destituir a Rafael Correa en Ecuador. Después, en junio de 2012 el golpe parlamentario al presidente de Paraguay Fernando Lugo. Sumado el arribo de neoliberales al gobierno de Argentina en octubre de 2015 con Mauricio Macri y en Perú junio de 2016 con Pedro Pablo Kuczynski. Destituyen recientemente, en agosto de 2016, a Dilma Rousseff mediante golpe parlamentario. Hacen todo lo posible para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Todas estas intervenciones en contra de procesos de transformación profunda que tratan de recuperar la soberanía, la dignidad y los recursos naturales. Basándose sobre los principios en el nombre de la libertad, los operativos orquestados intervienen los servicios de inteligencia, generan enfrentamientos, malestar social, manipulan los sistemas de comunicación. En el caso del presidente Aristide, redactaron su renuncia entre el embajador norteamericano, su par francés y apoyados por las fuerzas armadas lo destituyeron. En el caso de Manuel Zelaya también figuró una carta de renuncia que nunca había redactado y las fuerzas armadas con asistencia de los EEUU lo secuestraron y lo trasladaron a Costa Rica.

En la última década el factor común se repite, utilizar la carta de la transparencia, activar todos los mecanismos económicos, judiciales y mediáticos para iniciar una carrera en contra de la corrupción y atribuir todos los males de la sociedad al pasado próximo. Pero tanta búsqueda de verdad finalmente los termina quemando como a las alas de Icaro. En cada investigación que da curso la justicia, terminan involucrados los mismos denunciantes. Sólo para mencionar como emblemáticos los Panamá Pepers y el caso Odebrecht. Ambos involucran a varios empresarios y funcionarios de la región.

Acontecimientos que se tiñen de anecdóticos frente a la real avanzada neoliberal, en términos de política exterior de la región, que responde a los intereses económicos y financieros de las empresas trasnacionales.

Argentina y los deberes a cumplir

Mauricio Macri participó a mediados del año pasado, como país “observador”, en la Cumbre de Jefes de Estados de la Alianza del Pacífico (AP) en Santiago de Chile. La AP fue creada el 28 de abril de 2011 en el marco de la “Cumbre de Lima para la Integración Profunda”, a partir de la suscripción de la “Declaración Presidencial sobre la Alianza Pacífica” por parte de los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú. Estos cuatro países tienen cada uno firmado TLC con la Unión Europea y los EEUU.



Uno de los temas de agenda de política exterior de Argentina y Brasil seguidos por Uruguay y Paraguay responde bajarle el precio al Mercosur y desplazar a Venezuela del bloque. Alcanzado ese objetivo el interés está orientado en la firma de TLC con la Unión Europea y abrir en segunda instancia la ventana de otros acuerdos económico financieros.

El Mercosur está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Los países del bloque no se pueden sumar de manera individual como Estados Parte a la AP, ya que tanto el Tratado de Asunción de 1991 (constitutivo del Mercosur) como la Resolución CMC 32/00 indican que los países miembros deben tener una política comercial y un arancel externo común (AEC). De acuerdo con esto, deben negociar en bloque la realización de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio con países de extrazona, como sería el caso de los países de la AP. Argentina no podría avanzar con la estrategia de solicitar ser Estado permanente de la Alianza del Pacífico, sin que antes el Mercosur modifique su propia normativa.


De acuerdo con el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, tratado constitutivo del organismo suscripto el 6 de junio de 2012, la AP se trata de un “área de integración regional” con los siguientes objetivos: i) construir un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; ii) impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de sus integrantes, iii) convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico.



La importancia económica de los países de la AP en relación a la región de América Latina y el Caribe no es menor: en el año 2014 representó aproximadamente el 38% del PBI, el 50% del comercio exterior y el 44% del total de flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) totales de América Latina y el Caribe. De acuerdo a los datos estimados a 2015, los países de la AP en conjunto cuentan con una población total de 216 millones de habitantes, un PBI per cápita promedio del orden de los 9.910 dólares, exportaciones por 567 mil millones e importaciones por 590 mil millones de dólares, e ingresos de inversión extranjera directa por unos 70 mil millones de dólares.

El principal avance de los países de la AP en su camino de “integración profunda” se trata de la firma de un Protocolo Adicional con creación de una zona de libre comercio (ZLC). Se acordó entonces la eliminación de aranceles al 92% del comercio de bienes entre los cuatro socios, al tiempo que se llegó al entendimiento de que el restante 8% debería desaparecer entre el corto y el mediano plazo.

Otros avances logrados en los últimos años tienen que ver con i) la creación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), una plataforma común de integración bursátil; ii) el lanzamiento de la Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil, que otorga un número acotado de becas a los estudiantes de los países miembros; iii) la eliminación de las visas de negocios y turismo; y iv) el desarrollo de ciertos instrumentos para facilitar el comercio (vgr. ventanilla única de comercio exterior y digitalización de los certificados de origen) También la imposición de reglas comunes para la inversión extranjera; la reglamentación común del comercio electrónico y de los sectores financieros, marítimos y de telecomunicaciones; y el establecimiento de un régimen específico para la solución de diferencias y controversias.

Una vez aceptado como Estado Observador, una de las condiciones para solicitar ser miembro es tener TLC y/o otros acuerdos complementarios económicos con por lo menos la mitad de los miembros de los países de la AP. Argentina ya los tiene.

Antes deberá generar la ruptura con el Mercosur o iniciar la movida para modificar su normativa. En esta coyuntura política regional Brasil apoyaría la movida. Primero se debería “flexibilizar” o “degradar” al Mercosur, dejando de lado su estatus actual de “Unión Aduanera” -es decir, de bloque económico con una política comercial común- para pasar a conformar un mero TLC -que no requiere de una política comercial común, sino solamente la liberalización comercial intrazona. Una vez hecho esto, los países del Mercosur podrían sumarse individualmente a la AP, ya que, de acuerdo al tratado constitutivo de esta última, los países pueden pasar a ser tanto Estados Parte como Estados Observadores de manera individual, pero no así en tanto bloque de países.


Asociarse en bloque o de manera individual con la AP no sería el problema. Esta decisión quizás también responda a una estrategia de más largo plazo
de formar parte de otros mega-acuerdos regionales, tales como el Trans-Pacific Partnership (TPP), aunque ya sin EEUU, dentro del cual ya se encuentran insertos tres de los cuatro Estados Parte de la AP (Chile, Perú y México). De hecho, ya se produjeron declaraciones en este sentido por parte de funcionarios de alto rango de los gobiernos neoliberales de la región.



Lo verdaderamente peligroso es terminar asociados el Trans-Pacific Partnership (TPP). Este es un tratado de libre comercio multilateral que fue negociado en secreto por cinco años, y que fue finalmente firmado por los gobiernos de los países negociadores en febrero de 2015. Ahora se está a la espera que los Congresos de cada país aprueben el acuerdo.

Hasta la administración Obama, fue fuertemente promovido por Estados Unidos, actualmente las decisiones del presidente Trump dejan a EEUU fuera de esta plataforma, sin embargo, la propuesta sigue siendo impulsada por sus otros miembros. El tratado involucra también a otros 11 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile. China estudia la posibilidad de sumarse.

En sus 30 capítulos, el acuerdo regula un gran número de temáticas, que van desde el comercio de lácteos, hasta la regulación laboral, pasando por derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente.

Las negociaciones del TPP comenzaron en marzo del 2010 y a pesar de iniciativas en todo el mundo como “TPP Abierto”, fueron sostenidas de espalda a la comunidad de los países afectados. Así, los textos del acuerdo fueron acordados solo por gobiernos y lobistas, sin ningún estándar mínimo de transparencia y participación. La única fuente de información para ciudadanas y ciudadanos fueron las filtraciones de los capítulos de Propiedad Intelectual, Inversiones y Medio Ambiente, en distintas ocasiones.


La AP, de esta manera, es funcional a los intereses de los países centrales, proteccionistas fronteras adentro y liberales en su relacionamiento externo. Esta es una manera de concretar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) por otra vía.



Por otro lado, con respecto a los beneficios de los TLC, conviene tener en mente las experiencias de México y Colombia que han subordinado sus economías a las necesidades y objetivos de las grandes corporaciones y a la política estadounidense, generando serios problemas en el sector agrícola en ambos países, con los graves efectos que ello implica para la totalidad de sus economías. Esta es una de las consecuencias de la integración asimétrica, en tanto las economías con menor desarrollo industrial y tecnológico pierden poder de negociación frente a las economías más desarrolladas en estos ámbitos, en este caso, la estadounidense.

Este tipo de acuerdos son los que el gobierno de Macri, el establishment paulista y toda iniciativa neoliberal aspira a integrar, para garantizar la “normal” subordinación económica:
Apertura de Mercados
Liberar comercio exterior bajar aranceles a las Importaciones y suprimir retenciones a las exportaciones. Destrucción de industrias locales.
Transferencia de materia prima a los países centrales a precios bajos.
Endeudamiento regional
Ingreso y Fuga de Capitales sin control
Liberar la tasa de interés, operaciones financieras como carry trade
Eliminación de controles cambiarios
Desregulación de subsidios en servicios públicos. Aumento de tarifas
Negociación salarial sin la intervención del Estado. Precarización laboral
Libre transferencia de tecnología. Patentamiento de innovación y tecnología para las multinacionales.

El gobierno de Mauricio Macri está en la desesperada búsqueda de inversiones extranjeras, que no sólo especulen en la bicicleta financiera, sino que incida en el aparato productivo, hoy en vías de extinción. Una ventana que se abre para recibir Inversiones Extranjeras Directas, es pasar a ser miembro de estos acuerdos de libre comercio. Para esto las condiciones son claras y las consecuencias… también.





Notas:


[1] Pertenece a la Organización del Sistema de Naciones Unidas. Miembros: Países americanos y ocho asociados (Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes (GB) Islas Vírgenes (USA) Montserrat y Puerto Rico)
[2] Bolivia, Colombia Ecuador y Perú.
[3] Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
[4] Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
[5] Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay Venezuela.
[6] Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.
[7] Pablo Ruiz http://www.telesurtv.net/opinion/Cronologia-Golpe-de-Estado-en-America-Latina-20160905-0020.html



*Licenciado en relaciones Internacionales. Miembro fundador de CINFIN
Fuente: http://cinf.in/2017/05/29/nuevos-ensayos-neoliberales-logran-un-quiebre-de-integracion-regional-economica-y-politica/

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