miércoles, 15 de abril de 2015

PENAS JUSTAS Y GARANTISMO BOBO, Por Claudio Javier Castelli




Después de las dictaduras militares argentinas y latinoamericanas volvieron a la facultad de derecho de la UBA, grandes profesores, censurados en los años de represión. Se abrieron todos los ventanales de la democracia y de los derecho humanos.

Sin embargo, el poder económico no tuvo fisuras, ni restricciones. El tema era ponerle límites al Estado todopoderoso. Sólo se pusieron sobre la mesa: el individuo y el Estado. Y dentro del Estado los militares fueron puestos en el candelero.

Fueron épocas de albricias, esperanzas y militancias, que prontamente fueron sacudidas por la década menemista, y su asociación con  capital financiero internacional, la pérdida de derechos, un estado mínimo en la economía y máximo en la represión política.

Las cátedras penales de la facultad de derecho fueron lugares de resistencia al pensamiento único neoliberal, pero sólo en contadas cátedras, como la de David Baigún, se trabajaba en cuestionar el crimen económico. Todas las demás siguieron su camino de ponerle límites al Estado policíaco frente al individuo. Michel Foucault y sus irradiaciones se convirtieron en pensamiento hegemónico allí. Nadie ponía en cuestión, que el directivo de un gran banco, de una gran corporación económica podría también ir a prisión. El tema era el individuo frente al estado.

Se consideraban los fenómenos de criminalidad compleja, con el microscopio aislante para iluminar un sujeto, que la película: "Pizza, birra y faso" puso en evidencia pública: el "pibe chorro". Pasa que más tarde, el "pibe chorro", se mezcló demasiado con la organización narcotraficante, donde la complicidad de las fuerzas de seguridad eran comprables, por ganancias exageradas del tráfico de drogas.

Los Bancos, Compañias de seguros, empresarios principales, siguieron enredándose en su propia lógica destinada a la fuga de divisas, operaciones marginales, y fraudes varios. Conceptos como "la criminalidad Organizada", fueron resistidas por profesores eminentes del derecho penal, sobre la base del viejo delito de la Asociación Ilícita.

El libro del nombrado Baigún sobre: "La responsabilidad penal de las personas jurídicas", donde se proponía un sistema jurídico penal diferente para el delito económico, fue duramente criticado, por los defensores del derecho penal liberal, del individuo frente al estado todopoderoso. Cualquier atisbo de justificar penas duras para los banqueros, eran juzgadas con el ceño fruncido, y con mirada de sospecha de un posible fascismo.

Mientras tanto el mercado hacía las delicias de Alicia en el país de las maravillas. Había persistentemente en la facultad de derecho de la UBA, individuos y Estado: no había mercaderes, no había ningún Shylock. Había algunas noticias perdidas en los diarios sobre el Banco Mayo, que rememoraban las quiebras de los bancos de los años 80, pero en la facultad de derecho de la UBA, nadie se inmutó.

Después los bancos se quedaron con los depósitos, con el ahorro del pueblo: hubo cambios en la sociedad y la política. Pero los fenómenos alambicados de la sociedad, apenas tuvieron mayor problemática, cuando el país del norte, dispuso que el capital financiero sin límites, era un "forastero en la tierra", y había que ponerle límites con el delito de lavado de dinero. Fue esa la causa de las creaciones de las Unidades de Información Financiera en todo el mundo, y no tanto las generosas ganancias y tropelías de los narcotraficantes.


Kirchner nos devolvió a la política, a la utopía construida a cada paso. El capital financiero tuvo límites, pero los escabulló fuera del país, como siempre, con maniobras fraudulentas. En la UBA hubo cursos de delitos económicos, libros, muchos libros, españoles, italianos, alemanes sobre el tema. Los jueces seguían considerando los casos alambicados, lo mismo que la mayoría de los profesores de derecho penal, con el criterio del individuo, que es sometido por el Estado, y las pautas del derecho penal liberal. Ningún banquero fue condenado, ni siquiera muy molestado.

¿Los bancos no cometieron delitos, dado las casi nulas denuncias penales e inspecciones descubridoras, que hizo el Banco Central de la República Argentina, durante esa época?. ¿Para qué nueva ley de Entidades Financieras?

Pero muchas causas económicas, que venían de arrastre de años idos, seguían batallando tribunales. La UBA seguía soñando con ponerle límites al Estado represor con los "pibes chorros" aislados en las facultad, pero más organizados en la práctica cotidiana.

Hubo y hay intentos por cambiar el paradigma, como el Centro de Asuntos y Estudios Penales (CAEP), creado en el Banco Central, y disuelto por Menem, al llegar a la presidencia, y las patrullas perdidas que siguieron actuando en el mismo BCRA, y otros organismos del Estado. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE -2003-), como ONG, desarrollado por el mismo Baigún, y sus seguidores. Los impulsos y multiplicaciones de todas las causas y querellas por lavado de activos y delitos precedentes vinculados al crimen económico, desde la gestión de José Sbattella (2010-2015), y posteriormente en la gestión de Carlos Cruz (2020) en la Unidad de Información Financiera (UIF). Y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC -2012-), en el seno del Ministerio Público, creada por Alejandra Gils Carbó, pero no tuvieron ni tienen hegemonía en el discurso del Poder Judicial, ni en la UBA, pero aportaron y aportan mucho picante en la discusión.

Un anteproyecto de Código Penal -de Zaffaroni, 2014- vio la luz: racional, exageradamente garantista, y que parte de una sola premisa: el individuo y el Estado represor. Limosnas sobre los delitos económicos, pero nada que contemple lo enmarañado de la criminalidad organizada, ni perspectivas más punitivas para ella. Voces justificadas e irresponsables lo condenaron, cuando solo era un anteproyecto, que es lo mismo que decir un borrador.

Los medios de comunicación concentrados hicieron y reprodujeron en un espejo infinito los mismos hechos cien veces, amplificando el sonido en altoparlantes de alta precisión y vocerío.

Linchamientos y barbarie ofrecida como un racimo de uvas, para dar, una, dos o tres pataditas. Justificadas por el canal oficial del poder económico.


Por la misma época -2015-, la Corte Suprema, sin el voto de los juristas del derecho penal, resolvió con sentido común, ausente en el derecho penal, justificar un sentido más amplio de las causales de interrupción de la acción penal, que es decir sobre la vigencia de la pretensión punitiva del Estado. En consecuencia delitos económicos enredados y causas de corrupción pública no caen al desván de los sueños rotos. La sentencia tiene consecuencias extensivas para el pasado y el futuro, y pone en crisis la decisión ideológica de dedicarse sólo a "pibes chorros" para pensar todo el derecho penal.

Es algo más complejo que el individuo y el Estado. Así, como la ley de medios agitó las aguas de las grandes corporaciones. La decisión de la Corte rompe un ciclo, donde la criminalidad organizada económica, era ingenuamente considerada, con la misma vara para el chico de la villa.

En el ínterin volvió una época como espejo de la dictadura de persecuciones a los adversarios políticos por fuera de la conciencia jurídica universal, con amplísima repercusión y participación de  los medios de comunicación hegemónicos,  labilidad de la corporación judicial federal, y colaboración de una Embajada extranjera; en el acoso a un sector se llevaron puesto a muchos empresarios que cayeron en la cárcel pero trocaron la misma en arrepentimiento falaz y extorsivo instigados por operadores Judiciales y del Ministerio Público. No era y no es la forma de respetar el debido proceso constitucional sino cambiando el paradigma que considere la permanente y criminal participación de éstos como inevitable consecuencia de la usura capitalista y la funcionalidad necesaria del propio sistema para reinventarse continuamente con mucha mayor virulencia en el bloque de poder económico dominante.

El Garantismo Bobo es la forma en que se posicionan los operadores judiciales para tratar de manera desigual al “pibe chorro” y al banquero y empresario poderoso al considerar a éstos, en la misma situación que aquel pero con distinta vara; para aquel todo el peso de la ley, y para éstos todas las posibilidades de las interpretaciones amplísimas y beneficiadoras para salvarlos del  enredo de la ley. Simultáneamente se aísla la situación de éstos reduciendo la complejidad de la cuestión sin tener en cuenta que se trata de Criminalidad Organizada con vastas implicancias con el poder financiero internacional e imbricaciones en el supuesto “sentido común” de los propios operadores de la corporación judicial


¿Los Abogados, juristas, profesores de derecho penal, jueces y fiscales estarán a la altura de las circunstancias?
O seguiremos pensando el derecho punitivo mínimo, frente al banquero y empresario realmente poderoso.  En el redil ¿sólo hay ovejas? ¿no hay ningún Shylock?.

2015-2021.


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